Reaparece el fantasma del Comité Olímpico Catalán
La Generalitat resucita el órgano "para ganar tiempo" ante un eventual cambio político: "Buscamos explicar con una sonrisa la situación del deporte catalán".
15 diciembre, 2016 00:18Noticias relacionadas
- Marisol Casado: "Las mujeres hemos ido hacia atrás en el liderazgo del deporte"
- El sacrificio de las atletas españolas para el Europeo de Cross
- Enrique Gómez Bastida: "Se han manipulado los laboratorios, los frascos y las muestras"
- Más de 1.000 atletas olímpicos y paralímpicos están implicados en el dopaje de Estado ruso
- Marta Domínguez no acude al primer examen teórico de la Policía: ya sólo opta a agente 'raso'
- Adel Mechaal, suspendido por la IAAF cautelarmente por saltarse tres controles
- "Habría que hurgar para saber qué había detrás de los suicidios en el deporte"
- Raúl Chapado, nuevo presidente de la Federación Española de Atletismo
El 29 de mayo de 1989 se inició el proceso de constitución del Comité Olímpico Catalán, una entidad impulsada por la cercanía de los Juegos de Barcelona y promovida por la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña. Una sentencia desfavorable paralizó sus funciones en 2006, y el último consejo ejecutivo operó hasta 2012. Desde entonces no se sabía nada de su existencia, hasta este mes. Aunque la Carta Olímpica le excluye de cualquier participación internacional, el Comité Olímpico Catalán (COC) ha decidido reactivarse como primer paso para rearmar una estructura deportiva paralela a la española, sin función alguna, en espera de que “el marco político cambie”.
Una candidatura de consenso de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) y la Plataforma Proselecciones Catalanas, avalada por la Generalitat, nombró esta semana a Gerard Esteva presidente y a Xavier Vinyals vicepresidente con el respaldo unánime de la asamblea (65 miembros reconocidos: 49 federaciones, siete entidades y nueve personalidades). La misión del nuevo comité ejecutivo del COC es “ganar tiempo en la construcción de una estructura acorde a lo que pide el COI, por si el marco político cambia”. “Parece una obviedad, pero no lo es, y de hecho sucedió con algunos Estados europeos en las últimas décadas, que tras lograr su independencia no tenían un comité preparado. Nosotros queremos estar listos para cuando suceda”, afirmó a la prensa catalana este martes Esteva tras la firma del acuerdo.
"Sueño independentista"
La secretaría general del Deporte de la Generalitat ha apoyado la candidatura única, elegida oficialmente este miércoles, para reflotar el barco olímpico catalán. Según afirman fuentes gubernamentales a EL ESPAÑOL, “se trata de una traslación al ámbito deportivo de otras iniciativas cuyo principal objetivo es mantener vivo el sueño independentista”.
En palabras de los promotores del COC, en cambio, el objetivo es poner en marcha un proceso para poder ser reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI) cuando la comunidad autónoma, dicen, sea reconocida finalmente por la comunidad internacional.
El acuerdo alcanzado bosqueja un plan que conduzca a una estructura renovada en el próximo otoño: fundamentalmente, redactar unos nuevos estatutos que se ajusten a la Carta Olímpica del COI. Entre los puestos creados por la resurrección del organismo (cuyo presupuesto no ha sido revelado) figura un ‘embajador del deporte catalán’ que promoverá la “internacionalización” del deporte de la región.
"Inviable"
Fuentes jurídicas con experiencia en el ámbito deportivo (y que prefieren guardar el anonimato) señalan a este periódico que “el Comité Olímpico Catalán resulta inviable, tanto desde la perspectiva legal nacional como internacional. Así, el artículo 48.5 de la Ley del Deporte asigna al COE la representación exclusiva de España. Por su parte, la norma 28.5 (anteriormente 29.5) de la Carta Olímpica (norma suprema del COI) establece que la jurisdicción territorial de los comités olímpicos nacionales ha de coincidir con los límites del país, y la norma 30 (anteriormente 31) define ‘país’ como “Estado independiente reconocido por la comunidad Internacional”.
El director de un conocido bufete madrileño aclara que “es cierto que se han aceptado, bajo diversas circunstancias, candidaturas respecto a otro tipo de territorios (estando vigentes otras versiones de la Carta), si bien se trata de entidades reconocidas como Estados al menos por una parte significativa de la comunidad internacional (Kósovo o Palestina), o cuya naturaleza no permite considerarlos plenamente integrados en un Estado (como los territorios no incorporados de Estados Unidos). Este caso no tiene relación con esos”.
Prudencia oficial y modales
Los principales agentes deportivos españoles guardaron prudencia el miércoles, dado el intento de apaciguamiento que promueve el Gobierno respecto al conflicto político con el nacionalismo catalán. Sólo Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), salió a apuntar brevemente que “la Carta Olímpica sólo permite un comité por Estado”. Los modales del COC son educados por el momento: existe, de hecho, diálogo entre el propio Blanco y Esteva. Este último sostuvo durante la presentación del acuerdo revitalizador de la institución que “no buscamos el conflicto; le comunicamos la decisión a Alejandro Blanco (presidente del COE) y queremos tener una relación institucional cordial […] Buscamos explicar con una sonrisa la situación del deporte catalán”.
Después recalcó su compromiso independentista: “Pero una cosa es estar al margen del conflicto y otra no estar preparados”. Una vez completada la nueva junta directiva, el plan olímpico de la comunidad autónoma empezará por aprobar a principios de 2017 un ‘pacto nacional para el deporte’. “Se ha demostrado la unidad de la única candidatura y el apoyo unánime de la asamblea”, afirmó el flamante presidente del COC tras rubricarse el acuerdo: “Estoy muy satisfecho desde este punto de vista”. El objetivo, ahora, es “cumplir el acuerdo que tenemos entre el Govern, la Plataforma y las Federaciones para tirar adelante este proyecto”. Otro motivo de preocupación, esperanza o broma (según se mire) en el proceso de distanciamiento emprendido por la Generalitat catalana.