Transparencia y regeneración en Castilla y León: estas son las propuestas de los partidos políticos

Faltan escasos días para la celebración de las elecciones del 13 de febrero y los partidos políticos queman sus naves en los últimos días de campaña para conseguir el mejor resultado electoral posible.

En los últimos días, EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León ha desgranado los programas de los diferentes partidos por bloques. Educación, Sanidad y hoy, Transparencia y Regeneración. Ciudadanos ha defendido este punto en cada uno de los mítines de Igea.

El PSOE apuesta en su programa por la eliminación de los aforamientos mientras que el PP afirma en el suyo que “potenciarán los mecanismos de transparencia y gobierno abierto”.

PSOE

PSE

Dentro de sus 100 compromisos con Castilla y León, el PSOE de la Comunidad destina diez de ellos a la transparencia y a la regeneración. Una de las medidas estrella es la que hace mención, en el punto 96, a la Oficina Anticorrupción. También la de la eliminación de los aforamientos.

1. (Su punto 91). Limitación de mandatos a un máximo de ocho años como Presidente y miembro del Gobierno y Presidencia de las Cortes de Castilla y León.

2. (Su punto 92). La eliminación de los aforamientos para procuradores y miembros de la Junta de Castilla y León.

3. (Su punto 93). Se garantiza el derecho a la participación de las organizaciones sociales, de los colectivos afectados en cada caso y de los entes locales en el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas sectoriales.

4. (Su punto 94). Regulación de la iniciativa legislativa popular y los Ayuntamientos será modificada de forma que se reduzcan las materias excluidas que han de ser las menos posibles y siempre en atención al interés general.

5. (Su punto 95). Reserva económica en cada uno de los Proyectos de Presupuestos Generales de la Comunidad para su destino a nuevos proyectos de actuación que habrán de ser determinados directamente por la ciudadanía mediante fórmulas participativas.

6. (Su punto 96). Oficina Anticorrupción: dependerá orgánicamente del Parlamento de Castilla y León, ejercerá sus funciones con plena independencia, sometida únicamente al ordenamiento jurídico, con competencia para revisar las actuaciones y procedimientos con alcance económico, y con el objetivo de luchar contra esa lacra que es la corrupción con todas las armas democráticas posibles.

7. (Su punto 97). Elaboración de una Ley de Función Pública, que realice los cambios necesarios en la adscripción de los cuerpos y escalas de los trabajadores públicos de la Comunidad, a la clasificación de sus categorías con respecto a la nueva realidad de titulaciones.

8. (Su punto 98). Desarrollo de la Carrera Profesional, para todos los empleados públicos de la administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, implantando la promoción interna cruzada para todos los cuerpos y escalas y todas las competencias funcionales, facilitando la formación profesional de los empleados públicos.

9. (Su punto 99). Se regulará con carácter inmediato el Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior con horizontes coherentes con los plazos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos del nuevo periodo de programación y un objetivo de dotación del 20% de las inversiones totales de la Comunidad.

10. En el plazo de un mes, convocatoria de la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, para estudiar juntos el modelo de aplicación de fondos europeos, y para hacer un plan de trabajo y cogobernanza para toda la legislatura.

PP

PP

Los populares, en su programa, llevan en el décimo punto, una serie de propuestas bajo el nombre: ‘Por una administración cercana, eficaz y transparente’, con la transparencia y la regeneración como protagonistas. “Potenciaremos los mecanismos de transparencia y gobierno abierto”, dice el punto 947.

1. (Su punto 945). Continuaremos racionalizando el uso de los recursos públicos, teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación de las políticas públicas.

2. (Su punto 946). Alinearemos el proceso de programación y ejecución presupuestaria con los planes y programas estratégicos y la evaluación de las políticas públicas, y extenderemos el sistema de gestión por objetivos de los programas presupuestarios.

3. (Su punto 947). Potenciaremos los mecanismos de transparencia y gobierno abierto en el ámbito económico-financiero, facilitando el acceso abierto y en formatos reutilizables a información amplia y detallada de la programación y aplicación de los recursos públicos.

