Así evitó Castilla y León la corrupción con las mascarillas: transparencia y rechazar mediadores “de moral dudosa”

En la mente de todos estará para siempre marzo de 2020. Ese mes fatídico arrancó la pandemia en España. Un tsunami de situaciones que nadie podía imaginar, ni siquiera las Administraciones públicas que se vieron arrolladas. La escasez de material, la urgencia de la situación y la caída de los proveedores habituales propició un mercado donde todo valía, pero siempre dentro de unos límites morales. Los que parece que no han tenido los implicados en el denominado caso Koldo (o Ábalos) donde la justicia investiga el supuesto cobro de 'mordidas' en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia. Koldo García, el exasesor del socialista José Luis Ábalos, podría haber ejercido de intermediador en contratos con el gobierno estatal, el de Baleares y Canarias.

Una situación que no toca a Castilla y León, pero que es bueno recordar para saber cómo se gestionó durante esos días una situación donde unos intentaron ayudar y salvar vidas y otros se llenaron la cuenta corriente de millones de euros y el patrimonio de viviendas y vehículos de lujo. El que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, fue el encargado de dar la cara durante la pandemia junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado. En unos momentos en los que el presidente Alfonso Fernández Mañueco dio un paso al lado, Igea y Casado eran los encargados de ofrecer todos los datos que estaban viviendo en Castilla y León.

Un mes de marzo que nunca podrá olvidar. “Era una situación complicada, creo que todos fuimos engañados, pero no valía todo. Es cierto que había mucha gente, y nosotros lo vivimos, de moral dudosa, gente que veía una oportunidad para lucrase y otra gente que quería ayudar. Ambos tipos salieron a flote en el mismo momento”, recuerda el hoy procurador en Cortes del Grupo Mixto que asegura que fueron muchas las empresas que durante esas semanas llamaban a la puerta de la Junta para ofrecer su material.

Igea reconoce que ante la gran cantidad de contratos es lógico que algún pedido pudiera llegar con material defectuoso que no cubría especificaciones o también sufriendo ventas de mascarillas o material de protección a precios exorbitados, “esto era normal ante la situación que vivía, pero eso es una cosa y otra es la corrupción y la ambición. Incluso son cosas que son legales, pero que moralmente son repugnantes”.

El ex de Ciudadanos recuerda a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que las comunidades autónomas se tuvieron que “buscar la vida por su cuenta” durante aquel marzo fatídico ya que el gobierno de Pedro Sánchez fue incapaz de asegurar el suministro necesario de material. Hizo el famoso llamamiento público que se hizo viral para pedir ayuda. Más de 3 millones de equipos de protección llegaron a recolectar “gracias a la generosidad de muchos que nunca olvidaré con historias que todavía tengo en la cabeza”, evoca. Esta solidaridad de empresas y ciudadanos fue con lo que la Junta pudo ‘sobrevivir’ las primeras semanas a la espera de recibir el material.

Marzo de 2020, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno acompañado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado ICAL

Ahora bien, desde la Junta de Castilla y León también se tomaron medidas para evitar este mercado persa que se estaba viviendo y para evitar lo que hoy está saliendo a relucir en muchas comunidades. Por ejemplo, se decidió modificar con un acuerdo firmado por el presidente y el consejero de Economía, las condiciones de la intervención previa, para facilitar la agilidad en las compras. Incluso había que poner dinero por delante. “Perdimos algún cargamento los primeros días por esa situación. Fue una decisión arriesgada, pero creo honestamente que necesaria”, se sincera.

Casi 2.600 contratos y 300 millones gastados

Así, se creó una herramienta dentro del plan de trasparencia para mostrar todo lo que se estaba haciendo. “La trasparencia es una herramienta de información pero también contra la corrupción”, apunta. Así, en el portal de la Junta se pueden ver los casi 3.000 contratos realizados, 2.594 en concreto, con un presupuesto de 294.422.011,88 euros en los que se incluye material como mascarillas o relacionados, pero también otros aspectos como el test de antígenos, geles para las manos, dispensadores.

Esta transparencia permitió saber que se estaba haciendo en cada momento y sobre todo, evitar tentaciones. Así se puede comprobar cómo la mayoría de los contratos se realizaron en la Junta de Castilla y León desde la Consejería de Sanidad, la de Educación y la de Fomento en cuanto  a la contratación vinculada al COVID-19, aunque solo en Sanidad y Fomento en relacionado con material. En esta página se iba ofreciendo, y todavía se puede ver, con periodicidad semanal la información sobre los expedientes de contratación suscritos.

