El Gobierno aprueba ayudas para ocho proyectos de exhumación de fosas de la Guerra Civil en Castilla y León

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha concedido subvenciones a ocho proyectos de localización, exhumación e identificación de personas enterradas en fosas comunes en Castilla y León. Además, han sido aprobadas subvenciones para otros tres proyectos de recuperación de la Memoria Democrática. Estas ayudas proceden de una doble vía.

Por un lado, el pasado mes de diciembre fueron adjudicadas directamente por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática cinco subvenciones a través de la Orden PCM/725/2020, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión las mismas. Las ayudas determinadas por esta Orden están destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro, además de a universidades y organismos públicos de investigación, así como a las agrupaciones de personas físicas que tengan incorporados entre sus objetivos o actividades los relacionados con la recuperación de la Memoria Democrática y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.

A través de esta norma van a ser subvencionados dos proyectos de exhumaciones, uno en la provincia de Burgos y otro en León.

Además de las ayudas para exhumaciones, a través de la Orden PCM/725/2020 se han concedido subvenciones a otros tres proyectos, de los que uno se centra en la organización de unas jornadas en Valladolid y los otros dos en la realización de un documental y la digitalización de un archivo fotográfico.

Ayudas a través de la FEMP

Las seis subvenciones restantes se basan en lo estipulado en el Real Decreto 887/2020, de 6 de octubre, sobre concesión de una subvención directa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para actuaciones relacionadas con la Memoria Democrática. A través de estas ayudas se va a financiar las actuaciones que lleven a cabo los Ayuntamientos para investigar, localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas en fosas de la guerra civil y el franquismo. El montante total de las mismas para toda España asciende a 750.000 euros.

Las seis actuaciones incluidas en esta plan se van a desarrollar en otros tantos ayuntamientos de cuatro provincias: Burgos, dos; Soria, otros dos y Zamora y León, uno cada una.

Por lo que se refiere a la tipología de las actuaciones que van a ser subvencionadas, entre las mismas se han presentado, además de exhumaciones, proyectos de investigación, recogida de testimonios, prospección de fosas, y análisis de restos.

A continuación incluimos el cuadro con el número de proyectos subvencionados en cada municipio de Castilla y León a través de las ayudas con cedidas por el Ministerio a la FEMP.

Resoluciones en Castilla y León a través de la FEMP

Estas dos líneas de ayuda conforman un plan de choque puesto en marcha por el Gobierno en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática en el que ha invertido 1,5 millones de euros, de los que 1,2 millones van a ser destinados a labores de exhumación. Este plan pretende ser una fase transitoria hasta se ponga en marcha el Plan Cuatrienal de búsqueda de personas desaparecidas durante el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la Dictadura, que cuenta con una financiación en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un total de cuatro millones de euros, tres para las comunidades autónomas y uno para las entidades locales, a través de la FEMP.

Con estas ayudas, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, revierte la situación que se había creado en 2013, cuando el Ejecutivo del Partido Popular decidió dejar sin presupuesto las políticas de memoria histórica. Además, el Gobierno da un importante impulso a las políticas de memoria en España, un compromiso que se ve, además, sustanciado en la nueva Ley de Memoria Democrática, que tiene que ser aprobada en las Cortes.