Los textos legislativos se adaptan a lectura fácil para la 'plena inclusión' de personas con discapacidad

Con motivo de la conmemoración del XXXVIII aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, ha anunciado que el parlamento autonómico continúa su apuesta por la accesibilidad cognitiva con la reedición Estatuto de Autonomía en lectura fácil y la adaptación de diferentes iniciativas legislativas de 2021 a este formato. Este avance se produce en colaboración con la federación Plena inclusión Castilla y León, que agrupa a 37 entidades de discapacidad intelectual de la comunidad. Su presidente, Juan Pablo Torres, ha comparecido junto al máximo responsable de Legislativo autonómico, Luis Fuentes, y ha destacado que todas las personas tienen “derecho a recibir información fácil y compresible”, tanto como para “recibir una ayuda, conocer sus derechos o disfrutar del patrimonio”. 

En este sentido, Torres ha apelado al concepto de “accesibilidad universal” mediante el que se pueda facilitar el acceso a información a personas con dificultades cognitivas, físicas o sensoriales”. Con este tipo de proyectos, como el que se pone en marcha con las Cortes de Castilla y León, se busca dar un paso más para lograr la “calidad, eficiencia y universalidad”. 

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha asegurado que es “obligación” del Parlamento autonómico “velar por la salud de la democracia” y en ello se incluye “la participación equitativa de hombres y mujeres”, independientemente de sus circunstancias, en todos los órdenes de la vida. “Un progreso en el que es fundamental construir una administración de calidad, eficiente, inclusiva y accesible”.

La lectura fácil es una metodología de adaptación y elaboración de textos para hacerlos más fáciles de entender con el objetivo de que sean comprensibles para las personas con discapacidad intelectual u otras personas con dificultades de comprensión, como las personas mayores con deterioro cognitivo, personas migrantes que no conocen el idioma o personas con bajo nivel de alfabetización. Además, los documentos elaborados en lectura fácil son testados por grupos de validación constituidos por personas con discapacidad intelectual con formación en la metodología que tras leer el texto señalan qué aspectos deben cambiar para que el documento sea entendido por todas las personas. 

Las Cortes presentaron en 2013 la primera edición del Estatuto de Autonomía que ahora, tras siete años, se renueva con la revisión y aplicación de la norma UNE 153101 2018: EX, norma pionera en Europa, que establece las pautas de lectura fácil en diferentes aspectos como la redacción, diseño o maquetación. Ahora se reedita esa versión del Estatuto, con motivo de la conmemoración de su XXXVIII aniversario. “Con este acuerdo queremos fomentar la participación y autonomía de todas las personas en un escenario tan complicado como el de la pandemia. Porque, para ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos, las personas tienen que conocer y comprender las leyes que les asisten”, ha afirmado Luis Fuentes. 

En este tiempo, además, ha crecido el número de grupos de validación formados por personas con discapacidad de las 37 entidades federadas a Plena inclusión que se han formado en lectura fácil y las técnicas de validación de documentos, llegando a sumar más de 30 en toda la región.

Administración más fácil

En esta línea, las Cortes han apostado también por adaptar las iniciativas legislativas aprobadas en 2021 a lectura fácil, con el objetivo de construir una administración más transparente, inclusiva y fácil. Para este proyecto, también contará con Plena inclusión Castilla y León, que se encargarán de adaptar y validar los documentos para que toda la ciudadanía pueda comprender el trabajo que se hace en las Cortes. El documento en lectura fácil estará disponible en la web unas semanas después de aprobarse la iniciativa legislativa. Esta iniciativa convierte a Castilla y León en una de las comunidades pioneras en hacer accesibles sus leyes a personas con dificultades de comprensión, ya que, hasta el momento, solo Castilla La Mancha se comprometió a un proyecto similar en 2020. De esta manera, las Cortes cumplen con la adopción de la accesibilidad cognitiva, un derecho llave que permite la comprensión de la información y abre la puerta a otros derechos y a la participación social y política de todas las personas.