La crisis climática pone en el ojo del huracán a las personas y crea un nuevo tipo de refugiado: el desplazado climático. El informe Huir del clima presentado por Greenpeace y CEAR solicita al Gobierno español una mayor ambición y la acogida humanitaria de los deplazados por el calentamiento.
En el informe, se pone de manifiesto que, de acuerdo a datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) cerca de 40 millones de personas se desplazaron el pasado 2020 a causa de los efectos de fenómenos meteorológicos y climáticos. Según el responsable de la campaña de Paz y Derechos Humanos de Greenpeace, Javier Raboso, se trata de "un nuevo récord mundial que se suele batir año tras año prácticamente, una tendencia creciente".
"Hoy en día, tres cuartas partes de los desplazamientos internos que se dan en todo el mundo tienen que ver con desastres medioambientales, y específicamente con eventos climáticos relacionados con la crisis climática que vivimos, es decir, que de los 40, aproximadamente 30 millones de personas están siendo desplazadas por el cambio climático", añade.
Igualmente, el informe concreta que las migraciones climáticas se producen en su mayoría como desplazamientos internos o migraciones regionales que afectan también a países ricos como Estados Unidos, donde los incendios y la sequía han producido cuantiosos desplazamientos en la región de California.
Desertificación, incendios y calor en España
Este caso, según advierten las organizaciones en el informe, podría suceder en el territorio español con una "mayor frecuencia" por la progresiva desertificación, las olas de calor o los grandes incendios que ocurren en España por su "vulnerabilidad" frente a los efectos del cambio climático.
Por este motivo, la directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha pedido al Gobierno una mayor "ambición" en los planes para reducir las emisiones y que se comprometa a cooperar con países y regiones que se han visto más afectadas por la crisis climática, que declara "tiene un impacto cada vez mayor en el desplazamiento y las migraciones humanas".
"La elevación del nivel del mar, los ciclones devastadores o las sequías prolongadas afectan más habitualmente y con mayor gravedad a las poblaciones más desfavorecidas, que son precisamente las que menos han contribuido a generar el problema. Por ello, es preciso profundizar en políticas inspiradas en la solidaridad internacional y la justicia climática", concluye.
Ambas organizaciones recalcan en el informe las "dificultades" que viven los países y comunidades con menos recursos, y que "menos han contribuido al calentamiento global", que deben adaptarse a las consecuencias de los efectos del cambio climático entre las que se encuentran la necesidad de migrar, algo que consideran una situación "injusta".
Las peticiones de las ONG
Ambas ONG consideran que desde las administraciones públicas españolas se debe promover el establecimiento de vías legales y seguras en casos de movilidad humana forzada.
Por ello, piden que se conceda una autorización de permanencia por razones humanitarias en los casos de migraciones climáticas internacionales y forzadas, que se traslade a las personas que deseen solicitar asilo desde las embajadas y consulados españoles en el exterior o que se les otorgue protección subsidiaria.
Además, quieren que el actual Gobierno debe presentar un proyecto de ley de Debida Diligencia que asegure los más altos estándares de evaluación y seguimiento del impacto medioambiental y de derechos humanos que tienen las empresas españolas en su actividad en el exterior, en especial en el Sur global.
Desde el punto de vista climático, recalcan que España debe asumir como objetivo de reducción de emisiones para 2030 al menos un 55% por debajo del nivel de 1990 y alcanzar emisiones netas cero en 2040.
Junto con ello, reclaman que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 guíe la acción gubernamental con el objetivo de reducir al máximo los efectos inevitables.
"La llegada de los fondos europeos de recuperación supone una oportunidad irrepetible para impulsar las inversiones necesarias para ello", añaden al tiempo que instan al Ejecutivo español a ejercer la "diplomacia climática" y a que el Plan Director de Cooperación 2022-2025 incorporen la dimensión climática.
A nivel internacional, estas organizaciones piden una "agenda climática urgente" para detener el calentamiento global en 1,5º centígrados, contribuir a la transición justa de los países más desfavorecidos y avanzar hacia una interpretación más amplia e inclusiva de la persona refugiada contenida en la Convención de Ginebra. Y para la UE, exigen que priorice el Pacto Verde, una acción exterior centrada en la cooperación y la diplomacia climática y acuerdos comerciales justos con salvaguardas sobre el clima.