Los problemas económicos (y políticos) persiguen a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Hace casi un año, en octubre de 2016, el torneo (anunciado para junio de 2017) fue cancelado por escasez de fondos públicos y privados. Era un hecho relevante: la primera vez en la historia que semejante evento multideportivo, en el que compiten 26 países ribereños del mare nostrum, era aplazado involuntariamente.
El Gobierno aseguró que los Juegos se celebrarían (también en Tarragona) exactamente un año después, en junio del año próximo. Y escenificó su voluntad anunciando un convenio en la ciudad de la Costa Dorada el pasado mes de abril, con asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y varios ministros (una gran oportunidad, se dijo entonces, para "estrechar lazos" entre España y Cataluña). Los Presupuestos Generales del Estado no habían sido aprobados todavía (lo fueron en junio).
Transcurrido casi medio año desde entonces, y a falta de sólo nueve meses para el inicio del evento, los fondos prometidos por el Ejecutivo para los gastos operativos no han sido aún transferidos, como confirman a EL ESPAÑOL fuentes del comité organizador (compuesto por el Ayuntamiento de Tarragona y el Comité Olímpico Español). El Consejo Superior de Deportes, por su parte, reconoce estar esperando "los informes pertinentes" para firmar el documento que permita la liberación de 12,5 millones de euros.
Amenazas diversas
Varios factores amenazan el éxito de los Juegos (aunque fuentes gubernamentales y del Comité Olímpico Español dicen estar seguros de su celebración). Primero, la cuestión de los dineros, en la que llueve sobre mojado. Segundo, el 'procés' catalán, que además de distraer la atención de las administraciones públicas podría inducir al Gobierno a retrasar la entrega de las partidas presupuestarias comprometidas hasta después del 1 de octubre (como dice gráficamente una fuente próxima a los promotores, "no olvidemos que el Parlamento catalán se acaba de declarar en rebeldía").
Existe, además, un tercer factor: el relativo desinterés de los aficionados hacia unos Juegos con baja audiencia que para colmo, y como resultado del aplazamiento del año pasado, tendrán lugar durante la celebración de la Copa del Mundo de fútbol en Rusia. (Una decisión bastante discutible desde el punto de vista de la repercusión, como reconocen fuentes oficiales).
4.000 atletas
La aportación estatal a los Juegos del Mediterráneo es de 12,5 millones de euros, un 30% del presupuesto total (además, el Gobierno central ha aportado hasta ahora 3,4 millones). La transferencia debía hacerse en dos pagos del 50%, uno este año y otro a comienzos del próximo (según fuentes oficiales). La alarma en el Comité Organizador, aunque prefieran no mostrar sus quejas públicamente para evitar otro 'incendio' político, es que un evento en el que competirán unos 4.000 atletas no tenga aún dinero para empezar a organizar cuestiones tan esenciales como la seguridad, el transporte o el proceso de acreditaciones.
En palabras de un miembro del comité, "la organización de un evento de estas dimensiones es demasiado compleja como para caer en la improvisación; para que se haga una idea, no están construidas aún ni las piscinas de competición". (Al menos no causan desasosiego las viviendas de los deportistas, ya que se alojarán en el parque temático de Port Aventura).
La organización de los Juegos Mediterráneos de Tarragona redujo ya un 30% su presupuesto, por mor de las referidas apreturas económicas. Abiertos los concursos para diversas licitaciones, confiando en la buena voluntad de algunos patrocinadores, el comité organizador dice que avanza y que puede vivir unas semanas aún sin el dinero prometido. Lo único cierto, sin embargo, es que el CSD sigue esperando "los informes pertinentes" (en pleno 'procés') para liberar el dinero prometido para un evento perseguido por el infortunio y que, de prologarse mucho esta situación, podría verse abocado a un fracaso que nadie dice contemplar.