La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avisado de que el consumo de grasas trans producidas a nivel industrial provoca cada año unas 500.000 muertes en todo el mundo, debido a que fomentan el desarrollo de enfermedades.
Así, y tras reconocer que 58 países ya han legislado contra este tipo de grasas, protegiendo así a más de 3.000 millones de personas, todavía hay más de 100 países que no han llevado a cabo iniciativas para eliminar estas sustancias nocivas de los alimentos.
"En un momento en el que todo el mundo está luchando contra la pandemia del Covid-19, debemos hacer todo lo posible para proteger la salud de las personas. Esto debe incluir implantar todas las medidas posibles para prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles que pueden ser más susceptibles al coronavirus y causar una muerte prematura", ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para advertir de que el objetivo del organismo de eliminar las grasas trans en 2023 "no debe retrasarse".
Y es que 15 países representan aproximadamente dos tercios de las muertes mundiales relacionadas con la ingesta de grasas trans. De estos, cuatro (Canadá, Letonia, Eslovenia, Estados Unidos) han implementado políticas de mejores prácticas recomendadas por la OMS desde 2017, ya sea estableciendo límites obligatorios de hasta el dos por ciento para las grasas trans producidas industrialmente, o prohibiendo aceites parcialmente hidrogenados (PHO).
Sin embargo, tal y como ha informado el organismo de Naciones Unidas, los once países restantes (Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Ecuador, Egipto, India, Irán, México, Nepal, Pakistán, República de Corea) aún deben tomar medidas urgentes.
Legislar por la salud
Asimismo, la OMS ha informado de que las nuevas políticas aprobadas e introducidas el año pasado en Brasil, Turquía y Nigeria cumplen todos los criterios de mejores prácticas. "Países, como India, que anteriormente habían implementado medidas menos restrictivas, ahora están actualizando sus políticas para alinearlas con las mejores prácticas", ha argumentado.
Al mismo tiempo, prosigue, las regulaciones regionales que establecen estándares para múltiples países se están volviendo cada vez "más populares", emergiendo como una estrategia "prometedora" para acelerar el progreso hacia la eliminación global para 2023. En 2019, la Unión Europea aprobó una política de mejores prácticas, y los 35 países que forman parte de La Región de las Américas de la OMS/Organización Panamericana de la Salud aprobaron por unanimidad un plan de acción regional para eliminar las grasas trans producidas industrialmente para el 2025.
"Con la recesión económica mundial, más que nunca, los países buscan las mejores compras en salud pública. Hacer que los alimentos no contengan grasas trans, salva vidas y ahorra dinero y, al prevenir ataques cardíacos, reduce la carga en las instalaciones de atención médica", ha asegurado el presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, Tom Frieden.
Ahora bien, a pesar de los avances alentadores, la OMS ha insistido en que existen "importantes disparidades" en la cobertura de las políticas por región y nivel de ingresos del país. En concreto, aunque la mayoría de las acciones de política hasta la fecha, incluidas las aprobadas en 2019 y 2020, se han llevado a cabo en países de ingresos más altos y en las Regiones de las Américas y Europa de la OMS, y pese a que siete países de ingresos medianos altos y 33 países de ingresos altos han adoptado políticas de mejores prácticas, "ningún país de ingresos bajos o medianos bajos lo ha hecho todavía".
La OMS recomienda que la ingesta de grasas trans se limite a menos del uno por ciento de la ingesta energética total, lo que se traduce en menos de 2,2 gramos al día con una dieta de 2.000 calorías. Para lograr un mundo libre de grasas trans producidas industrialmente para el 2023, la OMS recomienda a los países desarrollar e implementar políticas de mejores prácticas para establecer límites obligatorios para las grasas trans producidas industrialmente; invertir en laboratorios para medir y controlar las grasas trans en los alimentos; y llevar a cabo regulaciones regionales o subregionales para expandir los beneficios de las políticas de grasas trans.