Una vez más, parece ser que a Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba, no le ha llegado el momento aún de descansar en paz, y es que aunque ella fuese una persona muy previsora en cuanto a la herencia se refiere, tal y como demostró con el reparto de esta en vida, este tema, que tantos titulares ha regalado, sigue coleando.

Y es que si la herencia ya creó problemas entre los herederos por el mayorazgo que aún sigue oficializándose en esta familia, a esto hay que sumarle la guerra abierta entre la Junta de Andalucía y la Casa de Alba. El motivo, el lugar dónde deben tributar los 120.000 euros correspondientes al tanto porcentual que forman parte del último reparto de la herencia que Cayetana no dejó en vida y que al parecer el gobierno andaluz reclama a los herederos, ya que la difunta aristócrata residía largas temporadas en el Palacio de las Dueñas de Sevilla donde falleció, el 20 de noviembre de 2014.

Cabe destacar que desde 2012 el impuesto de sucesiones que deben tributar los andaluces es de un 21'5% del valor total de la herencia, mientras que en la Comunidad de Madrid se establece en valor de lo percibido. Esto hace sospechar que el reparto realizado en vida se hizo para evitar a sus herederos asumir un gasto mayor e innecesario y al que quizá no podrían haber hecho frente ya que en el reparto predominaba el patrimonio frente a la liquidez.

Según han confirmado algunos ex trabajadores del servicio doméstico personal de la noble a JALEOS, la Junta de Andalucía no habría obrado dentro de la legalidad. Los profesionales demandan estar siendo presuntamente acosados por parte de los detectives encargados de demostrar ante los tribunales que los herederos deberían haber tributado en la comunidad autonómica andaluza y no en Madrid tal y como se ha producido a pesar de que la aristócrata estaba empadronada en la capital de España desde que nació, al igual que todos sus herederos.

"Ha sido un atropello, Cayetana desde que nació, al igual que sus hijos, han estado empadronados en Madrid; lo más normal es que tributen en Madrid, no en Andalucía; pero como se trata de la Familia de Alba, hay que buscarle puntilla a todo". Con estas palabras un miembro del servicio que acompañó a la duquesa durante sus últimos alientos ha dejado claro que el proceso al que se les ha sometido tanto a ellos como a lo herederos ha sido exagerado.

"Hemos sufrido acoso por parte de detectives, nos perseguían intentando sacarnos algo para demostrar lo que es imposible de demostrar, querían que pagasen allí algo que no tenían que pagar, deberían haberlo asumido desde el principio; aunque falleciese allí no le correspondía pagar en Andalucía, eso es así".

A pesar de haber intentado hablar con la Junta de Andalucía, no ha habido respuesta, algo que por el contrario, sí hemos podido conocer por parte de algunos trabajadores de la Fundación Casa de Alba que nos han confirmado la existencia de un proceso judicial abierto entre la Casa de Alba y la Junta.

Parece ser que esta ha sido la única vía libre que han dejado a la Casa de Alba, encabezada por el hijo mayor, Carlos Juan Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo (69), para defender los intereses de su familia.

Por otro lado, el entorno más cercano de la difunta duquesa de Alba ha asegurado que este desafortunado encontronazo entre los miembros de la Casa de Alba y el gobierno de Susana Díaz (43) ha sido a consecuencia de la negativa por parte de la aristócrata a recibirla en el Palacio de Dueñas tras su toma de posesión como presidenta del gobierno andaluz, algo que ha sido usual con el resto de presidentes de la comunidad autonómica andaluza pero que con su actual dirigente no ocurrió.

En sus últimos momentos de vida Cayetana suspendió su agenda y no recibía a nadie en Palacio; por eso no la recibió a ella; esto no debió ser del agrado de la presidenta y algunos creen que desde entonces viene esta guerra entre su gobierno y la Casa de Alba.