El Gobierno tiene una urgencia: sobre la mesa hay una sentencia del Tribunal Supremo -que adelantó este periódico- que declara que un real decreto aprobado hace cinco años es ilegal. La compensación por copia privada a los autores no puede cargarse a los Presupuestos Generales y los agentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte están actuando para volver a la normativa europea de 2001. En una restringida mesa de trabajo de tres personas, los técnicos del Ministerio se sientan con Antonio Fernández, director general de Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi).
Fernández se ha mostrado muy beligerante con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estos años de irregularidad, pero su tono ha variado. Valora la voluntad política para corregir la grave situación referente al canon digital. “Existe el derecho pero no la compensación, el Gobierno está en riesgo”, asegura durante esta entrevista, porque en 2015 y 2016 no se ha pagado la compensación de 5 millones de euros a los creadores. Es una situación de absoluta irregularidad para la Comisión Europea, que ya ha advertido por carta que va a auditar el procedimiento del nuevo modelo.
En sus palabras se descubre un actor incómodo: José María Lassalle, inventor del desaguisado que ha pasado al otro lado de la mesa de las negociaciones. Ha dejado de representar los intereses de los autores, para defender los de las empresas tecnológicas. La pelota vuelve a estar en su tejado, los autores esperan que el Gobierno presione a Lassalle para con la ilegalidad de la situación.
¿Cómo van las negociaciones de la nueva Ley?
Hay un nuevo equipo en el Ministerio y hay un ánimo de trabajo positivo. El modelo transitorio que el Gobierno puso en marcha hace cinco años ha sido tumbado por la justicia europea y, sobre todo, por la justicia española.
¿Que sea transitorio resta importancia al daño causado?
Fue la posición del Gobierno en aquel momento y nosotros les avisamos que la norma incurría en graves deficiencias en el contexto europeo. No tuvimos el acierto o la capacidad de hacerles entender que están cometiendo un error y el resultado es un tsunami jurídico de unas dimensiones espectaculares y de un perjuicio económico grave.
¿Son conscientes del perjuicio o han querido restar importancia?
Han querido minimizar el riesgo pero las dimensiones del problema es indiscutible. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea te anula una norma porque es incompatible con la normativa europea, y el Tribunal Supremo declara que es ilegal.
¿Por qué no tuvieron la capacidad de hacerles entender? ¿Cuál es la presencia de las sociedades de gestión en España 2016?
Representamos los intereses de 180.000 creadores. Tenemos un espacio en la sociedad muy importante. Nosotros defendemos los intereses de nuestro colectivo, la cultura.
¿Pero dónde ha estado el problema?
Si hay una sordera… En aquel momento no sólo hubo incapacidad, ni siquiera había voluntad. En estos momentos hay una voluntad clarísima de cambio.
Fernández asegura que antes de nueve meses la nueva ley no estará lista.
Sobre todo hay una sentencia.
Sí, es una situación que marca un antes y un después. Sin la sentencia no sabemos qué habría pasado. El Gobierno no tiene alternativa. Decidió conducir durante unos años con el volante en la derecha y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dicho que conducir con el volante a la derecha es incompatible con la ley. Así que hay que volver al volante a la izquierda.
El ministro dice que es incompatible, pero ¿es ilegal?
Lo que es ilegal es lo que dice el Tribunal Supremo. El Tribunal de Justicia europeo marca una directriz a partir de una consulta, pero quien juzga es el tribunal nacional y dice que es ilegal. Ha anulado el real decreto. El Tribunal Constitucional sentenciará probablemente en febrero sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Propiedad Intelectual y la copia privada. Es decir, el Gobierno sabe que el tsunami puede hacerse todavía más grande si no resuelve antes.
¿Cómo condiciona este hecho el desarrollo de la rectificación?
Creo que el Ministerio de Cultura quiere actuar con rapidez y crear una directiva que cumpla con Europa en la compensación de los autores. Pero entran otros actores dentro del Gobierno, así que habrá que esperar a ver la reacción que tienen esos actores incluidos en la negociación.
¿A qué actores se refiere?
