Cultura rebaja el valor de la propiedad intelectual

“Ahorro de costes para otras empresas usuarias de los derechos de propiedad intelectual, en especial en el sector turístico y de hostelería”. Éste es uno de los objetivos, quizá el más grave para el sector cultural, que ha marcado el Gobierno para las tarifas de los derechos de autor. El entrecomillado pertenece al informe inicial de la memoria del impacto económico de la reforma a la que ha tenido acceso este periódico.

EL BOE acaba de publicar la aprobación de la última pieza de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que salió adelante hace un año sin apoyo de ningún grupo político. “Para cualquiera que conozca el proceso legislativo español entenderá que se ha aprobado con bastante rapidez por lo complicado que es el sector”, ha explicado el Director general de política e industrias culturales del libro, José Pascual Marco, que ha abandonado la convocatoria con los medios para informar sobre la Orden Ministerial antes de finalizar la misma.

La Orden Ministerial se ha tramitado intencionadamente de espaladas al sector cultural, dicen las entidades

El responsable asegura haber consultado a los usuarios y a las entidades. También a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -que alertó de que el borrador presentaba “carencias relevantes”- y al Consejo de Estado. Dice haber introducido las propuestas de ambas entidades, como las peticiones de los otros ministerios (Economía y Hacienda; Industria, Energía y Turismo; y Moncloa). “Se respeta las peticiones de los usuarios y las entidades”, ha dicho Pascual Marco, que asegura haberse reunido con las entidades de gestión semanalmente.

“Eso es absolutamente falso”, explica Antonio Fernández, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), portavoz de las entidades en la negociación. “Sólo me he reunido con él desde agosto, cuando ocupa su cargo, una vez, hace un mes”. Por eso las entidades lamentan que no se hayan considerado las alegaciones que hicieron en su día. “La Orden Ministerial se ha tramitado intencionadamente de espaladas al sector cultural que pretende regular como viene realizando desde el principio de legislatura”, añade.

Los favorecidos

Para los representantes de los autores esta regulación en el método de aplicar las tarifas beneficia al sector tecnológico y al turístico (televisiones, hoteles y bares, principalmente), porque “pretenden una reducción de los costes de acceso a obras y prestaciones”. ¿Por qué? “Porque hay un intervencionismo sobre los precios. Están limitando el libre mercado de la fijación de las tarifas al reducir los límites de la negociación que hemos mantenido hasta el momento con las grandes empresas”, dice Fernández.

Desde el Ministerio de Cultura aseguran que han logrado unas tarifas adaptadas, justas, justificadas y un método transparente

En el texto citado se especifica, además, que se pretende una mayor transparencia y una mejor eficacia en la gestión llevada a cabo por las entidades de gestión. También alertan sobre los “efectos muy positivos en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual”. A pesar de las críticas, Pascual Marco está convencido de que con esta metodología se logra “unas tarifas adaptadas, justas, justificadas y un método transparente”.

Carlos Guervós, subdirector general de propiedad intelectual, ha insistido ante los medios en que esta orden supone “un contrapeso al monopolio” de las entidades de gestión. Éstas lamentan que ahora todo ha quedado a favor del duopolio televisivo (Mediaset y Atresmedia). El técnico del Ministerio asegura también que “no se va a rebajar ni se va a aumentar” el valor de la propiedad intelectual, a pesar de que desde el Ministerio se ha subrayado que este método favorece el desarrollo de la industria cultural.

No se puede regular como le de la gana a la entidad. El contrapeso no tiene por qué significar una rebaja del valor de la propiedad intelectual, aunque tampoco lo niegan

Como dice Pascual Marco, el sector cultural mueve 6.000 millones de euros anuales y esta Orden “trata de regular un mercado para que crezca”. “Lo que tiene que crecer es la tarta de todos y no sólo la de las entidades”, añade. Guervós se mostró más contundente: “No se puede regular como le de la gana a la entidad. El contrapeso no tiene por qué significar una rebaja”, pero tampoco lo niega. El propio representante del sector cultural en la negociación de la norma asume que “nunca puede dejar completamente satisfecha a una de las partes”.

Así se cobrará

La norma apunta siete criterios para aplicar las tarifas que tienen en cuenta los siguientes aspectos y en función de los cuales se cobra: por el grado de uso efectivo del repertorio, por la intensidad y la relevancia del uso, por la amplitud del repertorio de la entidad, por los ingresos económicos del usuario por la explotación comercial de los derechos, por el valor del servicio prestado, por las tarifas establecidas por entidades homólogas en Europa.

Si el hotel, televisión o bar no está de acuerdo con la tarifa recurrirá la resolución ante los tribunales

Y si no se está de acuerdo en las tarifas, los usuarios acudirán a la Sección Primera, compuesta por especialistas, que determinará la validez de las mismas. El organismo debe responder en seis meses. Si el hotel, televisión o bar no está de acuerdo con la tarifa recurrirá la resolución ante los tribunales. “La novedad es que hay un órgano de expertos en la materia que determina el precio justo”, dice Guervós que subraya la intervención del Estado en el mercado. “Se intenta poner la balanza en el punto adecuado: que nadie cobre más de lo que debe y que nadie deje de pagar por un tiempo indeterminado”, añade.

Aprobada a tres semanas de las Elecciones Generales, la Orden insiste en lo que ha sido una tónica en esta legislatura: el enfrentamiento de las industrias culturales con la Secretaría de Estado de Cultura dirigida por José María Lassalle. Junto a las tarifas ha habido enfrentamiento con el IVA cultural, la fracasada Ley de Mecenazgo, reforma de la Propiedad Intelectual (incluido el Canon Digital con cargo a los presupuestos del Estado) y la reforma de la Ley del Cine.