4. (Su punto 948). Impulsaremos la actividad estadística pública, su calidad y difusión, así como su mejor adecuación a la demanda de sus usuarios, como instrumento que facilita el conocimiento de la realidad demográfica, económica, social, medioambiental y territorial de la Comunidad.

5. (Su punto 949). Mantendremos un uso prudente y responsable del recurso a la deuda pública, consolidando la posición de Castilla y León entre las Comunidades con menor endeudamiento, sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos.

6. (Su punto 950). Aprovecharemos el potencial financiero, la credibilidad y solvencia de Castilla y León para superar la crisis sanitaria, social y económica causada por la pandemia de la Covid-19.

7. (Su punto 951). Continuaremos reduciendo la deuda comercial, contribuyendo a mejorar la liquidez de las empresas proveedoras, medida de especial trascendencia en particular para las pequeñas y medianas empresas.

8. (Su punto 952). Agilizaremos la tramitación de ayudas y subvenciones, así como de las facturas, manteniendo el periodo medio de pago a proveedores por debajo del establecido en la normativa de morosidad.

9. (Su punto 953). Incrementaremos los controles sobre conflictos de intereses en la gestión del gasto público y, en particular, sobre la obtención y aplicación de subvenciones públicas y en la adjudicación de los contratos, y reforzaremos la lucha contra el fraude fiscal ampliando la capacidad de actuación a través de la Unidad de Inspección Fiscal.

10. (Su punto 954). Incorporaremos la dimensión de la rentabilidad social en las operaciones de gestión del patrimonio de la Comunidad para facilitar, dentro del marco normativo vigente, la actividad de aquellas entidades sin ánimo de lucro prestadoras de servicios de interés general.

11. (Su punto 955). Mantendremos un Sector Público Institucional de la Comunidad adecuadamente dimensionado, de forma que permita la prestación de los servicios públicos de la manera más eficiente.

Ciudadanos

CIU

Ciudadanos siempre ha presumido de sus políticas de transparencia. En su programa para estas elecciones del 13 de febrero están muy presentes también estas políticas. Entre las medidas: aprobar la Ley de Transparencia más ambiciosa de toda España o eliminar los aforamientos.

1. (Su punto 66) Eliminaremos los aforamientos de los procuradores en las Cortes y de los miembros del Gobierno, frente a los intentos por blindarse ante causas judiciales de los partidos tradicionales. Los liberales siempre defenderemos el Imperio de la Ley como garantía de la justicia y pervivencia de las democracias liberales, y la necesaria fiscalización por parte del poder judicial al poder ejecutivo.

2. (Su punto 67). Aprobaremos la Ley de Transparencia más ambiciosa de toda España, en consonancia con lo impulsado y trabajado durante nuestra etapa en el gobierno. Daremos certezas a la ciudadanía del trabajo de sus representantes, así como de dónde se destinan sus impuestos, de tal manera que pueda practicarse una rendición de cuentas efectiva.

3. (Su punto 68). Asesoraremos y apoyaremos con fondos a las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa en materia de transparencia. Haremos que la transparencia se extienda a todas las administraciones en la comunidad, fomentando la rendición de cuentas a todos los niveles.

4. (Su punto 69). Daremos cumplimiento a las recomendaciones de la AIReF, confiando la evaluación externa de la acción de Gobierno, y del cumplimiento de los programas electorales, a los expertos independientes del Consejo de Cuentas. Aseguraremos que los procedimientos de selección de estos expertos se mantengan siguiendo los criterios técnicos y de consenso existentes actualmente.

5. (Su punto 70). Crearemos una Oficina de Evaluación de Políticas Públicas para implementar y coordinar métodos de evaluación dentro de la misma Junta de Castilla y León. Todo gobierno que se precie debe ser capaz de fiscalizar su propia actuación a la luz de la evidencia y de los efectos causados por sus decisiones. Frente al mercadeo bipartidista, nosotros ofrecemos políticas basadas en datos y evaluaciones.