De esos 300 millones de euros, 115 fueron gestionados por la Gerencia Regional de Salud, 76 desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 47 desde la Gerencia Regional de Salud Especializada u Hospitalaria, 20 desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria (en aquellas Gerencias en las que la Atención Primaria y la Hospitalaria están unificadas –Ávila, Bierzo, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, 14 desde Educación y 7 desde la propia de Sanidad.  En este enlace se pueden ver todos los detalles.

Así también se observan las empresas a las que se realizaron estos contratos, muchas de ellas chinas, que fueron las que se llevaron el mejor pastel al comienzo de la pandemia. Y no, en ninguna de ellas aparece la famosa empresa de Soluciones de Gestión SL que ahora ha levantado la polémica. Igea hace memoria y no recuerda tampoco que ella misma se ofreciera, aunque asegura que no todo se llevaba desde la Consejería de Sanidad. Consultadas otras fuentes por este periódico, tampoco les consta, y lo tienen claro, “Castilla y León fue la Comunidad más transparente en sus compras”.

En el apartado de proveedores se puede comprobar las cantidades destinadas para material, desde empresas chinas desconocidas hasta autónomos que aportaban guantes o tijeras o supermercados como Mercadona. De esta manera, según el portal de trasparencia, el contrato mayor fue un suministro de 180.000.000 guantes de nitrilo sin polvo por un valor de 15.909.750 euros a la empresa Medline International B.V. (Países Bajos) en mayo de 2020. El 26 de marzo, en comienzos de pandemia, se realizó un pedido de 1.500.000 mascarillas FFP2 y 1.000.000 batas impermeables a la empresa china Shanghai Huanbiao imp. and Exp. co, ltd por 8,5 millones de euros.

Esta empresa de Países Bajos es la que acumuló un 7,7% de todos los contratos, con 22,6 millones de euros recibidos. Mientras que para China-Base Ningbo se llevó 15 millones de euros, un 5% de un pastel que llegó a cientos de empresas como se puede observar en el gráfico.

Distribución del gasto por proveedor JCYL

La Junta cumplió “razonablemente”

Como dato, este pasado mes de septiembre de 2023, el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha detectado un desfase de unos 49,4 millones de euros entre el montante de los contratos de la Junta incluidos en el Registro Público de Contratos y los que constan en el portal de Datos Abiertos para el ejercicio 2020, marcado por la emergencia de la pandemia de la covid. Para el presidente Mario Amilivia, la Junta cumplió “razonablemente” con la legalidad vinculada a estos contratos de emergencia, dadas las circunstancias de la pandemia. Es decir, que el Consejo de Cuentas daba su OK excepto por "salvedades” como que en 71 expedientes no haya habido una concurrencia competitiva o que incluso nueve de los contratos sean “incompatibles con la situación de emergencia”, así como que dos casos no tuvieran relación con la pandemia pero “se aprovechara para adjudicar los contratos, lo que incumple la ley”. El tirón de orejas fue más en Medio Ambiente que en Sanidad.

"Centenares de millones y de contratos"

Igea no duda en soltar un “puf” cuando se le pregunta por la cantidad de dinero que se movieron en esos días para contratar material sanitario, “centenares de millones de euros”, afirma, ya que el consumo de material era muy acelerado y las necesidades muy altas”. Sin embargo, en ningún momento se le pasó por la cabeza que alguien pudiera desde Castilla y León hacer negocio. “Es repugnante lo que está ocurriendo. Es la diferencia entre los que decidimos ayudar y mostramos la gran generosidad de la gente y los que decidieron aprovechar el sufrimiento para forrarse y hacer negocio”. Igea destaca el gran número de empresa, como Cascajares o Renault, que ofrecieron su material sanitario. “Es un contraste moral y político muy importante. Los que apelamos a lo mejor de la gente y quienes apelaron a la avaricia y al lucro personal. Era un momento para sacar lo bueno y lo malo, nosotros vivimos lo mejor, y ahora sale lo malo”, asegura.

Un material que desde los servicios técnicos y desde las secretarías generales de las consejerías habilitadas para la compra del material se encargaron de analizar y determinar la calidad de las ofertas y su adecuación. Un trabajo cualificado que dio sus frutos. Igea no se olvida de todos los funcionarios, altos cargos, trabajadores y técnicos que durante esas semanas se entregaron en cuerpo y alma a la causa.

Con estas cantidades de dinero y con una gestión que en algunas comunidades no tuvo trasparencia, como sí ocurrió aquí, a Igea no le extraña lo que ahora se está viviendo. “Esto es una porquería que se veía venir, pero que sirve para retratar a unos y a otros. La basura de hoy nos tiene que hacer recordar la buena gente que hubo durante la pandemia”, por eso espera que los que se lucraron de manera poca ética “lo acaben pagando” para cerrar el reportaje con un sincero: “Hicimos lo que pudimos y lo mejor que pudimos”.