Castilla y León
Condenado el empresario que puso al frente de una mercantil ficticia a su suegra para eludir 106.000€ en cuotas de sus trabajadores
La Audiencia de Valladolid ha condenado a dos años de cárcel a un empresario agrario rumano por la creación de una mercantil ficticia, a cuyo frente puso a su suegra como testaferro, con el único propósito de eludir el pago de cuotas de sus trabajadores a la Seguridad Social, con la que contrajo una deuda superior a los 106.000 euros.
El juicio no ha llegado a celebrarse debido a que el encausado, S.B, a quien el fiscal pedía tres años de cárcel, ha llegado a un acuerdo para que la pena quedara rebajada a dos años, junto con el pago de una multa de más de 83.000 euros--le pedían inicialmente 300.000-- y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de 106.717 euros a la TGSS.
Por estos mismos hechos, la suegra, S.V, en calidad de cooperadora necesaria, ya ocupó el banquillo en su día y aceptó también una condena menor, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El ya condenado venía dedicándose a la actividad empresarial de prestación de servicios agrícolas (poda, recolección, recogida, vendimia...) desde al menos el año 2013 a través de la empresa 'Butica Sorin', con domicilio en Valdestillas (Valladolid) y para la que tenía varios trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, con la que mantenía varias deudas.
Así, para eludir el pago de cuotas de sus empleados, el encausado creó otra mercantil, 'Sabine Vasile', con el mismo objeto social, similar plantilla y actividad, y sin embargo puso al frente de la misma a su suegra ocultando que en realidad era él quien administraba y dirigía. Para dar más apariencia de legalidad se incluyó a sí mismo como trabajador de la plantilla.
A través de esta nueva sociedad, el empresario realizó distintos trabajos agrícolas con diversos agricultores entre septiembre de 2013 y enero de 2015, periodo en el que logró eludir el pago a la Seguridad Social de las cuotas correspondientes tanto al Régimen General como al Reta, hasta un montante de más de 106.000 euros que ahora le son reclamados, con los intereses correspondientes de demora.
Fue el 24 de febrero de 2015 cuando la Dirección Provincial de la TGSS de la Seguridad Social dictó resolución por la que declaró a esta empresa como ficticia y declaró altas fraudulentas las correspondientes a la totalidad de los trabajadores.
