El PP acudirá a la justicia para tumbar el plan de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que interpondrá un recurso de reposición contra el decreto para ordenar la movilidad en Valladolid tras el caos circulatorio ocasionado tras su puesta en marcha.

Este recurso de reposición persigue declarar nulo el decreto y da al equipo de gobierno un plazo de un mes para su repuesta. En caso de rechazarse, los populares acudirán a la justicia.

El grupo popular entiende que este decreto de movilidad "no se ajusta a derecho" y basa su recurso en tres alegaciones. Primeramente, entienden que se vulnera el procedimiento legalmente establecido en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por suponer un "importante esfuerzo económico" para el Ayuntamiento de Valladolid y la consiguiente repercusión presupuestaria. Todo ello, a pesar que desde el equipo de gobierno se anunciaba que estas actuaciones no supondrían un elevado coste. 

Asimismo, se denuncia que no haya memoria económica que recoja estas actuaciones financiadas con las arcas públicas.

La segunda de las alegaciones presentadas por los populares se refiere a la vulneración del procedimiento legalmente establecido en la Ley de Tráfico. De este modo, se establece que los municipios regulen mediante ordenanza municipal la circulación y el uso de sus vías urbanas y no a través de un decreto como se ha efectuado en este caso, tal y como ha puesto de manifiesto el grupo municipal popular.

La tercera alegación versa sobre la vulneración del reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid. Para los populares, el decreto impugnado pretende de "forma deliberada justificar la implantación de carriles bus taxi y dos carriles segregados amparándose en el Pimuva de 2004", lo cual califican de un "error flagrante".

En cuanto a la participación ciudadana, el grupo municipal popular denuncia que a los ciudadanos "no se les has permitido ni facilitado la participación organizada en la ordenación del tráfico", como establece el reglamento.

Por todo ello, se presenta este recurso de reposición contra el decreto publicado el 10 de septiembre por ser "contrario al ordenamiento jurídico". Si no se resuelve de este modo, el PP recurrirá por la vía de lo contencioso administrativo.