6. (Su punto 71). Aprobaremos inmediatamente la Ley de creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, dos de las principales amenazas de los sistemas democráticos. Esta ley, ya preparada para ser lanzada en la anterior legislatura, fue paralizada por la convocatoria electoral. Los ciudadanos se merecen una política limpia y no dar tregua a aquellos que defraudan su confianza y cometen delitos, y no retrasos y trampas para evitar ser perseguidos.

7. (Su punto 72) Impulsaremos el nuevo Estatuto del Alto Cargo, ya trabajado en la anterior Legislatura, para asegurar que los perfiles técnicos no se vean politizados. La lucha partidista y el reparto de cargos no deben afectar a la gestión en todos los niveles de la administración. Por el contrario, debe confiarse en la neutralidad y la experiencia como las mejores garantías de una labor eficiente al margen de ideologías.

8. (Su punto 73). Acabaremos para siempre con las prácticas de enchufismo haciendo más restrictivos los requisitos para la designación de cargos de libre elección. Impulsaremos que la elección y sueldo de asesores y cargos de confianza sea transparente, de tal manera que los ciudadanos puedan tener más información acerca de las actividades de sus representantes.

9. (Su punto 74). Trabajaremos por la profesionalización de la administración pública, su dirección y la mejora en la formación y capacitación del personal, especialmente en competencias digitales. Esto es vital ante los retos que presentarán las siguientes décadas, y que requerirán de la acción de Comunidades Autónomas y Gobierno Central para poder seguir prestando servicios con las mejores garantías.

10. (Su punto 75). Daremos a la Inspección General de Servicios el rango de Dirección General independiente, con el compromiso de garantizar la inamovilidad de la persona designada durante toda la legislatura, a fin de reforzar aún más su imparcialidad e independencia.

11. (Su punto 76). Reforzaremos la seguridad informática de nuestras administraciones, para hacer frente a intentos de desestabilización y ataques, de los que proliferan en el mundo actual. En contextos de guerras híbridas y campañas de desinformación, es necesario mejorar nuestra resiliencia y capacidades para poder afrontar cualquier tipo de problema que pueda surgir, como los ya ocurridos a nivel de instituciones estatales.

12. (Su punto 77). Desarrollaremos la normativa electoral para una ley más proporcional, así como para ofrecer las mejores garantías de voto, sean cuales sean las circunstancias. En un contexto de surgimiento de nuevas demandas ciudadanas, así como de pluripartidismo, no podemos mantener los marcos pensados para un momento diferente de nuestra democracia.

13. (Su punto 78). Elaboraremos una Ley de Participación Ciudadana que contenga la regulación de los lobbies o grupos de interés. En aras de la transparencia y del conocimiento por parte de ciudadanos y representantes acerca de las actividades de los mismos, dentro de sus legítimos esfuerzos al respecto de la elaboración de normativa.

14. (Su punto 79). Continuaremos impulsando una política de memoria democrática de verdad, sin sesgos ideológicos y basada en la concordia. De la mano del Consejo Asesor de la memoria de Castilla y León, en el que están representadas universidades y asociaciones de familias, seguiremos localizando y exhumando víctimas. También finalizaremos la creación del Centro de Recuperación de la Memoria vinculado a la casa natal de Adolfo Suárez en Cebreros. No permitiremos que quienes reniegan del legado democrático de nuestra Constitución de 1978 dicten la memoria al conjunto de los españoles desde los extremos.

VOX

Vox

En su escueto programa de las 10 medidas para Castilla y León no aparece ninguna que mencione o se refiera a la transparencia y a la regeneración.

UNIDAS PODEMOS

Unidas Podemos

Unidas Podemos, en su programa de 98 páginas, sí que hace mención a las políticas de regeneración y transparencia en su último punto, el duodécimo. Desde la formación morada se comprometen a elaborar una Ley de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas autonómica.

