En el marco de la revolución de Asturias de octubre de 1934, ocho personas, entre ellas la joven Aida de la Fuente, de 16 años, más conocida como la Rosa Roja, fueron fusiladas en la localidad de San Pedro de los Arcos. El periodista Luis Higón, que firmaba en El Mercantil Valenciano bajo el pseudónimo de Luis de Sirval, llegó a la región en las postrimerías del levantamiento obrero, cuando ya había sido sofocado. Apenas habían trascendido detalles sobre la muerte de los camaradas comunistas y él quería destapar la verdad. En su tercer reportaje, el cual nunca llegó a ser remitido a la rotativa del periódico, atribuía la responsabilidad de los asesinatos al teniente búlgaro de la Legión Dimitri Ivan Ivanoff.
El texto de Sirval hizo saltar todas las alarmas del mecanismo de censura, y no sólo eso: el periodista valenciano fue arrestado y conducido al calabozo de la comisaría de Oviedo. El teniente Ivanov, furioso al conocer la redacción de la noticia que le inculpaba directamente, arrastró al reportero hasta el patio del cuartel y, sin juicio previo, le pegó un tiro a bocajarro. El militar búlgaro apenas fue condenado a seis meses de cárcel y el escándalo provocó que intelectuales como Unamuno, Machado o Juan Ramón Jiménez dirigiesen sus protestas al Tribunal Supremo.
Pero lo cierto es que informaciones de esa envergadura no se podían leer en los periódicos de la época: la censura militar implantada durante el bienio radical-cedista hacía impracticable la crítica periodística, que los diarios reprodujesen las reprobables prácticas que habían utilizado las autoridades republicanas para reprimir la revuelta obrera. Incluso se llegó al extremo, declarado el estado de guerra, de censurar un elevadísimo número de cabeceras.
La represión sobre la prensa que se desencadenó en octubre de 1934 fue mayor incluso que la desatada en agosto de 1932 cuando la coalición republicano-socialista suspendió por decreto 120 periódicos, sospechosos de ser críticos con el gobierno, para no publicitar el golpe de Estado fallido del general Sanjurjo. No importó durante la Segunda República el espectro ideológico que dirigiese el país: izquierda y derecha implantaron sucesivas medias de contención y control que convirtió la presunta libertad de expresión en una utopía inalcanzable.
Esa es la tesis que defiende la investigadora Carmen Martínez Pineda en Libertad secuestrada (Última línea), un estudio que analiza cómo se constituyó y cómo funcionó el aparato de censura utilizado por el poder durante la Segunda República. "La libertad de expresión fue conculcada desde el minuto uno [con la aprobación de la Ley de Defensa de la República que permitía ejercer un control tenaz de la labor informativa de los medios]. En el momento en que un periódico discrepaba o vertía una opinión amenazante para el gobierno, se suspendía de forma inmediata, se le privaba de comunicarse con sus lectores", explica a EL ESPAÑOL.
A Martínez le sorprendió hallar bastantes alusiones a este mecanismo gubernamental que cercenaba la independencia de los diarios, pero no un trabajo completo que se sumergiese en una de las más controvertidas actuaciones de la Segunda República. Tuvo que visitar casi todos los archivos de la geografía nacional porque los documentos en los que se basa su estudio están dispersos. La más jugosa, los telegramas en los que el ministro de Gobernación daba instrucciones precisas a los gobernadores civiles, enviados desde finales de 1933 hasta la sublevación de Franco en julio de 1936, no está ni catalogada. "Esos telegramas estaban perdidos, algunos los encontré dentro de una carpetita que ponía: 'Copias sobrantes'", cuenta la también profesora de Lengua y Literatura.
Del aparato monolítico a los periódicos censurados
"La censura de prensa no fue algo coyuntural, que se aplicaba solamente contra las publicaciones extremistas, más belicosas. Fue algo perseverante que se fue reproduciendo durante toda la Segunda República", asegura Carmen Martínez. Independientemente de la tendencia ideológica del gobierno, durante estos años se clausuraron periódicos, se detuvo a periodistas incómodos —españoles y de fuera— y se utilizó a Telefónica o Correos para interceptar llamadas y telegramas de las agencias de noticias.
Pero los tentáculos de la República no se limitaban exclusivamente a territorio nacional. "Las dificultades del Ejecutivo [de Lerroux] para silenciar las publicaciones internacionales lo llevó a adoptar la solución desmedida de suspender el servicio telefónico con el exterior para truncar, así, el suministro de noticias desde las agencias españolas a periódicos extranjeros y, sobre todo, el envío telefónico de las noticias realizadas por los corresponsales y enviados especiales en España", escribe Martínez, apoyándose en documentos que reflejan las quejas presentadas por las embajadas. Otra medida extrema fue boicotear en las fronteras los periódicos más litigantes para impedir su venta en el mercado nacional.
Resulta curioso, asimismo, las diferencias de forma que adoptó la censura si dependía de un gabinete de derechas o uno de izquierdas. Mientras que en el bienio radical-cedista el control de la prensa se caracterizó por un régimen monolítico de severa disciplina, sometida casi siempre a la censura previa y con los periódicos marcados con un escueto cartel informativo de Visado por la Censura; el Frente Popular, por ejemplo, confirió un aspecto desolado a los ejemplares, los mutiló con informaciones reemplazadas por huecos en blanco, letras machacadas que hacían el texto ilegible, la leyenda de Visado por la Censura repetida en casi todas las páginas...
"En la etapa del Frente Popular, ni los métodos de aplicación de la censura fueron tan severos como lo habían sido con el gobierno saliente, ni el gabinete de izquierdas se mostró tan puntilloso para suprimir de la publicación intervenida por la oficina de censura las pistas de su injerencia", cuenta Martínez en Libertad secuestrada. La mayor diferencia entre ambos Ejecutivos fue, por tanto, "el vigor con el que se ejerció el control y, sobre todo, las fórmulas que cada uno empleó para evitar que sus métodos gozasen de publicidad".
Evidentemente, este control sobre la prensa hay que enmarcarlo en el contexto de tensión y extrema beligerancia que se desarrolló en España durante los años 30. Pero la conclusión a la que ha llegado Carmen Martínez con su trabajo es muy contundente: esa República que aprobó el sufragio femenino y muchos más derechos y libertades individuales, "no fue el modelo ideal de democracia que desde ciertos sectores historiográficos, sobre todo de izquierda, nos han hecho creer. Esa República idílica contrastaba con las pruebas; falló como democracia".
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