El confinamiento y la pandemia no pasan factura a los matrimonios de Castilla y León

Castilla y León fue durante 2020 la comunidad autónoma con menor número de demandas de disolución matrimonial, 16,4 por 10.000 habitantes, según los datos publicados este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En cuanto a los datos del cuatro trimestre del pasado año, sólo Aragón presentó menos demandas que Castilla y León, 4,6 frente a las 4,9 por cada 100.000 habitantes que tuvo la comunidad castellano y leonesa.

Todos los tipos de demanda de disolución matrimonial presentadas en el año 2020 mostraron importantes reducciones interanuales, con una disminución conjunta del 13,3 por ciento respecto a 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos hoy.

En concreto, las 54.960 demandas de divorcio consensuado fueron un 11,4 por ciento menos que las de 2019; las 36.090 demandas de divorcio contencioso, un 15,7 % menos; las 2.697 de separación consensuada, un 16 por ciento menos; y las 1.235 de separación contenciosa, un 18,3 % menos. En 2020 se presentaron 78 demandas de nulidad frente a las 100 presentadas en 2019.

Aunque es el sexto año consecutivo de descenso de las demandas de disolución matrimonial, la disminución de estas en 2020 ha sido mucho más acusada que en ejercicios anteriores: en 2019 la bajada fue del 1,9 % respecto del año anterior, con decrementos del 0,4 % en los divorcios consensuados, del 3,6 % en los divorcios contenciosos; del 5,4 % en las separaciones consensuadas y del 7,6 % en las separaciones contenciosas.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020 se aprecia que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en la Canarias, con 23,6. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 23,5; Islas Baleares y Murcia, con 22,4; Andalucía, con 21,4; Cataluña, con 20,6; Cantabria, con 20,4 y Asturias, con 20,2. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 20 demandas de disolución matrimonial por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades autónomas que se situaron por debajo de esa media fueron Castilla y León, con 16,4; País Vasco, con 16,8; y Aragón, con 16,9.

En 2020 se presentaron 11.329 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 6,9 por ciento menos que el año anterior; y 30.070 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, un 14 por ciento menos que en 2019. Las demandas de medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que sumaron 21.236, crecieron un 7,7 por ciento respecto al ejercicio anterior; mientras que las no consensuadas (25.184), experimentaron una reducción interanual del 11,2 por ciento.

Datos del cuarto trimestre de 2020

En el cuarto trimestre de 2020, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios, se redujo en un 2,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, salvo para las de divorcio de mutuo acuerdo, las demandas presentadas de disolución matrimonial disminuyeron en relación con el ejercicio anterior. Las 16.883 demandas de divorcio consensuado fueron un 1,8 por ciento más que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 10.727 demandas de divorcio no consensuado bajaron un 8,8 por ciento.

Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se presentaron 808, disminuyeron un 1,9 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, y las 361 no consensuadas representaron un 9,1 por ciento menos.

El número de demandas de nulidad, 22, fue un 26,7 por ciento menos que las presentadas en el cuarto trimestre de 2019.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del trimestre con la población a 1 de enero de 2020, puede verse que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se produjo en la Comunidad Valenciana, con una tasa media de 7. Le siguieron Islas Baleares, con 6,8; Canarias, con 6,6; Murcia, con 6,5; Cataluña, con 6,3;  y Andalucía, Asturias y La Rioja, con 6,2. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 6,1.

Por debajo de esa media se situaron Aragón, con una tasa media de 4,6; Castilla y León, con 4,9; y Extremadura, con 5.