A los representantes en el Gobierno de las industrias tecnológicas y la Secretaría de Estado de la Agenda Digital.
Su responsable es el ex Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle. ¿Qué papel va a jugar en esta negociación?
Bueno, José María Lassalle inició las conversaciones para rectificar la norma ilegal. Él tiene un papel importante porque es el Secretario de Estado de Agenda Digital y representa a los intereses oponentes.
¿Cuál sería la actitud responsable de José María Lassalle, quien creó el problema?
Quien ha creado el problema debe contribuir a resolverlo. Lassalle es consciente de que hay muy poco margen de maniobra. Lo responsable es no ampliar el problema. Si se pone una solución pronto, el problema será del pasado, si no será un problema del pasado, del presente y del futuro. Está en la mano del Gobierno resolverlo. Está en su mano y es una forma de demostrar flexibilidad política. Es un problema que genera un coste político y un coste para las arcas públicas.
Lassalle decía, en contra de Europa, que lo que cuenta son las licencias, no las copias analógicas, ¿está cuestionado un sistema de compensaciones analógico?
Las reproducciones son reproducciones, ya sean digitales o analógicas. Hablamos de reproducciones que se hacen sin autorización del dueño del derecho. Existe un límite que te permite hacer esta reproducción.
¿A quién gravar esa reproducción ilegal?
Los consumidores no pagan. Son las empresas tecnológicas, de acuerdo a la normativa europea, las que deben pagar. No existe un impacto en los consumidores cuando un teléfono de 600 euros se le aplica un 1%. Los grandes beneficiarios de la excepción son nuestros clientes, los seguidores de nuestros clientes. Hay que realizar estudios independientes para cuantificar el daño que se causa. Una vez se determine el daño, se identifican los dispositivos que lo causan y se regulan. Cualquier dispositivo que pueda hacer copias privadas será gravado, sea la tecnología que sea.
Fernández explica que el Gobierno no tiene alternativa.
¿Esa reforma en la que trabajan evoluciona hacia otro modelo?
Sí, porque en 2011 no había una doctrina de justicia de las 12 sentencias que conforman el nuevo modelo de derecho en el nuevo entorno de la sociedad de la información. Hay un modelo que se ha ido adaptando en el resto de Europa. Apostamos por ejecutar un modelo que cumpla la directiva, pero sin hacer experimentos.
¿Cómo es el modelo?
El que paga es el que causa el daño. El que causa el daño es el consumidor, pero el responsable es el que pone a disposición del usuario el dispositivo. Esto pasa en todos los países de Europa. Quedan exentas personas jurídicas y administraciones públicas. Eso no existía en 2011 y hay que adaptarlo. Los costes no pueden recaer sobre la sociedad. Este es el modelo que estamos consensuando con el Gobierno.
¿Es una negociación con el Ministerio o es un asesoramiento?
No negociamos, dialogamos. Las conversaciones que mantenemos son de carácter muy técnico y como no hay margen de maniobra, en las reuniones somos tres personas. No se trataba de buscar un sistema alternativo, pero que cumpla con la normativa. Una cosa es la voluntad política de buscarlo y otra encontrarlo. El ministro lo dijo: no es tiempo de experimentos.
¿Qué ha faltado en estos cuatro años?
En estos años hemos tenido un grave desencuentro con el Gobierno basado en la falta de diálogo.
Desencuentro con el intermediario, la Secretaría de Estado de Cultura.
Sí, eso es. Con el nuevo Gobierno, la situación ha cambiado y nosotros saludamos la nueva comunicación.
¿Para cuándo estará nueva ley?
Hay que montar una estructura jurídica muy compleja. Ahora hay que cambiar el sistema y poner en marcha un real decreto para afinar y desarrollar la ley. La norma definitiva no puede estar antes de nueve meses, pero antes hay que modificar la ley.
¿Será en febrero?
Si fuera por nosotros, sería muy pronto. Pero no somos los únicos jugadores en el tablero. El Gobierno debe actuar con urgencia para corregir la norma anterior, que iba a ser transitoria y se consolidó más de cinco años. No hay otro camino.