Una pequeña y repleta sala en la planta tercera del número 52 de la céntrica Gran Vía ha escenificado el choque. Los contendientes: la empresa tecnológica Cabify y la Federación Madrileña del Taxi. El árbitro: la jueza titular de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego. El objetivo: demostrar si el servicio de transporte que la compañía ofrece a través de su aplicación ejerce competencia desleal contra el sector del taxi. El contexto: un sector del transporte sacudido por las denuncias contra Uber y BlaBlaCar y un colectivo del taxi en pie de guerra por el retraso en la nueva regulación.
En la vista, que ha comenzado con casi una hora de retraso, la firma española se ha presentado como una agencia de viajes que ejerce como cliente de un grupo de 170 chóferes con licencia (frente a las 16.000 licencias de taxi sólo en Madrid). Los demandantes han esgrimido que éstos ejercen en la práctica como taxis y no como profesionales con licencia de coche con conductor (VTC).
Esta primera prueba de fuego llega en un momento en el que el sector del taxi en España ha vuelto a alzar la voz. Esta vez por el retraso en la aprobación del Real Decreto que modificaría el reglamento en relación al alquiler de vehículos con conductor, precisamente el segmento en el que opera Cabify. Las licencias de VTC, su competencia directa, “se han multiplicado por dos en la actual legislatura, alcanzando las 4.300”.
Esta vista oral ha servido para responder algunas de las preguntas en esta particular batalla entre David y Goliat.
¿Quién es Cabify y cuál es su servicio?
La compañía ha presentado ante la jueza sus credenciales como una agencia de viajes que tiene dos grandes vías de negocio. Por un lado, la prestación de servicios informáticos a través de su aplicación a los 238 taxistas registrados en su plataforma. Funcionar como cualquier otra app del sector. “Taxistas que, por otra parte, no consideran que sea ninguna competencia desleal”, recordaba la letrada del bufete Osborne Clarke.
Al otro lado se encuentra el servicio más polémico: trayectos con vehículos con chófer. En este sentido, se describe como una agencia que contrata previamente a conductores. “Los conductores no facturan por trayecto y al usuario final, sino que facturan [a Cabify] un mínimo mensual”, explica la abogada.
Sin embargo, para los taxistas, se trata de una empresa de transporte como tal. “Quieren convertir vehículos negros en blancos y con franja roja… Son taxis”, explicaba el abogado de la federación del taxi. “Actúan como auténticos taxis”, reconoce.
¿Qué alcance tiene en España?
Para contextualizar, hasta ahora la compañía no había ofrecido datos concretos de su flota de vehículos en España. Ante el juez, este miércoles lo ha dado a conocer: 173 conductores con licencia VTC (para coches con chófer) y 238 taxistas regulares. ¿Qué representa esa cantidad respecto al resto del sector del sector del taxi? El abogado del colectivo ha explicado que sólo en Madrid hay 16.000 licencias de las que viven “unas 20.000 familias”.
Si la mantenemos abierta, permitimos que se asienten más y se van a quedar con todo el sector
Esa desproporción ha sido utilizada por Cabify para defender la escasa incidencia de su negocio en el sector del taxi. “El perjuicio económico –para el colectivo del taxi] sería del 0,0005%”, argumentaba su abogada. Desde el otro lado no miran el presente, sino el futuro. “Si la mantenemos abierta, permitimos que se asienten más y se van a quedar con todo el sector”, ha advertido su abogado.
¿Por qué es denunciada?
La denuncia es por competencia desleal. Desde la Federación del Taxi entienden que, pese a su presentación oficial, se trata de una compañía de transporte que utiliza la aplicación como forma para distribuir el trabajo entre su plantilla de conductores. Desde el colectivo tachan de “artificio legal” esa presentación de la compañía con la que quieren defender que no se dedican a poner en contacto a personas con conductores sino a contratar con conductores para después asignar servicios.
Cabify sigue los pasos de Uber y BlaBlaCar.
¿Qué incumplimientos denuncian los taxistas?
La denuncia tiene el foco en dos irregularidades que, a juicio de los taxistas, están cometiendo los conductores de Cabify. La búsqueda de servicios en la calle sin una hoja de ruta predefinida y la aceptación de servicios sin estar en la base de operaciones. Son dos de los requisitos que, según explicaba su abogado durante la vista, están presentes en la normativa que regula la actividad de transporte con chófer. “Se está haciendo una utilización fraudulenta de la aplicación”, resaltaba.
Por su parte, Cabify defienden que los conductores están siempre trabajando para Cabify, tengan o no un servicio asignado, por lo que no existe obligatoriedad de regresar al domicilio fiscal. Aun así, la abogada de la compañía incidió en que dos sentencias derogaron expresamente esas dos obligaciones. “Mientras los conductores están a disposición de Cabify, bajo el servicio continuo y permanente, pueden estar haciendo lo que quieran”, ha explicado.
El procedimiento, según la abogada, es el siguiente: un usuario solicita un servicio para un lugar, una fecha y una hora; Cabify le envía un presupuesto y con su flota de vehículos asigna a uno de sus conductores para hacerla. “Los conductores no facturan por trayecto a sus clientes, sino que facturan un mínimo mensual a la empresa”, recuerda.
¿Ha habido enfrentamientos previos?
Hasta ahora, no han recibido denuncia alguna. Su convivencia, como recordaba la letrada de la compañía, “ha sido pacífica”. “Durante cuatro años han aceptado la existencia de Cabify, sin que haya habido ni un solo requerimiento”, ha explicado. En este sentido, ha recordado que no ha habido ninguna sanción administrativa por las autoridades competentes.
Como prueba presentan un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en el que ésta resuelve que la actividad de la firma “está ajustada a la normativa del transporte y no genera competencia desleal”. Y remata: “Lo que busca esta demanda es que por esta vía se consiga lo que por el cauce administrativo no se ha podido conseguir; lo que el sector quiere evitar es toda clase de competencia”.
¿Qué efectos tendría la suspensión?
Para la compañía, la suspensión implicaría el cierre de su negocio en España. El perjuicio de este cierre supondría, según sus propios cálculos, un coste de unos 7 millones de euros. Para los taxistas denunciantes, no tiene por qué implicar el cierre de la empresa ni la eliminación de su aplicación, sino “el ajuste para que cumpla con la normativa”.
Piden que se suspenda la app para la “contratación inmediata” de servicios que requieren una petición previa y que se elimine la geolocalización de la misma para “evitar la posibilidad de que se asignen servicios a profesionales que no están en sus domicilios [fiscales]”.
¿Cuáles son los plazos?
La de este miércoles ha sido la vista oral frente a la jueza. Ahora deberá ser ella la que determine si, realmente, existe competencia desleal y, por tanto, razones suficientes para la suspensión. Ambas partes esperan que en menos de un mes la resolución esté sobre la mesa. Sin embargo, si hay que atenerse a los antecedentes, los plazos no son tan ajustados. Sólo hay que mirar lo sucedido con BlaBlaCar, cuya vista judicial tuvo lugar en el mismo edificio del número 52 de Gran Vía el pasado 1 de octubre. Está aún a la espera del dictamen.
Como suele suceder después de estas vistas, ambas partes se mostraban satisfechas de la argumentación. Ahora sólo queda esperar a que la jueza de lo Mercantil se pronuncie. La decisión de suspenderla o no sólo será la primera parte de un proceso judicial que se alargará durante meses.