Un empresario de teleoperadoras acuerda 22 meses de cárcel por defraudar 4,4 millones

La Audiencia de Valladolid sentará el próximo día 30 de junio en el banquillo al empresario del sector de las teleoperadoras C.V.V. por tres delitos de fraude a la Hacienda Pública relativos al IVA de los ejercicios de entre 2014 y 2016 por importe global de 4.458.850 euros a través del entramado de empresas creado.

Todo apunta que la vista se reducirá a una comparecencia en la que el procesado, al que se aplica la atenuante muy cualificada de reparación del año y la atenuante analógica de confesión, aceptará la condena ya pactada y que consiste en un total de veintidós meses de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación para la obtención de subvenciones o ayudas públicas, junto con el pago de multas por importe de 2.622.378 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El procesado, junto con su padre y un hermano ya fallecidos, venía operando desde 2006 en el sector de las teleoperadoras, prestando servicios de telemarketing a las grandes empresas de telefonía, labor que hasta 2013 se realizaba bien directamente, mediante sociedades de su titularidad, o indirectamente, a través de la subcontratación con otras sociedades 'call center' domiciliadas en Perú, también de su propiedad.

Fue a partir de ese año cuando, si embargo, el empresario, de 50 años y sin antecedentes penales, creó un entramado de sociedades con el único fin, según el fiscal y la Abogacía del Estado, de eludir el pago del IVA, como así ocurrió en los ejercicios de 2014, 2025 y 2016, en los que se dejaron de ingresar 531.988, 1.509.787 y 2.417.075 euros, respectivamente.

El primer eslabón del entramado estaba constituido por dos 'sociedades trucha', es decir, mercantiles sin estructura alguna y sin trabajadores dados de alta que facturaban a las empresas de la trama repercutiendo el IVA, pero sin ingresarlo. Se servían para ello de unas declaraciones engañosas, en las que se reflejaban unos IVA soportados inexistentes.

En el segundo eslabón figuraban las denominadas 'sociedades pantalla', constituido por once empresas intermediarias que se deducían en sus declaraciones el IVA ingresado que les habían repercutido las dos anteriores y facturaban a las mercantiles finales de la trama, repercutiendo el IVA. Dichas mercantiles contaban con un elevado número de trabajadores cuyo centro de trabajo, compartido, se encontraba en Valladolid.

El tercer eslabón se hallaba integrado por cuatro empresas beneficiarias finales de la trama que facturaban a clientes terceros, fundamentalmente Jazz Telecom y Orange, repercutiendo el IVA, del que minoraban principalmente los importes del IVA repercutido por las empresas del estadío intermedio.