El exfuncionario del Ayuntamiento de Valladolid acusado de adjudicar contratos de señalización a dedo defiende su inocencia y niega haber actuado con parcialidad

El que fuera a partir de 2000 jefe de la Sección de Licencias y Autorizaciones de la División de Control de la Legalidad Vial en el Ayuntamiento de Valladolid, José Luis G.M, acusado de un delito continuado de cohecho por, presuntamente, adjudicar a dedo contratos de señalización horizontal y vertical, ha negado haber actuado de forma parcial y ha asegurado que siguió siempre criterios objetivos.

Si el pasado viernes quedó constituido en la Audiencia de Valladolid el jurado que deberá dictaminar la suerte del acusado, la segunda jornada celebrada hoy ha estado centrada en el testimonio del funcionario, quien a lo largo de su declaración ha defendido su inocencia y leal proceder en la tramitación técnica que efectuó en distintos contratos adjudicados en 2008 y 2015 al grupo de empresas API movilidad para el que, casualmente, prestaba servicios su hijo de 19 años.

Aunque la fiscal del caso y el Ayuntamiento, personado como acusación particular, coinciden en que José Luis G.M. se concertó con el grupo de empresas para que éste resultara adjudicatario de los contratos, por los que según la segunda de las acusaciones API Movilidad obtuvo entre 10 y 12 millones de euros, el encausado ha recordado que su participación, tanto a la hora de redactar el pliego de condiciones técnicas como de elaborar informes de valoración de las ofertas, siguió siempre pautas o criterios objetivos marcados por el Consistorio vallisoletano para distintos tipos de contrato.

"Jamás mi intención fue adjudicar a priori el contrato a una empresa determinada, sino que me he limitado a aplicar una valoración objetiva conforme a criterios aprobados por este Ayuntamiento", ha insistido hasta la saciedad el empleado municipal, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha advertido de que sus dictámenes pasaron por la Secretaría General y la Asesoría Jurídica municipales.

De hecho, José Luis G.M. ha apostillado que en 2008 y 2015 tales órganos establecieron una y tres correcciones, respectivamente, que él asumió a "rajatabla" e incorporó a los pliegos antes de que los mismos pasaran por la mesa de contratación, que validó sus propuestas sin objeción alguna.

"Yo no excluyo a ninguna empresa, es la mesa de contratación la que lo hace siguiendo mis informes cuando alguna de ellas incurre, a mi juicio, en baja temeraria o desproporcionada", ha justificado también el encausado respecto de por qué de la adjudicación de los contratos objeto de investigación judicial quedaron apartadas algunas de la mercantiles que se presentaron al concurso, dejando así vía libre al grupo API Movilidad.

Expuesto a una posible condena de entre cuatro años y siete meses y tres años de cárcel, tal y como solicitan Fiscalía y el Ayuntamiento, respectivamente, por delito continuado de cohecho, el funcionario municipal ha negado haber recibido también prebenda alguna del grupo empresarial beneficiado, entre ellas un Volkswagen Passat que tuvo entre 2009 y 2013 pero que el acusado asegura que utilizó no para disfrute particular sino, exclusivamente, "de forma esporádica" cada vez que tenía que hacer el seguimiento de los trabajos de señalización.

"Los trabajos se realizaba sobre todo entre mayo y octubre, de forma que había noches que, sin saberlo la empresa, me acercaba a inspeccionar. Para ello, contactaba con la empresa y les pedía el coche, que me dejaban en el aparcamiento de la Feria de Muestras", ha explicado José Luis G.M, quien ha apostillado que una vez realizado el control devolvía el turismo a la empresa, sin que el mismo lo utilizara para uso personal sino--ha insistido--por motivos de trabajo.

SÓLO UNAS BOTELLAS DE VINO

El funcionario únicamente ha reconocido haber recibido de la empresa unas botellas de vino, al igual que de otras empresas y de la misma forma que otros trabajadores del Ayuntamiento, pero de ningún modo ha asumido las entradas a corridas de toros y jamones que le imputan las acusaciones.

También ha confesado haber asistido a algunas comidas, junto con más personal del Área de Urbanismo y siempre al término de distintos trabajos relacionados con dichos contratos, que abonó API Movilidad, así como en un viaje a Amsterdam, de una duración de día y media, con motivo de una bienal de tráfico a la que igualmente acudió el concejal Luis Vélez.

Aunque el hijo del acusado empezó a trabajar en 2003 para distintas empresas del grupo, para el que aún presta servicio en la Comunidad de Madrid, el funcionario ha asegurado que nunca pensó que eso fuera motivo de conflicto de intereses que le obligara a apartarse del proceso de adjudicación de los contratos.

"Yo no he intervenido para nada en la contratación de mi hijo, que percibe 1.300 euros al mes por un trabajo de 09.00 a 21.00 horas y que paga por un piso en Coslada 700 euros de alquiler. ¡Ese es el regalo!", ha espetado el acusado con cierto enfado.

UNA INSTRUCCIÓN MEJORABLE

En sus informes iniciales, la fiscal del caso, además de mostrarse convencida de la culpabilidad del funcionario, de quien asegura que su actuación estuvo marcada por la parcialidad en favor de un grupo empresarial determinado en agradecimiento a sus regalos, ha lamentado que José Luis G.M. no compartiera banquillo con las personas que le otorgaron tales prebendas.

Y es que, tal y como así ha advertido, "es un poco triste decirlo", pero al juzgado de instrucción se le pasó que vencía el plazo y no ha sido posible citar a aquellos que entregaron esos regalos", mientras que el letrado del Ayuntamiento ha incidido en que si bien la mesa de contratación dio por buenos los informes de José Luis G.M. es porque sus integrantes confiaban en todo momento en su rigor y profesionalidad.

En el bando opuesto, la defensa, que solicita un fallo absolutorio, al entender que su patrocinado "no ha hecho nada malo", ha subrayado que la adjudicación de los polémicos contratos se realizó a la "mejor empresa que presentó la mejor oferta", siguiendo siempre una "tramitación impecable" y rigurosos criterios técnicos que no se inventó el acusado sino que seguían las directrices municipales.

De hecho, el letrado ha recordado que API Movilidad lleva desde los años 90 siendo la encargada de realizar los trabajos de señalización vertical y horizontal en la capital vallisoletana, incluso con el último contrato recibido en el que ya no estaba su cliente.