Ni voluntad política, ni dinero: ¿por qué no interesa la Memoria Histórica?

“Imagínate la gente que cada día pasa por las calles Yagüe, Varela… y piensa: estos son los que mataron a mi padre”. Arturo Peinado es el presidente de la Federación de Foros por la Memoria y dice esto pensando que en esas calles se recuerdan a aquellos que mataron a su abuelo.

Cuando la memoria histórica parecía alejada del debate mediático el Ayuntamiento de Madrid, se propuso renombrar el callejero de la capital. Como contó EL ESPAÑOL, esta medida se debía a que "Madrid ha sido el escenario de una guerra que en total ha dejado a más de 144 mil desaparecidos y 40 años de dictadura, de olvido, de exilio, de miedo y de silencios", como contó Celia Mayer, concejala del área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, durante el pleno donde se anunció la medida. Pero, la propuesta no estuvo exenta de fallos: la corporación de Carmena tuvo errores garrafales al equivocar personajes históricos. Una buena metáfora de que la memoria histórica es más que olvidadiza.

Sin embargo, Madrid ha hecho historia mientras otros olvidan. La amnesia del Gobierno se remonta a 2013 cuando borró la partida presupuestaria destinada a la recuperación de la memoria histórica. En 2007 entró en vigor la Ley de la Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, recoge el Boletín Oficial del Estado. El dinero destinado a esta causa ascendió desde 2006 paulatinamente, hasta llegar a su punto álgido en 2011 con más de seis millones de euros, pero en 2013 el capital cayó en picado, desapareció. Y hasta hoy.

En 2014 se repatriaron los cuerpos de los soldados de la División Azul. En sesión parlamentaria el Ministerio de Defensa aceptó que había colaborado en el proceso. Sin embargo, dos años más tarde este mismo Ministerio ha afirmado a EL ESPAÑOL no tener ninguna información sobre el tema. En ese momento la oposición rechazó al Gobierno la falta de financiación para la exhumación de víctimas de la dictadura. Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, "no se puede buscar solo a unos muertos". 

Respecto a las subvenciones de Zapatero Silva explica que “se dieron para ver si se calmaba el movimiento”. Añade que su colectivo “nunca ha pedido subvenciones, porque se tiene que responsabilizar el gobierno”. En aquellos años y ahora “seguimos haciendo la función que le corresponde al Estado, porque las familias se dirigen a nosotros”, afirma Silva.

¿Qué funciones? Fundamentalmente atender a aquellos que desean recuperar a sus seres queridos. En la Federación de Foros por la Memoria “se hacen publicaciones, labores de difusión, presión política, retirada de calles… También hacemos quincenas de exhumación de las fosas comunes, cosa que no es tan fácil porque nosotros somos voluntarios, desde los arqueólogos hasta los abogados, de modo que aprovechamos cuando tenemos vacaciones”, explica Peinado. Estas labores son parecidas en el caso de la Asociación que preside Silva quien señala que “el trabajo más importante “es la búsqueda de los desaparecidos y, después, buscarles documentación, recibimos un montón de peticiones que debería responder el Gobierno”. Actualmente estas asociaciones sobreviven de las cuotas de los socios y de exposiciones, merchandising…

Durante la época de Zapatero, cuando se aprobó la Ley de la Memoria Histórica, se dotó a las diferentes asociaciones de material (picos, palas...), para que ellas mismas realizaran las exhumaciones. Sin embargo, esta decisión es algo fuera de lo común ya que según asegura Peinado “es el Estado quien tiene que hacerlas, es un tema del que se tendría que ocupar Justicia conforme a los protocolos forenses”.

La Federación de Foros por la Memoria realiza las exhumaciones “en forma de protesta, de manera reivindicativa porque esto no puede estar privatizado”, señala el presidente. El actual modelo responsabiliza a las familias del proceso exhumatorio y, también, de los gastos económicos que se generan de él. Cuando alguien quiere buscar a su abuelo, a su tío ¿dónde acude? La Administración Pública no responde en la mayoría de los casos y llaman a la puerta de las asociaciones. Es decir, el proceso se invierte y la responsabilidad recae sobre la sociedad civil.

