El Ayuntamiento de Madrid promete tener el catálogo del patrimonio en un año

Tras la destrucción de la Casa Guzmán de Sota (Alpedrete) y de la demolición parcial del convento de las Damas Apostólicas, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha ayer la actualización del catálogo de elementos protegidos. José Manuel Calvo, Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, presidió la convocatoria que reunió a medio centenar de especialistas. Con esta primera cita se pone en marcha la revisión del único elemento capaz de proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico de la ciudad, que se mantiene sin poner al día desde 1997.

A la mesa se sentaron los grupos políticos municipales, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, representantes de ministerios, asociaciones de patrimonio, asociaciones vecinales y varios colegios profesionales, desde arquitectos a arqueólogos. Ante la presión de crear con urgencia un estudio serio para desarrollar la protección de estos edificios sin amparo legal, Calvo se comprometió ante los especialistas a tener lista la revisión de los elementos a proteger en un año.

Sin garantías

En esta primera mesa de debate se pudo comprobar, tal y como ha podido saber este periódico, la reticencia de los técnicos del Ayuntamiento a aplicar la Ley 3.13 de protección del patrimonio, a la que calificaron como “demasiado garantista”. Lamentaron proteger demasiado y apuntaron que ya había señalados 19.000 edificios protegidos, aunque no especificaron sobre cuántos. “Quizá estaban más contentos con a desprotección”, cuentan algunos de los especialistas consultados por este periódico, que rebajan la importancia del encuentro a una mera foto a favor de Calvo.

Fue una convocatoria sin concreción, ni metodología. “Fue más para la galería”. Sin embargo, los responsables del Ayuntamiento han mostrado una profunda grieta en el control de la protección del patrimonio tras el escándalo del convento de las Damas Apostólicas y no quieren que vuelva a saltar una crisis similar, precisamente por no haber aplicado con celo garantista.

Por eso choca que Podemos en la Comunidad de Madrid haya hecho alegaciones para fortalecer con más más garantías de protección la Ley que Cristina Cifuentes tiene pendiente reformar. El Tribunal Constitucional tumbó hace tres años ocho artículos por inconstitucionales. A pesar de ello, Cifuentes no ha reformado esos capítulos. La inseguridad jurídica del patrimonio madrileño es evidente ante la falta de la ley de la CAM y el catálogo del Ayuntamiento.

Visualizar la protección

El patrimonio madrileño se vacía. Los edificios históricos se ahuecan hasta quedarse en la cáscara. Lo hemos visto en el conjunto Canalejas, arruinado tras la rebaja de la protección ejecutada por el expresidente Ignacio González, y ahora los madrileños pueden intuirlo. El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una herramienta en su web para visualizar el catálogo de los elementos protegidos de la ciudad. El consistorio ha incluido información al Plan de 1997, el último catálogo que controla la protección de los hitos del patrimonio histórico y artístico de la ciudad.

Llama la atención la desprotección en la que se encuentra una de las zonas más turísticas de la ciudad: la Gran Vía. A pesar del empeño que Luis Cueto, el coordinador general de la alcaldía, pone en hacer de lo cultural un evento turístico, sólo cuatro edificios de la Gran Vía están protegidos al máximo nivel, tal y como se puede comprobar en el callejero de los elementos protegidos. Son el edificio Metrópoli, el Oratorio del caballero de Gracia, el edificio Telefónica, edificio Carrión (con cine Capitol).

Los otros espacios turísticos de Madrid, como la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente y la Puerta del Sol están mucho más protegidos. Por ejemplo, el conjunto integral de la Plaza Mayor está completamente protegida con el máximo nivel. En la Puerta del Sol sólo queda fuera de protección el bloque que hace esquina con Preciados. Lo mismo, en la Plaza de Oriente. En los mapas que ahora se pueden consultar de manera inmediata y abierta, destaca cómo la incidencia comercial y las zonas de negocio para turistas cuestiona la protección del patrimonio.