La nueva Ley del Deporte está más cerca en España. La última data de 1990 y su actualización era un reclamo cada vez mayor entre clubes, deportistas y especialistas. El Gobierno ya ha iniciado el proceso y, tras meses de trabajo, se ha presentado el anteproyecto de ley con un plazo de enmiendas hasta el 17 de febrero. Sin embargo, algunas reformas como las del Tribunal Administrativo del Deporte han generado cierta tensión en el sector. El cambio planteado se ve como una forma de dar la justicia deportiva al ámbito privado.
El anteproyecto asegura que en la actualidad existe "una multiplicidad de actos que, en muchas ocasiones, han venido dificultando la determinación de cuándo estamos frente al ejercicio de funciones públicas y cuándo ante una actuación de contención y freno de conductas incorporadas al ámbito interno de las diferentes organizaciones".
Por ello, se busca "clarificar" la situación. El anteproyecto habla incluso de "la falta de competencia en el régimen disciplinario deportivo con la salvedad de aquellas sanciones que supongan privación, revocación o suspensión completa de los derechos inherentes a la licencia, así como la modificación de su intervención en los procesos electorales en los términos que se han indicado".
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Estos serán los dos casos en los que intervendrá el TAD, lo que se ve desde algunos clubes humildes como una forma de dejar todo el poder sancionador en manos de las federaciones y ligas. EL ESPAÑOL, en conversación con David Jiménez, presidente de ProLiga, alerta de los problemas para los clubes con menos recursos y la situación de "indefensión" que se puede generar entre estos.
ProLiga busca apoyos en el Congreso
La asociación de clubes, que ya presentó alegaciones al anteproyecto, ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios con el objetivo de trasladar sus inquietudes. El Partido Popular ha sido de los primeros. Y, en conversación con EL ESPAÑOL, Jiménez incide en que pese a pedir que "se reforzara el TAD", en el anteproyecto se ve que "se ha hecho todo lo contrario".
"Eso puede ocasionar que decisiones de carácter sancionador por parte de una Federación te hagan ir a la jurisdicción civil para recurrir o alegar. Un juez con un divorcio y con una tarjeta roja", critica el presidente de la patronal, que también alerta del aumento de costes en el proceso. "Implica los costes de letrado, procurador y las costas si al final no tienes razón. Los clubes, con nuestra categoría y recursos, no van a ir" porque, por si fuera poco, temen que "cuando se quiera resolver ya no te sirve de nada".
El escenario que temen es el siguiente: "Si te quitan tres puntos y quedan siete jornadas para el final, cuando quieran resolver en la jurisdicción civil ya no tendrá ningún tipo de consecuencia. Clubes de Tercera, Primera RFEF y Segunda RFEF no van a acudir", ha subrayado en conversación con este periódico.
No debe caerse en la tentación de excluir al poder público y que quede en un poder absoluto y privado
De igual manera, expertos en derecho deportivo también piden que no se traslade la resolución de estas sanciones al sector privado en su totalidad. José Domingo Monforte, director de Domingo Monforte Asociados y experto en derecho deportivo, afirma a EL ESPAÑOL que "el anteproyecto confirma el interés del legislador de desentenderse de las reglas de juego y su correcta interpretación y desplazarlo a la esfera privada".
"No debe caerse en la tentación de excluir al poder público y que quede en un poder absoluto y privado", remarca Domingo Monforte, y menos teniendo en cuenta la "ineficacia operativa de la Administración de justicia para resolver de forma urgente cautelar y permanente este tipo de cuestiones".
Tras las críticas, fuentes del CSD trasladan a EL ESPAÑOL que "el TAD mantiene una gran batería de competencias, especialmente en el ámbito de la organización de competiciones" y que era "un hecho que había que propiciar una menor saturación del organismo". Pese a los cambios, subrayan que los derechos de los deportistas "están garantizados" ya que podrán acudir a la justicia ordinariamente y también a federaciones y arbitraje. "Lo único que estamos haciendo es homologar la justicia deportiva española con la que posee gran parte de Europa", remarcan a este periódico.
Abrir el sector judicial
Sin embargo, la idea presentada por el Gobierno también cuenta con apoyos (aunque no la manera en la que se va a realizar). Maite Nadal, socio fundador de NF sports law, miembro de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid y socia de Laffer Abogados destaca que la intención no es del todo mala.
Nadal, que remarca a este periódico que en la asociación no todos mantienen el mismo criterio, asegura que "lo que se ha hecho mal" pese a que "la idea" no es "mala". "El hecho de que una alineación indebida se pueda llevar al Supremo me parece una barbaridad. Lo que se hace es eliminar las funciones que estaba llevando el TAD a efectos de que cualquier sanción disciplinaria impuesta por una Federación pueda ser recurrida al TAD", resume a este periódico.
El hecho de que una alineación indebida se pueda llevar al Supremo me parece una barbaridad
Maite Nadal (Laffer Abogados)
Con este cambio, siempre que salga adelante el anteproyecto, se dejan "algunas opciones de irse a la jurisdicción ordinaria o a un órgano arbitral que pueda existir". "No me parece estrictamente mal, pero se ha hecho fatal con una técnica jurídica horrorosa". El problema que surge ahora es que "una suspensión o una alineación indebida puede acabar en el Supremo", un escenario que resultaría sorprendente.
Nadal, que además ha ejercido de árbitro del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, no apoya las críticas por el supuesto aumento de costes: ""El TAD es gratuito y el contencioso-administrativo también, salvo que tienes que pagar abogado y procurador. La jurisdicción también suele ser gratuita. Por cuestiones económicas creo que no va a ser. Muchas de las sanciones ya terminaban ahí".
Además, alerta de que ya hoy en día "los jueces se están encontrando con un divorcio y una reclamación millonaria derivada de contratos de representación". Una situación que preocupa puesto que no es "factible una jurisdicción hiperespecializada".
El gran problema sí que puede ser, como también se ha criticado con anterioridad, que todos los procesos se ralenticen en exceso. "Ahora te contestaban con total rapidez. Y si pedías una suspensión de la sanción, te la podían dar en 48 horas. Era muy rápido. Si te metías en la jurisdicción del contencioso-administrativo, tardas muchísimo más".
El anteproyecto tiene hasta el próximo 17 de febrero para recibir enmiendas. ProLiga ya ha iniciado su ronda de contactos con partidos políticos y asociaciones similares que puedan verse afectadas. El CSD, como recalcan sus fuentes a este medio, deja claro que los derechos de los deportistas continuarán estando protegidos.
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