1. (Su punto 571). Impulsar de forma decidida y completa el desarrollo y la aplicación de la Ley de Transparencia estatal, incluyendo de forma periódica una evaluación sobre su cumplimiento.

2.  (Su punto 572). Elaborar una Ley de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas autonómica.

3. (Su punto 573). Garantizar el acceso de todas las personas a la información sobre el funcionamiento y las contrataciones en la Administración autonómica. Las personas físicas y las jurídicas, con o sin ánimo de lucro, que opten a contratos, adjudicaciones o subastas de la Junta de Castilla y León, de las Cortes, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Social y Procurador del Común, deben cumplir, entre otras, las siguientes cláusulas:

a. Prestar el servicio o suministro directamente y con personal propio, salvo en el supuesto de que el coste de la prestación del servicio fuera superior al derivado de la subcontratación.

b. Hacer públicos los datos relevantes de las entidades u organizaciones.

c. Renunciar a toda cláusula de confidencialidad, y aceptar de manera expresa la difusión de todas las informaciones referidas a la privatización o contratación.

4. (Su punto 574). Incorporar la utilización de open data en la información que genere la administración autonómica como medida esencial para evitar opacidades, corrupción, clientelismo o prácticas ilegales, así como el uso del software libre.

5. (Su punto 575). Asegurar la provisión de cuentas claras y abiertas mediante una Ley de Cuentas Abiertas. Todas las cuentas públicas, de titularidad de la Administración, deben ser accesibles a cualquier persona que lo desee, desde cualquier terminal y en cualquier momento. Se facilitará también la recepción en papel a toda persona que lo solicite.

6. (Su punto 576). Elaborar una Ley de Lobbies, o grupos coordinados de presión económica y política, activos en Castilla y León. Esta ley contemplará, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de publicar la agenda de trabajo de los altos cargos y cargos electos, indicando con quién se reúnen, el motivo y las conclusiones de estas reuniones. También establecerá la prohibición de las «puertas giratorias», promoviendo la incompatibilidad durante un periodo de 10 años del ejercicio cargos públicos con determinadas actividades privadas que hayan estado relacionadas con el desempeño del cargo público ocupado.

7. (Su punto 577). Revisar a fondo la publicidad institucional, que reducirá su presupuesto y estará agrupada en una sola partida presupuestaria. Así mismo, se limitará a aquellas campañas institucionales de carácter social que promuevan valores cívicos, democráticos, hábitos saludables o cuestiones de salud pública, ámbitos informativos de interés público, etc. De forma periódica y pública, se realizará una relación detallada y completa de las inserciones publicitarias realizadas, las cuantías abonadas, los conceptos por los que se realizan las inserciones, en qué medios de comunicación y bajo qué criterios se han realizado.

8. (Su punto 578). Mejorar el Portal del Gobierno abierto, dotando de relevancia propia, mayor concreción e información al apartado de Transparencia. Se crearán además portales de transparencia propios de cada ente instrumental y empresas públicas, y también de cada consejería propia.

9. (Su punto 579). Organizar un inventario actualizado y exhaustivo del patrimonio público castellano y leonés, especificando los usos de cada propiedad y los costes de gestión que genere. Al inicio del mandato, se un informe sobre el estado y situación patrimonial que se elevará al Pleno de las Cortes para su debate y aprobación que posteriormente será público y accesible a todas las personas que quieran consultarlo.

10. (Su punto 580). Desarrollar el expediente electrónico. En el ámbito de las contrataciones públicas y ejecución presupuestaria, es necesario conocer los criterios de adjudicación de los contratos públicos, los resultados de los mismos y las personas responsables de tomar las decisiones clave en cada una de las fases de este proceso.

11. (Su punto 581). Los partidos políticos con representación parlamentaria deberán hacer públicos, independientemente de sus portales de transparencia, los gastos realizados en campaña, así como su justificación con las facturas correspondientes. La información publicada deberá actualizarse periódicamente como máximo cada tres meses.

