El ministro de Justicia felicita a la primera persona ciega, licenciada en la UVa, que aprueba las oposiciones a juez o fiscal

Héctor Melero Martí, de 26 años y natural de Cullera (Valencia) y licenciado por la Universidad de Valladolid, se ha convertido en la primera persona ciega en aprobar las oposiciones a juez o fiscal, ha informado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Melero, que se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid, es ciego total de nacimiento y pudo presentarse a las oposiciones después de que el CGPJ aprobara en mayo de 2014 un acuerdo en el que abría a las personas ciegas la posibilidad de ejercer como jueces.

Respondía de este modo a la consulta planteada por Gabriel Pérez Castellanos, también ciego total, sobre si podría acceder a la Carrera Judicial en caso de que llegara a superar el proceso selectivo correspondiente.

El acuerdo, adoptado por unanimidad por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, señalaba que, en caso de aprobar las oposiciones, debería procederse a realizar las adaptaciones oportunas en su puesto de trabajo.

El CGPJ dispone para ello de los mecanismos normativos necesarios que, de hecho, vienen aplicándose habitualmente para otros supuestos de discapacidad, permanente o temporal, por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales.

Reserva de plazas 

El CGPJ basó su decisión en un informe del vocal Juan Manuel Fernández, presidente del Foro Justicia y Discapacidad, en el que se recordaba que el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar políticas de integración de los discapacitados y a ampararles en el ejercicio de sus derechos y que el artículo 301.8 de la LOPJ dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %.

"Asimismo, una vez superados dichos procesos, se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pública donde desarrollen su actividad", añade ese precepto.

El informe sostenía que son excepcionales los medios de prueba "que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible" y agregaba que en la actualidad existen instrumentos tecnológicos que hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes.