La Fiscalía recibe informes de Castilla y León para controlar la gestión de las residencias
La consejera de Familia, Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha dado a conocer esta mañana el informe de auditoría sobre la situación y el estado de las residencias de personas mayores en Castilla y León, con respecto a la pandemia del Covid. Durante esta presentación ha informado de que la Fiscalía del Estado recibe informes de la Junta de Castilla y León para tener controlado el avance de la enfermedad en dichos centros socio-sanitarios.
Y es que, ya en junio, la Fiscalía investigaba a la Junta por posibles negligencias en 22 centros residenciales de la Comunidad. Unos posibles delitos que quedaban archivados, al asegurar el Ministerio Público que no se había dejado de asistir sanitariamentea los residentes de los centros. Pese a este cierre del caso, la Junta de Castilla y León y la Fiscalía han mantenido el intercambio de información, y desde la Consejería de Servicios Sociales han seguido enviando informes al Ministerio Público, para dar cuenta de la evolución de las residencias castellano y leonesas.
La Fiscalía tiene competencias en el control sobre las condiciones en las que están viviendo los usuarios de estos centros, puesto que el Ministerio Público está obligado por Ley a "proteger a personas mayores y a ciudadanos con discapacidad y vulnerables”. Por ello sigue teniendo interés en el número de contagios de las residencias y las actuaciones que desde la Junta se están realizando para apoyar a los centros más afectados, ahora que la intervención directa, como durante el estado de alarma, no es posible.