12. (Su punto 582). Establecer un sistema de evaluación de políticas públicas periódico, abierto y participativo, que incluya el análisis económico de las políticas analizadas, los objetivos alcanzados y recomendaciones a futuro.

13. (Su punto 583). Limitación del número de cargos políticos y altos cargos, consejeros y directores generales, que serán analizados en su totalidad al inicio del mandato, procediendo a suprimir aquellos que sean innecesarios o superfluos. Los puestos de asesor serán desempeñados por empleados públicos: funcionarios, estatutarios y laborales fijos.

14. (Su punto 584). Establecer de forma generalizada la identificación con DNI electrónico en la administración autonómica para fomentar una mayor participación ciudadana.

15. (Su punto 585). Realizar una auditoría de la remuneración de todos los altos cargos y puestos de libre designación de la Junta de Castilla y León y de los entes instrumentales.

16. (Su punto 586). Establecer trimestralmente una rendición de cuentas pública y accesible, tanto de contratos públicos, concursos o pagos, de las consejerías y los entes adscritos a la administración.

17. (Su punto 587). Prohibir la contratación pública con empresas vinculadas a casos de corrupción.

18. (Su punto 588). Colaboración de la Junta de Castilla y León con la justicia, especialmente en los casos de malversación de fondos y prevaricación.

19. (Su punto 589). Aprobación de una ley anticorrupción integral y severa, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes.

20. (Su punto 590). Regulación estricta de incompatibilidades durante el ejercicio de cargos públicos para evitar la simultaneidad con la participación en entidades privadas.

21. (Su punto 591). Establecer un registro por el cual se informe obligatoriamente de las actividades profesionales de los miembros del Gobierno, altos cargos y gestores públicos que cesen en el desempeño de sus funciones durante los cinco años posteriores al cese.

22. (Su punto 592). Regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación. Los obsequios serán rechazados o entregados a la institución, para lo cual se informará mediante la creación de un Registro Público de Obsequios e Invitaciones.

23. (Su punto 593). Dotar de los medios necesarios al Comisionado de Transparencia, evitando la dependencia jerárquica ni de la propia administración ni de los órganos de gobierno de la Junta de Castilla y León con el fin de preservar su independencia y objetividad. 12.3. Reforma de la Ley Electoral de CyL.

24. (Su punto 594). Promoveremos la reforma de Ley Electoral de Castilla y León que garantice un reparto de escaños más justo, un régimen adecuado de incompatibilidades y la adecuación de las campañas electorales para que estén mejor regulados. Esta Ley puede resumirse en los siguientes ejes:

a) Aplicación de la fórmula Sainte-Lagüe para garantizar un reparto de escaño más proporcional que el actual.

b) Ampliar las incompatibilidades de los Procuradores a la hora del ejercicio de otros cargos.

c) Establecimiento de una cuota de representatividad para personas menores de 31 años.

d) Regulación de la publicidad durante las campañas electorales en todos los ámbitos.

e) Garantía más amplia para la accesibilidad universal a todos los materiales relacionados con el proceso electoral.

UPL

UPL

La Unión del Pueblo Leonés no recoge en su programa, de 90 páginas, ningún punto referido a la regeneración y la transparencia para estas elecciones del 13 de febrero.

POR ÁVILA

PA

Por Ávila no recoge en su programa, de 60 páginas, ninguna medida referida a la transparencia y a la regeneración para las elecciones del 13 de febrero en la Comunidad.

ESPAÑA VACIADA

EV

En su ‘Modelo de Desarrollo de la España Vaciada’, de más de 300 páginas, este partido no presenta ningún punto concreto relativo a la transparencia y la regeneración aunque sí dice en su introducción lo siguiente:

“Así, bajo los principios de igualdad, pluralidad, transversalidad, participación activa, compromiso, justicia social y económica, desarrollo integral e integrado, sostenibilidad, solidaridad, equidad territorial, educación, transparencia, cooperación y dignidad, se presenta el siguiente documento como ejemplo de trabajo colaborativo y reflexivo de todas las plataformas y personas participantes en el mismo”.