El presidente del TSJCyL defiende que el poder judicial resuelve los “problemas” ocasionados por la “pasividad” de los restantes poderes del Estado

M.L.Martínez / ICAL

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, aseguró hoy en Burgos que el poder judicial está resolviendo los “problemas” ocasionados por la “pasividad” de los restantes poderes del Estado, al tiempo que afirmó que “está cumpliendo con su obligación de una manera excepcional”, que ha hecho, dijo, que “se esté recuperando el prestigio a ojos de la sociedad”.

Lo hizo durante su comparecencia ante los medios de comunicación para presentar la Memoria Anual de actividades y funcionamiento del alto tribunal correspondiente a 2020, donde también declaró: “Este problema que se está echando encima del poder judicial debiera de haber resuelto el poder ejecutivo, con la iniciativa legislativa que tiene el Ministerio de Justicia y el poder legislativo, que es a quien compete dictar leyes”.

En este sentido, preguntado por si percibe un empeoramiento de la imagen de la justicia, Concepción respondió: “Estamos resolviendo las salas del contencioso administrativo de los TSJ con la Ley general de Sanidad de 1986, que ni podía prever ni previó una pandemia como la que estamos sufriendo desde 2020”. Por ello, consideró que “el poder legislativo ha tenido tiempo desde hace un año y medio para actualizar esta Ley de Sanidad”.

Y luego, agregó, que “en muchos territorios existe una legislación especial, que es la que está aplicando la Sala de lo Contencioso respectiva”. Por tanto, afirmó que “no le llama la atención esta disparidad de resoluciones” porque “no es que cada juez haga lo que quiera sino que cada juez aplica la ley de una manera diferente” y porque además, explicó, “las legislaciones en algunos casos son distintas” y “se está pidiendo a las salas de lo contencioso cuestiones distintas en muchos casos”.

Por tanto, el responsable del alto tribunal en Castilla y León entendió que “cada resolución de cada tribunal obedece a una serie de circunstancias diferentes y no debe repercutir en una imagen de la justicia porque no hay disparidad en la resolución, hay disparidad en las circunstancias”. “La responsabilidad, de haberla, debe achacarse al poder del Estado que tenía sobre sí la responsabilidad para resolver el problema y no lo ha resuelto”, aseveró.

En este sentido, Concepción declaró: “No puedo valorar la omisión de quien tenía la obligación de hacer algo y no lo ha hecho”. “Yo, desde luego, si hubiera estado en esa posición hubiera adoptado las medidas legislativas necesarias”, agregó, para apostillar: “Hemos padecido la mayor crisis de los últimos 80 años y creo que ha habido tiempo de tomar decisiones a ese respecto y no de ir parcheando la situación y no se ha hecho. Habría que preguntarlo a quien habiendo tenido la responsabilidad de hacerlo no lo ha hecho”.

Bloqueo en la renovación CGPJ

En cuanto a la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Concepción reconoció que “lo ve con estupor”. “Una institución del Estado, la institución que gobierna al tercer poder del Estado no puede estar en esta situación y no puede haber sobrepasado su mandato en más de dos años, en año y medio como actualmente está”, relató.

Asimismo, incidió en que “ve con muchísimo más estupor” que “el poder legislativo haya maniatado la capacidad de actuación del ese tercer poder del Estado, modificando una Ley Orgánica del poder judicial e impidiendo cumplir con parte de sus funciones”. “Si la responsabilidad de modificar o de sustituir al CGPJ la tiene el poder legislativo, que la cumpla”, exclamó, al tiempo que aseguró que “desde luego, si el nombramiento de los 12 vocales judiciales en el CGPJ recayera en los jueces españoles como decía la Constitución, el CGPJ habría sido reformado en tiempo y forma”.

Un 2021 "complicado" en la jurisdicción social

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, aseguró hoy en Burgos que el descenso del número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Comunidad en 2020 es puntual por los efectos de la pandemia y auguró un 2021 complicado, especialmente, en la jurisdicción social.

Así, en su comparecencia para presentar la Memoria Judicial de Castilla y León correspondiente a 2020, señaló que “la pandemia va a suponer en el año 2021 un escenario totalmente diferente toda vez que a la crisis sanitaria que se vive desde marzo de 2020 se le suma la crisis económica que ha supuesto la pandemia y, en consecuencia, ello va a implicar un extraordinario volumen de asuntos de entrada en determinadas jurisdicciones, como por ejemplo, en la jurisdicción social”.

Concepción señaló que los datos estadísticos recogidos en la Memoria del año 2020 muestran un descenso en cuanto al número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de este territorio. Si el número de asuntos registrados en todos los órganos judiciales de Castilla y León durante 2019 ascendió a 277.247 asuntos, durante el pasado año el registro global de asuntos fue de 171.523 asuntos. Son 105.724 asuntos menos.

Dicho descenso se ha producido en todos los órdenes jurisdiccionales. Por órdenes jurisdiccionales, en el orden civil, mientras que en el año 2019 se registraron 114.525 asuntos durante el pasado 2020 ingresaron 70.993 asuntos. En el orden penal, mientras que en 2019 se registraron 133.502 asuntos, el pasado año ingresaron 81.945. En el orden contencioso, frente a los 8.166 asuntos registrados en 2019, ingresaron en 2020, 4.449 procedimientos. En el social, frente a los 21.054 asuntos de 2019, se registraron 14.136 en 2020.

