Castilla y León destina 16 millones para mejorar la ayuda a domicilio: más horas de atención y reducción de plazos para los expedientes de dependencia

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado esta mañana en Zamora el Centro de día de personas mayores San Lázaro y ha avanzado importantes mejoras en la atención a las personas con dependencia en Castilla y León.

En concreto, la consejera se ha referido al refuerzo del servicio de ayuda a domicilio –que verá incrementadas las horas de atención– y una nueva reducción de plazos en la tramitación de los expedientes de dependencia, medidas que supondrán una inversión de 16 millones de euros.

El anuncio de la máxima responsable de los Servicios Sociales coincide con la publicación hoy mismo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de una orden que refleja el grueso de los acuerdos que, en el ámbito de la política social, fueron rubricados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los agentes económicos y sociales en el Consejo del Diálogo Social el pasado 2 de junio.

Todos ellos tienen como objetivo último reforzar la protección de las personas más vulnerables en Castilla y León, garantizando más derechos, más cobertura, más y mejor calidad en la atención que reciben y, en definitiva, un futuro mejor. Estas medidas implican, además, dar un paso más en la implantación del sistema de atención a la Dependencia 5.0, paradigma del proceso de modernización de los Servicios Sociales emprendido en esta Comunidad.

Uno de los principales compromisos sellados con el Diálogo Social y plasmados ya en Bocyl se refiere al recorte en los tiempos de tramitación de los expedientes vinculados a la dependencia.

De acuerdo con el XXI Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Castilla y León es actualmente la primera autonomía de España en cumplir la plena atención y no tiene lista de espera. De hecho, La Junta ya había rebajado a tres meses los plazos de reconocimiento del derecho, frente a los seis del resto de España. A partir de ahora, el Gobierno de Mañueco asume el reto de reconocer la efectividad del derecho al segundo mes desde la presentación de la solicitud, objetivo al que destinará tres millones de euros este mismo año.

La otra gran novedad recogida en la Orden que publica el Boletín es el refuerzo, con una partida de 13 millones de euros, del servicio de ayuda a domicilio, tanto por la vía de la incorporación de nuevos usuarios a través de las entidades locales –que se sumarán a los más de 37.300 existentes–, como por el incremento de la intensidad horaria de atención.

Esto supone que se amplían las horas de atención en los tres grados de dependencia, pudiendo llegar a las 90 horas mensuales en personas con grado 3 (frente a las 70 fijadas hasta ahora); a las 54 en grado 2 (frente a las 45 vigentes) y a las 29 en grado 1 (frente a las 20 de hoy).

Cualificación de profesionales e incremento de las cuantías de las prestaciones

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que el acuerdo suscrito por el presidente Mañueco con el Diálogo Social incorporaba otras mejoras, como la cualificación de los profesionales que se encargan de los cuidados de las personas con dependencia, con un esfuerzo inversor de tres millones de euros.

Asimismo, en los próximos meses la Junta abordará también el aumento de las cuantías de las prestaciones vinculadas a servicios y de asistencia personal, como ya se aplica desde enero de este año, con un coste adicional de 15 millones de euros, del que se benefician 74.300 personas dependientes. Junto a esto, se avanzará en la reducción de la aportación económica de los usuarios a la financiación del sistema, como ya se ha materializado con la gratuidad de la prestación de la teleasistencia avanzada.

Por último, Isabel Blanco ha incidido en que la Consejería trabaja en la progresiva implementación de un nuevo modelo de atención residencial. Ello conllevará inversiones de modernización, adecuación y creación de infraestructuras para incrementar la oferta de plazas, donde Castilla y León se sitúa a la vanguardia (con una ratio de 7,86 % frente al 4,33 % de media en España).

Inversiones en modernización de infraestructuras

Por un lado, se recuperarán de forma progresiva todas las plazas de concierto que estén vacantes y se elevará al menos en 180 este mismo año el número de las concertadas para mayores; se promoverá la cobertura de las 1.300 plazas residenciales sostenidas con fondos públicos que la pandemia ha dejado vacantes; se intensificará en este 2021 la reconversión de plazas válidas que aún pervivan en las residencias públicas; se incrementarán hasta 172 las disponibles en las unidades de convalecencia sociosanitaria, y finalmente se actualizarán al alza los precios de conciertos de plazas residenciales de personas mayores y de discapacidad. A estos objetivos se destinarán 16 millones de euros.

Por otro, a lo largo de los tres próximos años están previstas obras de creación, mejora y transformación en distintos centros de atención a mayores y dependientes vinculadas al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe de 60,6 millones de euros, condicionados a la aprobación de los fondos europeos. A esta partida se sumarán otros 25 millones de euros con presupuesto autónomo. De estas cuantías, la inversión prevista para este mismo año asciende a 15 millones.