Mareas por la Educación Pública denuncia los ataques de la enseñanza privada-concertada y los partidos que las apoyan

Desde Mareas por la Educación Pública emiten un comunicado en el que expresan su más absoluta "disconformidad e indignación" ante los ataques sufridos por los sectores representantes de la enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de la LOMLOE o Ley Celaá. A estos ataques hay que añadir el agravante que supone la utilización de niños y niñas en las manifestaciones organizadas y la lectura de manifiestos contra la LOMLOE en muchas aulas de centros educativos privados-concertados. No deja de ser curioso cuando son ellos precisamente los que pregonan ese mantra falaz repetido hasta la saciedad, en especial por la extrema derecha, de que la enseñanza pública adoctrina.

Es más, nos indigna profundamente que de repente se hayan convertido en los adalides de la libertad de enseñanza, defendiendo el ya tan manido argumento de la “libertad de elección”, argumento completamente falaz. En primer lugar, en ninguna legislación, ni siquiera en la Constitución, aparece mencionada como tal, y en segundo lugar porque están defendiendo elegir segregación y clasismo.

Está claro que solo pueden acceder a esa “libertad” de elegir un centro privado-concertado aquellas familias que puedan permitirse pagar las cuotas, donaciones, uniformes y otros gastos. Aquí es donde tenemos que recordar que son centros privados subvencionados con fondos públicos y, por tanto, aunque tienen obligación de ser gratuitos en las etapas obligatorias, cuentan con doble financiación mediante el cobro de cuotas y donaciones, haciendo competencia desleal tanto a la educación pública como a la privada. Además, los centros privados-concertados tienen un menor número de alumnado migrante y de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y tampoco llega a todas partes como tanto defienden, solo llegan donde hay una oportunidad de negocio, por lo que su presencia en áreas rurales es prácticamente inexistente.

Además han aprovechado la oportunidad para mezclar otros temas como el que el castellano deje de ser “lengua vehicular”, elemento introducido en una ley de educación por primera vez en la LOMCE, o el supuesto cierre de los centros de educación especial que no es tal. El primer asunto no va a afectar en nada a la competencia lingüística puesto que las competencias, como se debería saber, están transferidas a las comunidades autónomas. Esto recuerda a una nostalgia franquista con su visión totalitaria del español como lengua del imperio. La negación de la realidad plurilingüe del estado español, supone un ataque a las lenguas cooficiales reconocidas en el Artículo 3 de la Constitución, esa que tanto presumen de defender y de la que de vez en cuando hay que recordarle ciertos artículos, y a otras lenguas regionales como el asturiano que aspira a tal cooficialidad.

Respecto al supuesto cierre de los centros de educación especial, la nueva Ley de Educación, en su Disposición adicional cuarta, dispone que Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

El problema radica en que muchos de estos centros tienen concierto y, temerosos de que se les acabe el negocio, contraatacan con argumentos falsos.

Desde Mareas por la Educación Pública defendemos que hay temas importantes que sí se han quedado al margen. Tendríamos que estar hablando de una financiación apropiada de la escuela pública. Tendríamos que estar hablando de bajadas de ratios y de disminución de periodos lectivos de docencia directa del profesorado que tanto daño han hecho. Tendríamos que estar hablando de mayor inversión en acondicionamiento y en la construcción de nuevos centros públicos. También tendríamos que estar hablando de otros temas como la salida de las religiones del ámbito educativo. Deberíamos estar hablando de la progresiva incorporación de los centros privados-concertados a una red única de titularidad y gestión pública.

Se han quedado muchos temas fuera de esta nueva ley de educación. A pesar de esto, y a pesar de los ataques de los defensores de una educación privatizada y segregadora, seguiremos defendiendo una Educación Pública, laica, inclusiva, democrática, de calidad y segura, de todas y para todas.