Doce de julio de 2011, Congreso de los Diputados. José María Lassalle permanecía en la oposición y encabezó un airado levantamiento contra el canon digital para sustituirlo “por otras fórmulas menos arbitrarias y, por tanto, más justas y equitativas, de remuneración de la propiedad intelectual, basadas en un uso efectivo de las obras y prestaciones”. El PSOE lo apoyó. Cinco años después es decretado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, ahora, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, el Tribunal Supremo exige la retirada inmediata de aquel Real Decreto.
Es el final a un disparate que, en lugar de eliminar la arbitrariedad de la compensación a los autores, la disparó. El año 2011, las entidades de gestión de derechos de autor ingresaban por compensación 115 millones de euros. Nada más llegar al Gobierno, la primera decisión que tomó el PP en mayoría fue perdonar a las multinacionales tecnológicas (equipos, aparatos y soportes materiales) y castigar a los españoles con el pago de la lesión de los beneficios de los autores, por los dispositivos digitales que reproducen obras originales. Y decidieron que con 8,6 millones de euros era suficiente ese año. El resto de la legislatura han compensado con 5 millones de euros.
Nunca hubo una explicación a semejante bajada, nunca una demostración de por qué tomaban esa decisión. Lassalle dijo que el modelo de canon digital estaba “agotado”, que el canon es “abusivo”, que apostaba por un “correcto equilibrio entre innovación y compensación por derechos de autor”. La sentencia del Tribunal Supremo determina que quien abusó de los autores fue quien debía proteger sus intereses desde la cartera ministerial del sector.
Oídos sordos
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que pasó de José Ignacio Wert a Íñigo Martínez de Vigo, se ha olvidado de los creadores españoles. Lo avisó también el Consejo de Estado antes de aprobar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, con toda la oposición en contra. Pero ni Wert ni Lassalle hicieron caso de las recomendaciones del máximo organismo consultivo del Gobierno.
El Consejo de Estado fue muy tajante: “No resulta suficiente para cubrir las necesidades”. Ni atisbo de duda. “No puede obviarse la potencial afectación del mercado interior” que dicha compensación está provocando. Y advirtieron que “este sistema no tiene paralelo en ningún otro Estado miembro”, de la Unión Europea. De hecho, cargó contra la arbitrariedad del sistema aplicado por quienes aprobaron el canon que favoreció a las empresas y operadores.
En junio, la Unión Europea respondió al Tribunal Supremo, que ante las demandas de tres sociedades de gestión de derechos de autor (VEGAP, EGEDA y DAMA), acudió a preguntar al organismo para saber si la norma española era acorde al derecho comunitario. Antes de resolver, preguntaron. Europa respondió: el sistema español se opone a la compensación. Es ilegal.
Indemnización a la vista
Pero la demanda de las gestoras no termina en la retirada del polémico Real Decreto. Los autores piden la compensación de una demanda patrimonial. “Les reclamamos no haber indemnizado correctamente a los dueños de los derechos durante todos estos años, porque el Estado ha incumplido la directiva europea y mal pagado”, explican desde una de las sociedades demandantes a este periódico. El acumulado es cercano a los 400 millones de euros, pero el Tribunal Supremo no ha dictado sentencia sobre este capítulo.
Lo autores están molestos porque, a pesar de la sentencia clara de la UE, el Gobierno no ha corregido las medidas ilegales. Ahora que el TS dice que es inaplicable con cargo a los Presupuestos Generales del Estado debe actuar con premura y corregir. “Llevamos cinco meses con una ley contraria a la directiva europea y no han hecho nada para cambiarla”, añaden. Ahora, tendrán que enfrentarse a un hecho sin precedentes, con la humildad necesaria para reconocer la negligencia, buscar una solución y, quizá, indemnizar.