La Junta abre la consulta previa para elaborar un decreto que regule las oficinas de asistencia en materia de registros

Este decreto tiene como objetivo revisar y mejorar la normativa actualmente vigente en materia de servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, desde esta consejería se busca mejorar aquellos aspectos concretos que aconseja la experiencia adquirida durante años de aplicación transcurridos, con el fin de adaptarse a las exigencias que imponen las nuevas relaciones con los ciudadanos, las obligaciones en materia de transparencia y la protección de datos.

Con este decreto se desarrolla un nuevo modelo de oficinas de asistencia en materia de registros orientado al ciudadano, que permitirá compatibilizar un servicio presencial de atención ciudadana más completo y avanzado tecnológicamente, seguro y ágil, que apoye al ciudadano en la realización de sus trámites administrativos, ahora electrónicos, de forma homogénea y uniforme en todas las oficinas, con un trato de confianza, personal y personalizado, desempeñado por profesionales comprometidos y avalado con la satisfacción de nuestros ciudadanos.

El Gobierno autonómico pretende con esta iniciativa dar respuesta y adaptarse a los cambios derivados de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que en la práctica han supuesto un cambio de forma de actuación de las Administraciones Públicas dirigidas a un funcionamiento íntegramente electrónico. Esta circunstancia no puede suponer una discriminación respecto al acceso a los servicios públicos o a cualquier actuación o procedimiento para aquellos ciudadanos que no disponen de los medios o conocimientos para acceder a estas herramientas en su comunicación con la Administración.

La asistencia al ciudadano como prioridad

La Junta de Castilla y León trabaja para facilitar a todos los ciudadanos el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, siempre desde la omnicanalidad y con una visión integral que posibilite ofrecerle servicios digitales claros, rápidos, seguros, proactivos y personalizados. La Administración autonómica entiende esta asistencia como prioritaria y tiene la oportunidad que brinda este entorno digital para proporcionar un enfoque innovador al diseño y a la prestación de mejores servicios que faciliten una relación próxima y sencilla con la ciudadanía y empresas acordes a sus necesidades, expectativas y demandas, de modo que la actividad pública sea más transparente, eficiente, ágil y responsable con los recursos disponibles.