El Consejo de Cuentas fiscalizará la construcción y gestión del HUBU

La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León aprobó esta tarde por unanimidad el Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas de 2022 del Consejo de Cuentas, en el que aparece el análisis financiero de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos realizados como consecuencia del contrato para la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, recalcó durante su comparecencia que se trata de un plan de fiscalización “pionero” e “innovador”, que pone el acento sobre el gasto social de la Administración autonómica, a la vez que lamentó que este órgano de control externo sea el único de toda España que no tiene autonomía ni independencia para aprobar planes fiscalización propios.

En este sentido, propuso que fuera el propio Consejo de Cuentas el que aprobara el plan de fiscalización y que luego se ampliara con las proposiciones de las Cortes, e incluso que todos los grupos políticos tuvieran asignados un cupo de fiscalizaciones. De esta forma, según indicó, se ganaría en transparencia, aunque Amilivia recordó que para estas modificaciones es necesario modificar la ley que regula el Consejo de Cuentas.

Además, Amilivia indicó que debido al paréntesis electoral, hay 30 informes elaborados que están pendientes de ser presentados en la Comisión de Economía y otros 25 que están en elaboración, a los que se suma los 24 del Plan Anual de Fiscalización de este año, lo que supone que en total son 79 los informes en tramitación.

De los 19 informes especiales de fiscalización, ocho competen a la Junta, y el resto a las administraciones locales. Así, Amilivia hizo referencia al análisis de la gestión del Programa Presupuestario ‘Deuda Pública’ en la administración autonómica, ejercicios 2004-2021, y a estudio de las garantías relativas a la privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma de educación online utilizada en los centros educativos de la administración de la Comunidad durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021.

Además, también se fiscalizará la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020 , así como el cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 2022 y contratación menor celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2021.

En el ámbito de las administraciones públicas, se analizará la seguridad informática en los ayuntamientos de Valladolid, Salamanca y León y se fiscalizará determinadas áreas de los ayuntamientos de Ponferrada y Guijuelo.

El impacto en la situación económico-financiera del Sector Público Local de Castilla y León de las reformas impulsadas en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (ejercicios 2017-2022); el análisis del impacto en la situación económico-financiera del Sector Público Local de la suspensión de las reglas fiscales (ejercicios 2018-2021); y el cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en los municipios de Castilla y León que hayan sido beneficiarios del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 2022, son otros de los informes.

Además, el Consejo de Cuentas también fiscalizará el nivel de prestación y asistencia de las diputaciones provinciales a los pequeños municipios (ejercicios 2019-2021), analizará la situación de los municipios más incumplidores de la obligación de rendición (ejercicios 2003-2020) y fiscalizará la contratación realizada por las diputaciones de la Comunidad (ejercicio 2021).

Debate

Durante el debate, la portavoz del Partido Socialista de Castilla y León, Rosa Rubio, mostró su satisfacción por la fiscalización del contrato para la construcción y gestión del HUBU, ya que se trata de una “petición histórica del PSOE”. Además, aseguró que se trata de la obra pública más “vergonzosa” que se licitó por 231 millones de euros y que acabará costando a los castellanos y leoneses más de 2.000 millones de euros.

Mientras tanto, la representante del Partido Popular, aseguró que se trata de un plan de fiscalización “completo”, “ajustado al momento” y que se centra en “cuestiones relevantes”. Además, en su intervención recalcó la “saneada” situación financiera de la Comunidad, con una deuda pública de las menores del conjunto autonómico, y eso a pesar del déficit de la financiación autonómica, que cifró en 445 euros por habitante. Además, lamentó que el Gobierno no ha tenido para nada en cuenta a Castilla y León en el reparto de los fondos de reconstrucción de la UE.

Por su parte, el portavoz de Vox, Francisco Javier Carrera, puso en duda si el análisis de la seguridad informática de los ayuntamiento debe ser competencia del Consejo de Cuentas, a la vez que reclamó que los planes de fiscalización también se realicen sobre las subvenciones de la Junta que reciben los sindicatos, oenegés y organizaciones empresariales, así como sobre las fundaciones y empresas públicas dependientes de la Junta y sobre otras entidades como el Itacyl.

Por último, el portavoz de UPL-Soria Ya, José Ramón García Fernández, destacó la importancia del trabajo del Consejo de Cuentas al ofrecer una visión de la gestión de la administración pública, y más en una Comunidad que es “poco cumplidora”. Además, reclamó que es necesario fortalecer el trabajo de este órgano de control, así como un diálogo más estrecho con los grupos políticos.