La evolución de los asuntos ingresados fue en el orden civil, menos 40,3 por ciento; en el orden penal menos 41,7 por ciento, en el orden contencioso administrativo menos 46,7 por ciento y en el orden social menos 50,7 por ciento. Por su parte, el número de asuntos en trámite en los tribunales de esta tierra se mantiene constante en relación con los que existían al finalizar el pasado ejercicio.

De los 107.399 que existían al finalizar 2019 a fin de 2020 se contabilizan 117.597. El nivel de resolución también experimentó una variación. Durante 2019 los juzgados y tribunales de Castilla y León resolvieron 273.205 asuntos, en tanto que en el año 2020 resolvieron 158.775, 114.430 menos que en 2019.

Por lo que se refiere al número de sentencias dictadas por los jueces y magistrados que sirven en Castilla y León, el total ascendió en el año 2019 a 83.824, siendo el número de sentencias dictadas en 2020 43.417 lo que supone una media por órgano judicial de 356,70 sentencias en 2019 y de 183,97 en 2020. Así, se dictaron 74.419 en el año 2020 frente a 119.423 autos en 2019.

“Es evidente que todos estos datos reflejan la situación excepcional vivida en el año 2020 que todos conocemos. Hemos de recordar que la pandemia dio lugar a una situación histórica nunca antes conocida, la paralización de la actividad judicial total desde el 14 de marzo al 4 de junio de 2020”, recordó, y apostilló que “hasta septiembre prácticamente no pudieron realizarse señalamientos y, en cualquier caso, en un ritmo inferior al habitual en septiembre y octubre para garantizar la salud de las personas”.

Necesidad de crear más plazas

Para hacer frente a esta situación, resaltó Concepción, pero también en consonancia con las solicitudes que años anteriores ha realizado el alto tribunal autonómico, la memoria detalla la necesidad de creación de una serie de plazas judiciales. En las Audiencias Provinciales (AP), se reclama una plaza de magistrado en la AP de Ávila; una plaza de magistrado en la AP de León y la creación de la Sección Cuarta (penal); una plaza de magistrado en la AP de Segovia; y una plaza magistrado en la AP de Valladolid.

En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, la memoria del TSJ ve necesario un juzgado en los partidos judiciales de Ávila, Palencia, Aranda de Duero, Soria y Valladolid (Juzgado de Primera Instancia). Además, considera necesario crear un juzgado de Familia en los partidos judiciales de Burgos, Salamanca y Valladolid.

También, un juzgado de lo Penal en los partidos judiciales de Ávila y Valladolid; un juzgado de Violencia de Género en el partido judicial de León; un juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el partido judicial de Ponferrada; juzgados de lo Social en Burgos, León, Segovia y Valladolid; así como un juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Soria.

Sobre esta cuestión, relativa al Real Decreto 1050/2020 de 1 de diciembre, recordó que se crearon 33 unidades judiciales COVID-19, “totalmente insuficientes”, resaltó, que supusieron la creación en Castilla y León de una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Valladolid correspondiente al orden civil, Sección Tercera; el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Burgos -que conocerá de manera exclusiva y excluyente de asuntos de familia y que “entrará en funcionamiento en junio”, según avanzó-; el Juzgado de lo Social número 4 de León; el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valladolid, “que ignoramos cuándo se pondrá en funcionamiento”, apostilló.

Juzgados de lo Social y de Familia

Asimismo, Concepción destacó que hay dos clases de órganos judiciales “con problemas de finales del siglo XX y de principio del siglo XXI”, que son los Juzgados de lo Social y los de Familia. Así, explicó que los Juzgados de lo Social “en un pasado próximo no estaban entre las necesidades más eminentes” y “han estado resistiendo con poco número de juzgados en León, Salamanca, Burgos y Segovia, donde con un solo Juzgado ingresaban cada año un mayor número de asuntos de los que podía resolver”.

En cuanto a los Juzgados de Familia, relató que “en Salamanca y en Burgos está sucediendo lo que ocurrió en León hace años y que determinó la creación de un segundo juzgado”. Así, valoró el refuerzo en Burgos del nuevo Juzgado en junio de Familia y también en Salamanca, al tiempo que confió en que “el próximo año” Salamanca pueda contar con un Juzgado de Familia en esta ciudad.

Finalmente, el presidente del TSJCyL resaltó un año más que los jueces han trabajado con “rigor y seriedad”. “Eficacia y calidad son los términos que mejor definen la labor de los jueces y magistrados de Castilla y León: eficacia al resolver con prontitud los conflictos de los ciudadanos castellanos y leoneses; calidad en las resoluciones judiciales dictadas por ellos a lo largo de este 2020”, recalcó. “Es de justicia felicitar por su esfuerzo a todas y cada una de las personas que hacen posible que el engranaje de la Justicia funcione de forma modélica. Su trabajo es un ejemplo de responsabilidad frente a la situación que vive el país”. concluyó.