Convocadas 184 plazas de Policía Local en 37 ayuntamientos de Castilla y León

Desde que el pasado 18 de septiembre de 2020 se suscribiera el Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la FRMP, 59 han sido los ayuntamientos de Castilla y León que han decidido adherirse al mismo de un total de 80 municipios que cuentan con Cuerpos de Policía Local. Ello supone que prácticamente el 75% de los municipios castellanoleoneses con policía local se han sumado a la iniciativa.

Como consecuencia de ello, la Administración autonómica ha asumido este año la convocatoria y gestión del proceso selectivo, siendo 37 los ayuntamientos que, contando con plazas vacantes de agente en sus respectivas ofertas de empleo público, han delegado la gestión de dicho proceso.

En total, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente  convoca 184 plazas de agente de policía local, de las cuales, 55 corresponden al turno de movilidad y 3 plazas se reservan a personal militar profesional de tropa y marinería.

Las plazas ofertadas corresponden a los siguientes ayuntamientos: Aguilar de Campoo, Aranda de Duero, Arenas de San Pedro, Arévalo, Arroyo de la Encomienda, Benavente, Briviesca, Burgos, Cacabelos, Carrión de los Condes, Cuéllar, El Burgo de Osma, El Tiemblo, Fabero, Guardo, La Bañeza, La Cistérniga, Laguna de Duero, Las Navas del Marqués, Medina del Campo, Medina de Pomar, Medina de Rioseco, Miranda de Ebro, Palencia, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Peñaranda de Bracamonte, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Tordesillas, Toro, Tudela de Duero, Valencia de Don Juan, Valladolid, Venta de Baños, Villafranca del Bierzo y Villamayor.

Con la publicación de dicha convocatoria se inicia el proceso selectivo que está previsto que finalice en el mes de diciembre, con la consiguiente incorporación al curso selectivo que se imparte por la Escuela Regional de Policía en Ávila de los aspirantes aprobados por turno libre.

La realización del proceso de manera unificada contribuye a lograr una efectiva colaboración interadministrativa, supone una racionalización de los esfuerzos de las diversas administraciones públicas así como del gasto público y ahonda en la función de coordinación de la policía local, que asume la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.