Trabajadores interinos se concentran en las Cortes para exigir el fin de la contratación "temporal"

La Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León (PTTPCyL) exigió hoy con una concentración frente a las Cortes "estabilidad en el empleo" ante "el abuso de la contratación" que sufren y la "dejación de funciones por parte de la Administración".

La organización, que repetirá mañana, también exigió a todos los grupos parlamentarios en las Cortes regionales su apoyo a la enmienda transaccional del PSOE, que aglutina las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios del PSOE, Podemos y UPL, relativa al Proyecto de Ley de medidas tributarias, financieras y administrativas de los Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2021.

Y es que, según la plataforma, "la motivación de las enmiendas es propiciar una solución de estabilidad en el empleo para más de 30.000 empleados públicos de Castilla y León que llevan décadas en situación de abuso de contratación temporal y fraude de ley".

Así, las enmiendas instan al Gobierno de la Junta a "cumplir la legislación vigente en materia de función pública y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las materias reguladas por la Directiva 1999/70/CE del Consejo sobre el trabajo de duración determinada", con el objetivo de que "se inspeccione, detecte y sancione el abuso que todas las administraciones públicas de Castilla y León han cometido con los nombramientos y contratos temporales", según la plataforma.

"La Administración pública debe ser la primera en cumplir con el Derecho de la Unión", sentencian y defienden que la Junta debe "comprobar, mediante inspección, cada relación temporal para determinar si incurre en abuso de temporalidad y aplicar como sanción al incumplimiento el mantenimiento del empleo, hasta que concurran las causas generales de cese para todo trabajador público mediante una regularización administrativa".

Por último, y de cara a que "no se pierdan los puestos de miles de trabajadores públicos", desde reclamaron que "mientras el Ejecutivo pone en marcha un plan de consolidación del empleo, se posponga la ejecución de toda oferta de empleo público" que afecte a sus plazas o que se extraigan dichas plazas "en abuso de dichos procesos, hasta que se adopten medidas para la detección del fraude en la contratación y se sancione el abuso de temporalidad".