Piden una información más accesible para el consumidor vulnerable para evitar abusos, fraudes y estafas

A principios de año el Consejo de Ministros aprobaba la inclusión del consumidor vulnerable en la Ley General de Consumidores. Una reivindicación histórica de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que tiene por objeto mejorar la protección de los consumidores que, por edad, salud o factores socioeconómicos, están especialmente indefensos frente a los abusos, fraudes y estafas.

Seis meses después de la citada modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores, la Delegación de OCU en Castilla y León sigue observando la falta de adaptación de los servicios de atención al cliente a los consumidores vulnerables, como por ejemplo, los sordomudos o las personas afectadas por una traqueotomía.

Estos últimos colectivos, de hecho, tiene grandes problemas para ser reconocidos correctamente por los contestadores automáticos o incluso por los operadores cuando consiguen hablar con uno.

Pero sobre todo la organización viene constatando que las personas mayores continúan sufriendo una desatención absoluta por no estar adaptados a los medios telemáticos y electrónicos que exige en la actualidad cualquier empresa para la contratación, mantenimiento o anulación de cualquiera de sus productos.

OCU Valladolid va a proponer a las administraciones locales y regionales:

• Que se aumente la información previa a la contratación de manera que el consumidor vulnerable comprenda sin ningún género de dudas las circunstancias contractuales de su adquisición.
• Que se adapten los servicios de atención al cliente y reclamación a todas las circunstancias de salud y socioeconómicas que puedas sufrir los usuarios.
• Que se estipulen mayores sanciones para las personas físicas o jurídicas que abusen o engañen a los consumidores vulnerables incluidos en la Ley General de Consumidores.
• Y que las propias administraciones públicas desarrollen nuevos servicios públicos de ayuda, ya sean telefónicos, on line o a domicilio, que faciliten aquellas gestiones que requieran necesariamente certificados digitales o una dirección de correo electrónico, recursos poco habituales entre los colectivos vulnerables de la España rural.