El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronunciará este martes sobre la denuncia presentada por una manifestante contra España por un presunto uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía al dispersar una protesta que tuvo lugar el 2 de febrero de 2014 en Valladolid, una acción que le dejó lesiones permanentes.

La denunciante es Laguna Guzmán, que se apoya en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se recoge la libertad de reunión y asociación, para alegar que la fuerza empleada por la Policía contra los manifestantes fue desproporcionada.

Los manifestantes protestaban contra los recortes presupuestarios y el paro en el contexto de la crisis económica. Una vez concluida la movilización, que había sido comunicada previamente, un grupo de entre 50 y 60 personas decidió continuar con la marcha de forma espontánea. Así, avanzaron hasta detenerse frente a un restaurante donde había unos políticos del PP comiendo y desplegaron una pancarta en la que podía leerse 'Stop a la criminalización de la protesta social'.

La Policía Nacional intervino para dispersar a este grupo de manifestantes. Guzmán, que era una de las personas que sujetaban la pancarta, fue golpeada con una porra y tuvo que ser trasladada a un hospital con heridas en la cabeza, la boca y una mano. En 2016, el Instituto de Medicina Legal de Valladolid determinó que tenía una "incapacidad permanente" a causa de dichas lesiones.

Los tribunales de justicia desecharon el proceso penal contra los agentes por lesiones físicas al considerar que no habían tenido más remedio que usar la fuerza ante una situación de violencia y desórdenes públicos. Guzmán planteó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue declarado inadmisible en 2017.

También se suscitaron procesos penales contra tres de los manifestantes, si bien fueron absueltos en 2018. El juez del caso concluyó que los acusados habían sido reprimidos con violencia sin que mediara aviso alguno por parte de la Policía, a pesar de que no estaban bloqueando el tráfico ni enfrentándose a los agentes.

Este fallo de 2018 fue tenido en cuenta por la Audiencia Nacional en 2019 cuando falló sobre la reclamación de Guzmán contra el Ministerio de Interior para que la indemnizara por las heridas sufridas. Recibió 10.000 euros.

El entonces responsable de la UIP, al banquillo 

Se da la circunstancia de que un policía nacional que intervino en aquella carga, Ángel Luis G.M, quien en febrero de 2014 era el subinspector de la Unidad de Intervención Policial (UIP), tendrá que volver a ocupar el banquillo de la Audiencia de Valladolid, la misma que en diciembre de 2019 le absolvió de un delito de mentir en un juicio celebrado en 2018--aseguró que uno de los manifestantes le dio un pisotón--y cuya sentencia fue a posteriori anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, estimó así el recurso presentado por la acusación particular y al que se adhirió el fiscal contra el fallo absolutorio dictado por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, sentencia que contó con el voto particular en contra de uno de los tres magistrados y que q se pronunció a favor de la condena del funcionario, a diferencia de sus otros dos compañeros de Sala.

Y es que el TSJCyL apuntó que el fallo anulado "carece de racionalidad y es totalmente insuficiente", ya que, a su entender, no entró a valorar lo más importante: si el agente mintió cuando dijo que el manifestante J.H.B. le dio un pisotón.

De hecho, el Alto Tribunal castellanoleonés considera que hay indicios de que no existe ese pisotón, y en tal sentido hizo referencia a la sentencia de primera instancia, dictada en su día por el Juzgado de lo Penal 4, que absolvió a los manifestantes contra quienes se celebró juicio por atentado contra la policía, algo que se deduce de las grabaciones analizadas en las que se ve cómo el policía golpea en el suelo a uno de ellos.