La tecnológica española Cabify seguirá funcionando con normalidad. Su servicio de transporte con conductor tiene vía libre judicial. Al menos, por ahora. La jueza titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha rechazado la suspensión cautelar de su actividad en España. La justificación: su actividad de transporte en España ha tenido lugar durante los últimos cuatro años y, por tanto, ha sido consentida de hecho por la Federación Madrileña del Taxi.
La jueza recuerda en la resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que no caben las medidas cautelares cuando con ellas “se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las que no se han solicitado hasta entonces”. En este caso, precisa que se trata de “una situación de hecho durante un importante periodo de tiempo”.
Cabify arrancó con su actividad en España en 2011. Hoy cuenta, según relataron frente al juez, con 173 chóferes con licencia, frente a las 16.000 licencias de taxi que existen en Madrid, y 238 taxistas registrados que también explotan su plataforma.
La justificación es muy similar a la que el magistrado del Juzgado Mercantil número 2 de Madrid da en el caso de BlaBlaCar, cuya resolución ha adelantado hoy este periódico en exclusiva: los demandantes han convivido durante mucho tiempo con la actividad de las compañías demandadas, por lo que no existe urgencia para la suspensión de la actividad.
Reacciones de las partes
Ante esta resolución, la compañía afirma en comunicado que sus argumentos han sido "siempre claros y su operativa completamente transparente, distinguiéndose radicalmente de otras plataformas". Según ellos, la resolución "concluye que se opera plenamente dentro del marco de la legalidad como lo había considerado previamente la CNMC en distintas resoluciones".
“No cumple con lo que queríamos y no nos gusta; pretendíamos la suspensión porque entendíamos que se estaba incurriendo en competencia desleal”, explica a EL ESPAÑOL el presidente de la Federación Madrileña del Taxi, Julio Sanz. Él reitera que existe posibilidad de recurso ante esta resolución, aunque aún no han decidido si lo presentarán.
Sanz concluye que habrá que esperar al juicio ordinario, en donde esperan, según él, hacer ver al juzgado “que se está permitiendo una actividad irregular”.
Un proceso judicial pendiente
A partir de ahora, el proceso judicial sigue en marcha. Será ahí cuando se sustancie realmente si Cabify incurre, a través de su actividad en la plataforma digital, en competencia desleal frente al taxi. La federación pone el foco en dos supuestas irregularidades: la búsqueda de servicios en la calle sin una hoja de ruta predefinida y la aceptación de éstos sin estar en la base de operaciones. “Su actividad es irregular”, defendió la Federación Madrileña durante la vista orla.
Ante esta denuncia, Cabify se quiso desligar en la vista oral de la economía colaborativa al presentarse como una agencia de viajes que ejerce como cliente de conductores privados. “Mientras los conductores están a disposición de Cabify, bajo el servicio continuo y permanente, pueden estar haciendo lo que quieran”, explicó su letrada el pasado 4 de noviembre.