La juez de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, decidió prorrogar un mes más el secreto de sumario del 'Barçagate' a causa de que el club, ahora bajo el mando de la Comisión Gestora de Carles Tusquets, aún no ha entregado a los Mossos parte de la información requerida sobre el caso, según ha podido saber EFE.
Así, el secreto de sumario se amplía hasta el próximo 10 de diciembre a la espera de que el cuerpo policial, que se presentó el 5 de julio en el Camp Nou para recabar información sobre el caso, reciba los documentos solicitados al Barcelona desde hace meses.
Esta es la cuarta prórroga del secreto de sumario del 'Barçagate', el caso de las redes sociales en el que el club azulgrana habría contratado a diferentes empresas que habrían llevado a cabo una estrategia de difamación, menosprecio y puesta en duda de diferentes actores contrarios a la gestión del ya expresidente Josep Maria Bartomeu y su junta directiva, incluidos jugadores actuales como Leo Messi y Gerard Piqué.
Josep María Bartomeu, en una rueda de prensa del FC Barcelona
La juez de instrucción ve indicios de un posible delito de administración desleal en el caso, denunciado por el colectivo de socios azulgranas Dignitat Blaugrana, y con esta medida pretende salvaguardar la investigación de "cualquier riesgo de desaparición de pruebas esenciales".
No fueron los únicos en tomar la decisión de demandar al club. Jaume Roures también anunció que lo haría "por administración desleal del dinero de los socios" del club para atacarle a él, ya que, según los documentos filtrados, también aparecía entre los afectados. "Esta directiva sigue lo que se ha llamado nuñismo. Estamos en el siglo XXI y hay redes, pueden intentarse estas manipulaciones, pero no creía que fueran tan tontos de no pensar que se acabaría descubriendo", explicó el máximo mandatario de MEDIAPRO.
La auditoría
Al revelarse todo el escándalo, se hizo público que se haría una auditoría para esclarecer los hechos. Los resultados de esta se han retrasado por la pandemia del coronavirus, pero el lunes 6 de julio salieron a la luz para explicar que no hubo ninguna actividad que se correspondiera con una campaña difamatoria.
"Las conclusiones del informe de auditoría de la firma PwC son que, en la contratación por parte del club de diversos servicios relativos a la monitorización y análisis de redes, no se encargó ninguna campaña difamatoria contra nadie, y que no existió conducta corrupta alguna", explicaba el comunicado que hizo público el Barça.
Por si fuera poco, también argumentaban que no se pagó más de lo debido por este servicio. "También se concluye que el valor de los servicios objeto del proyecto contratado estaban dentro de un rango de precio de mercado. Que, aunque en el contexto de la formalización y renovación de los contratos, no se cumplieron con los protocolos de aprobación internos del club, este proyecto había sido informado formalmente, en diversas ocasiones, a la Junta Directiva. Que los trabajos efectivamente realizados por las empresas proveedoras son incompletos, de acuerdo con el encargo y los servicios contratados", aclaraba la nota del club.
[Más información: El Barcelona, en situación límite: 190 millones para no entrar en concurso de acreedores]