La Junta plantea aprovechar los fondos europeos para reforzar la atención a las víctimas de violencia de género sin crear una red paralela

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha defendido esta mañana ante la ministra de Igualdad, Irene Montero, la Red de Atención Integral a las víctimas de la violencia de género de Castilla y León como un modelo útil, avanzado y adecuado para garantizar protección y apoyo a las víctimas de agresión sexual, y ha planteado que la Comunidad pueda aprovechar los fondos europeos que le asigne el Gobierno con cargo al Plan ‘España te Protege’ para reforzar estos servicios, y no para crear otros en paralelo.

La consejera ha expuesto este planteamiento durante su participación en la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada de forma telemática, en la que se ha abordado la implementación por las autonomías de las medidas previstas en el tercer eje del Plan ‘España te Protege’ y la financiación que recibirán para este fin.

En concreto, el Ministerio e Igualdad propone la creación de un centro de atención integral 24 horas en cada provincia, dirigido específicamente a las víctimas de agresión sexual. La Junta, por su parte, defiende que esta Comunidad ya cuenta con las herramientas necesarias para dar una respuesta efectiva a este tipo de casos, sin que sea preciso poner en marcha una nueva red, y aboga por reforzar y modernizar sus recursos.

Una ley autonómica amplia e inclusiva

La primera de ellas es la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León, que define este concepto en una acepción más amplia e inclusiva que la estatal. Así, extiende los ámbitos en los que puede producirse desde el de la pareja o expareja hasta el familiar, laboral o socio comunitario, y recoge la violencia sexual como una de las formas en que puede ser ejercida la violencia de género. En coherencia con ello, habilita procedimientos y recursos para garantizar una atención integral a las víctimas en los aspectos sanitario, psicológico, jurídico e, incluso, alojamiento alternativo.

En segundo término, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades vela por garantizar que las víctimas tengan cubiertas todas sus necesidades, con independencia del contexto en el que se produzca la agresión. A este fundamento responde el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’, cuyas directrices de funcionamiento se aprobaron en 2015.

Red de Atención Integral

En ese contexto, como tercer instrumento de protección a las personas vulnerables, Castilla y León cuenta con la Red de Atención Integral a las víctimas. A su amplio catálogo de recursos puede acceder cualquier persona que haya sufrido violencia de género, en sus distintas modalidades, si bien se prevé una atención jurídica y psicológica especializada para mujeres y niñas víctimas de abusos y / o agresiones sexuales en un entorno distinto al de su pareja o expareja.

Los profesionales que integran esta Red les ofrecen asistencia letrada, de defensa y representación gratuita, disponible en todas las provincias, todos los días del año y a cualquier hora; y les brindan atención psicológica tras la agresión o ante la aparición de secuelas, y también en sede policial o judicial con carácter de urgencia.

Si la víctima requiere un alojamiento alternativo, los Servicios Sociales de Castilla y León ponen a su disposición diferentes recursos, como centros de emergencia, casas de acogida o pisos en alquiler; y, en el caso de ser una persona especialmente vulnerable por presentar una enfermedad mental severa o por consumo de drogas, se articula una intervención dual especializada.

Para finalizar, como herramienta más reciente de protección, Isabel Blanco se ha referido al protocolo específico de atención integrada a víctimas de agresiones sexuales, aprobado el pasado año en Castilla y León, a través del que se coordina el trabajo de todos los profesionales que intervienen en la asistencia a estas mujeres, una vez ha sido activada la atención sanitaria como puerta de entrada al sistema.

Inversiones prioritarias

Por todo lo anterior, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha planteado que su departamento empleará la financiación procedente del Plan ‘España te Protege’ a reforzar su actual red de recursos para atender a las víctimas de violencia de género, en el sentido más amplio de su definición.

En concreto, prevé ampliar los dispositivos de atención 24 horas, al tiempo que estudiará la viabilidad de adaptación de centros o creación en las provincias donde actualmente no cuentan con ellos. También extender los convenios de colaboración vigentes con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, el Colegio de Psicología de Castilla y León y el Consejo de Trabajo Social, para garantizar la cobertura de apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acompañamiento social en estos centros.

En tercer lugar, destinará otra parte de los fondos a mejorar las telecomunicaciones de las infraestructuras que atiendan a las víctimas de violencia sexual, de forma que se garantice la asistencia telefónica y telemática.

Financiación con el Plan de Recuperación y Resiliencia de la UE

El Plan ‘España te Protege se financiará con fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comprende tres ejes: la mejora, digitalización y ampliación del servicio integral de atención telefónica y telemática a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres; la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, y finalmente la creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.

La inversión prevista dentro del tercer eje, debatido hoy en la Conferencia Sectorial, asciende a 66 millones de euros para el conjunto de las comunidades. De esta cuantía, el Ministerio de Igualdad ha asignado a Castilla y León un total de 9,9 millones para los dos próximos años (de los que el 30 % serán transferidos este mismo ejercicio).

Este reparto obedece a la aplicación de unos criterios de valoración, que son el resultado de sumar una cuantía fija –equivalente al coste por provincia de mantenimiento de un centro de la tipología propuesta– y otra variable –calculada en función de la ponderación por población de mujeres de 16 y más años, insularidad y dispersión–.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha solicitado al Ministerio una aclaración sobre el mantenimiento futuro de estos servicios y si habrá financiación necesaria para asegurar su sostenibilidad una vez transcurrido el periodo de inversión, previsto hasta 2023.