Castilla y León pide suspender la catalogación "precipitada" del lobo como especie protegida y "consensuar" una estrategia nacional

Así lo ha reconocido, en declaraciones recogidas por Europa Press, al término de la reunión en la que también han participado los consejeros del ramo de Galicia, Principado de Asturias y Cantabria que se oponen a que el cánido se incluya en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Suárez-Quiñones ha reconocido que el Ministerio, durante una reunión que ha durado dos horas y media, ha expuesto las razones que le han llevando a este proceso de catalogación del lobo. En este sentido, el consejero ha señalado que las Comunidades que han participado en el encuentro le han puesto de manifiesto el motivo de su rechazo, "las razones políticas, las razones técnicas y las razones jurídicas".

"Y le hemos hecho una petición unánime, que suspenda la tramitación de la catalogación, que nos sentemos como deberíamos haber hecho desde un principio en una misma mesa a trabajar sobre lo que hay que trabajar. Las casas hay que hacerlas desde los cimientos", ha avanzado.

Suárez-Quiñones ha recordado que hay una estrategia nacional de la gestión y la protección del lobo del año 2005, aprobada en Conferencia Sectorial del Ministerio con las Comunidades Autónomas. "Y ahí es donde hay que trabajar, ese es el presupuesto de cualquier medida que se tenga que tomar y por tanto hemos ofrecido la colaboración leal de las CCAA para liderar y trabajar técnicamente la actualización de esa estrategia nacional, previa suspensión de la catalogación", ha aclarado.

De esa estrategia derivarán las medidas que deben adoptarse a esa catalogación, "o cualquier otra", ha continuado, pero ha reiterado que consenso vendrá por la vía de "suspender" el procedimiento de catalogación que, a su juicio, es precipitado y tampoco es correcto "desde el punto de vista político, jurídico y técnico".

Una estrategia que debe liderar Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia porque, además de acumular a la mayoría de ejemplares que existen en España, manejan una amplia información científica de importante calada que es fruto de una amplia experiencia en la gestión de su población y el respaldo técnico de expertos de reconocido prestigio a nivel nacional.

"La ministra no se ha pronunciado expresamente por la suspensión o la no suspensión. Recogerá los argumentos y bueno pues los sucesivos acontecimientos que vendrán determinará cuál es la posición que va a adoptar la ministra. Nosotros seguiremos trabajando lealmente", ha recalcado.

Suárez-Quiñones insiste en que las cuatro autonomías más perjudicadas por esta decisión han recibido el apoyo de País Vasco, Aragón y Madrid, y avisa: "ejercitaremos todas aquellas acciones que en protección de Castilla y León, en protección de los intereses de nuestros ganaderos, en protección de la población de nuestros pueblos sean necesarias hasta llegar, si es preciso, a los tribunales a efectos de salvaguarda algo tan importante para Castilla y León como es nuestra ganadería extensiva y nuestra población en el territorio rural", ha subrayado.

A todo ello hay que sumar, han recordado, la postura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien en una reciente visita a Cantabria manifestó su firme apuesta por la cohabitación del lobo y la ganadería extensiva desde el respeto a la biodiversidad y la actividad del sector primario.

De hecho, aseguró a Revilla, han continuado los consejeros, que su ministerio va a solicitar su incorporación a los grupos de trabajo y las reuniones técnicos en las que se debate la propuesta de incluir al lobo ibérico en el Lespre.

No extinguir al lobo ni al ganadero 

Suarez-Quiñones ha recordado que el lobo ya está "suficientemente" protegido en el plan de gestión de Castilla y León. "Si le anulan, los ganaderos de las zonas con lobo van a tener muchos problemas para mantener la ya comprometida viabilidad de sus explotaciones y el lobo, y nuestro medio natural en general, va a sufrir la reaparición de prácticas ilegales, como el furtivismo o el envenenamiento", han asegurado los consejeros.

Los Consejeros han insistido en que la propuesta del Ministerio supone un "gravísimo error" basado en el "desconocimiento" y el "desprecio" hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tienen que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el "complejo equilibrio" entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona.

Así, no entienden que el Ministerio quiera "echar por tierra" el trabajo realizado por las comunidades 'loberas' durante tantos años en la gestión de la viabilidad de las explotaciones ganaderas en zonas con presencia de lobo, sus efectos en el desarrollo rural y su contribución al despoblamiento, además de la conservación del lobo, sus hábitats y las demás especies amenazadas por esos cánidos.

Las cuatro comunidades han insistido en su petición al Ministerio para que no avance en medidas que han pedido determinadas organizaciones ecologistas y abra un espacio de consenso para la elaboración de una nueva estrategia sin condicionar su contenido a decisiones previas que no tienen ningún soporte ni técnico ni científico.