Piden un plan urgente de vacunación para los más de 24.000 empleados públicos en las cárceles

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado un plan urgente de vacunación contra el COVID-19 para los más de 24.000 funcionarios de prisiones del país por su alta exposición y mayor riesgo frente al virus.

En un escrito remitido por el sindicato a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se resalta que los centros penitenciarios son espacios cerrados donde la amplificación y propagación del virus es mayor. Además, también se argumenta que estos empleados públicos reúnen las condiciones necesarias para ser grupo prioritario a la hora de vacunarse, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de personal de actividades esenciales.

A su vez, según un comunicado de CSIF recogido por Ical, en los centros penitenciarios los casos de COVID-19 siguen aumentando y, a fecha 5 de enero, había un total de 230 contagiados -129 trabajadores y 111 internos-. En Castilla y León, en estos momentos, la situación está mejor, con apenas una decena de positivos en las prisiones de esta Comunidad, y varios en cuarentena.

Ante esta situación, CSIF exige que se convoque cuanto antes el Grupo de Trabajo Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Instituciones Penitenciarias, para acordar un plan urgente de medidas de protección. “Las plantillas son vulnerables y deben incorporarse al primer grupo de vacunación, entrando en la clasificación de centro sociosanitario, al prestar atención social y sanitaria a un colectivo de población vulnerable”, se resalta desde el sindicato.