La Junta recauda en cuatro años 219 millones en impuestos de juego

El juego ha dejado en impuestos en Castilla y León, durante los últimos cuatro años un total de 219 millones de euros, una cantidad que supera, por ejemplo, las inversiones que las Consejerías de Sanidad, Empleo y Cultura, conjuntamente, tienen previsto realizar el próximo año según el proyecto de presupuestos que se debate actualmente en las Cortes.

Según los datos del Gobierno autonómico, la recaudación por tributos vinculados por el juego hasta septiembre de este año alcanzó los 42,5 millones de euros, lo que supone que en nueve meses ya se han superado los ingreso de todo el año 2020, cuando el sector fue duramente golpeado por el cierre decretado a causa de la pandemia. 

El año pasado, los tributos por este concepto apenas superaron los 38 millones de euros, casi la mitad de lo recaudado dos años antes. Pueden parecer cifras modestas en un presupuesto, como el de la Junta, que para el año que viene se prevé de 12.800 millones, pero para poner en relación ambas cantidades, en los dos años duros de la crisis la recaudación supera, por ejemplo, las partidas dedicadas a inversiones en la Consejería de Cultura. 

Antes de la pandemia, los ingresos eran aún más generosos: en 2018 se superaron los 71 millones de euros, mientras que en 2019 fueron de 67,6 millones de euros, en ambos casos una cantidad similar a lo que invierte la Junta de Castilla y León en políticas medioambientales, por ejemplo.

Por provincias y teniendo en cuenta los datos de los tres primeros trimestres, Valladolid se sitúa al frente de la recaudación con 7,7 millones, por delante de León, con 7,1 millones; Burgos (5,9 millones), y Salamanca (4,6 millones). En el extremo opuesto se sitúa Soria, con 1,2 millones, seguida de Segovia (1,5 millones), Ávila (1,9 millones), Zamora (2,5 millones) y Palencia (3,1 millones).

Las tragaperras son una máquina de recaudar. Los 13.160 aparatos recreativos que a finales de 2020 había en la Comunidad, de las que 12.689 son de tipo ‘B’ -las que se pueden instalar en los bares-, suponen la mayor parte de la ‘tarta’ impositiva y hasta el pasado 30 de septiembre la Junta había recaudado ya 35,1 millones de euros, un 82,5 por ciento del total. Después se sitúan los juegos estatales, con 6,5 millones de euros (15,2 por ciento). A mucha distancia se sitúan las apuestas, con 515.661 euros, los bingos (309.885) y los casinos (73.126 euros).

Desde la Asociación de Empresarios de Salas de Juego de Castilla y León (Sajucal), colectivo que agrupa a más del 90 por ciento de los 127 salones de juego de la Comunidad, se critica que la Junta, además de mantener una alta presión impositiva -3.600 euros año por máquina recreativa tipo ‘B’-, ha dejado al sector abandonado a su suerte durante la pandemia.

En este sentido, el director técnico de Sajucal, Luis González, denuncia que Castilla y León ha sido la única comunidad de toda España que no ha bonificado la tasa de juego a las empresas durante la pandemia y recalca que se trata de una situación que acabará en los tribunales de justicia. Para Luis González, no es de recibo tener que pagar impuestos durante los días que los establecimientos han estado cerrado y no han generado ingresos. Además, también indica que a esta situación se suma el perjuicio provocado por la restricción de horarios de los toque de queda.

Además, desde Sajucal se añade que a esta situación se suma la intervención del sector acordada por la Junta el pasado mes de junio, cuando decidió suspender por dos años las nuevas autorizaciones de salas de juego y apuestas, en respuesta la creciente preocupación social derivada del incremento de este tipo de establecimientos y de las denuncias sobre el aumento de los problemas de adicción.

Según los datos aportados en su día por el Gobierno autonómico, las autorizaciones han pasado de 47 salones de juego y de tres casas de apuestas existentes en 2015 a los 131 y 19 que hay en la actualidad a lo que se suma que están en tramitación cinco expedientes de solicitud de autorización de instalación de salones de juego en la Comunidad de Castilla y León.

Bingos

En términos similares a Luis González se pronuncia el secretario de la Asociación de Empresarios de Juegos Autorizados de Castilla y León (Asecal), Jesús Serrano, que crítica que la Junta de Castilla y León haya sido el único gobierno autonómico que no haya puesto en marcha ningún mecanismo para compensar las pérdidas provocadas por los efectos de la pandemia y el cierre de los establecimientos.

No obstante, Serrano reconoce que la tasa impositiva de la Junta respecto a los bingos se sitúa en la media alta del conjunto autonómico, con un 25 por ciento sobre el ‘win’ -la cantidad resultante de restar a la cantidad que se juega la que se reparte en premios-. Además, apunta a que esta tasa, que hace unos años se redujo del 50 al 25 por ciento, dobla a la que se aplica a las casas de apuestas, supera en 1,5 veces la de las máquinas recreativas y es superior a la de los casinos. 

Ajupareva

Por último, el presidente de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva), Ángel Aranzana, argumenta que, independientemente del tipo impositivo que aplique la Junta, lo que es una realidad es que todos los años ingresan en asociaciones como Ajupareva de toda Castilla y León 400 jugadores patológicos. “Creo que estamos ante un serio problema, dado que el tratamiento también afecta a toda la familia del jugador”, aseveró.

Además, Aranzana también explicó que la decisión de no conceder más licencias a salas de juego y apuestas se consensuó en la ‘Mesa de Juego Responsable’, organismo en el que están representados la Federación Castellano Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados, a través de las distintas asociaciones que tienen actividad en Castilla y León, y los cuatro subsectores (casinos, bingos, salones de juego y máquinas), a la vez que explicó que está en fase de elaboración una nueva Ley del Juego que sustituya a la actual normativa que data de 1994.

El sector del juego en Castilla y León está integrado por unas 450 empresas de las que dependen 2.000 empleos directos.