¿Esto es normal? Cabe preguntarse si en el resto del mundo se sigue este protocolo. En julio de 2014 la ONU hizo un informe sobre el tema, tras la visita del Relator Especial Pablo de Greiff. El documento buscaba evaluar la situación de las víctimas de la Guerra Civil en materia de: promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Si bien pone como ejemplo la implantación de la democracia en España, señala que “los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación”. El Relator califica de “urgentes” los reclamos de que las familias puedan sepultar a sus seres queridos y critica el modelo de “privatización” de las exhumaciones porque además de las dificultades metodológicas y de homologación, conlleva complicaciones en la oficialización de la verdad. A modo de conclusión, el informe afirma que “la fortaleza de las instituciones democráticas no se puede medir por su capacidad de silenciar”.

La ONU califica de "urgentes" los reclamos de las familias para que puedan sepultar a sus seres queridos por la edad avanzada de los testigos

El año anterior a este informe, el Gobierno de España había invitado al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. El documento que resumía la visita calificaba de “importantes pero tímidos” los pasos para recuperar la memoria, la justicia y la verdad frente a las desapariciones forzosas de la Guerra Civil y la dictadura. Además, el Grupo de Trabajo tras reunirse con centenares de familias destacaba su frustración por las trabas burocráticas y la dificultad para acceder a la información que podría indicarles dónde estaban sus desaparecidos. Uno de los aspectos más importantes del documento reside en la urgencia que señala el Grupo de Trabajo en resolver el tema porque “dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”.

Las asociaciones se basan en estos dos documentos para reivindicar una mayor dedicación por parte del Estado. El segundo informe destacaba las labores que comunidades como Cataluña, el País Vasco o Andalucía desarrollaban en la búsqueda de desaparecidos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, eres gallego, cántabro o alicantino? “En Galicia no te saca nadie, pero en Aragón sí, no es justo”, señala Peinado. “En algunas comunidades hay legislación, pero es limitada por las competencias autonómicas, esto debería ser una política de Estado y una competencia de Justicia”, afirma el presidente del de la Federación de Foros por la Memoria.

Peinado no es el único que piensa así, de hecho el año pasado se reunieron 80 asociaciones de esta índole en Madrid para elaborar una propuesta de ley de las víctima del franquismo. Pero todavía no les ha recibido nadie. “Ningún partido lleva de manera concreta este asunto en sus programas, el PSOE habla de revitalizar la ley y dotarla de presupuesto y Unidos Podemos lo trata de manera general y ambigua”, señala.

La efeméride da una percha informativa pero hay muchas familias que 80 años después tienen heridas sin cerrar. Tanto tiempo después, ¿por qué? El periodista Gorka Moreno ha dedicado parte de su vida a responder a esta pregunta, no tiene ninguna vinculación personal con el tema, pero a través de los testimonios de aquellos que no saben dónde están sus parientes ha comprendido que se trata de “duelos abiertos” y que no se pueden cerrar porque la historia todavía no ha terminado, en gran medida “porque no se les ha dado sepultura”, afirma. Moreno relata la historia de Josefina Lamberto, “un símbolo de la memoria histórica navarra”. “Violaron y mataron a su hermana de 12 años, Maravillas, y también mataron a su padre”, cuenta el periodista. No lograron encontrar a ninguno aunque “había informaciones de dónde estaba su padre, fue imposible encontrar su cuerpo”. En la lucha de Josefina, señala Moreno, gente tanto de izquierdas como conservadora colaboró en la búsqueda. “Mientras haya muertos en las cunetas tenemos una deuda con la sociedad”, sentencia.

Hay que quitarse las banderas y las camisas y ver a las víctimas con nombres y apellidos

La experiencia del periodista le ha llevado a comprender que “independientemente de los colores” la Memoria Histórica se trata de un “gesto de humanidad y civismo” porque “la justicia no entiende de bandos”. “En España nos falta a menudo serenidad a la hora de mirar al pasado, tendemos a hablar con las tripas, pasa con ETA, con la Guerra… Tenemos que comprender que aunque a un hijo de fusilado no le podemos pedir que no lo haga, el resto de la sociedad tenemos que trabajar por unir a las dos españas”, afirma. “Hay que quitarse las banderas y las camisas y ver a las víctimas con nombres y apellidos”.