El proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales deberá empezar su trámite parlamentario en los próximos días, tras ser remitido la semana pasada al Congreso de los Diputados. Es el último escollo que debe superar para comenzar a aplicarse y poder recaudar los 1.200 millones anuales que espera el Gobierno. De este montante, depende en gran medida la financiación de los programas sociales de los Presupuestos Generales de 2019.

Pero no será un trámite fácil, según reconocen a este periódico algunas empresas afectadas y fuentes parlamentarias. De hecho, el Partido Popular ya ha indicado públicamente que rechazará el proyecto por considerarlo un ataque a un sector clave en el desarrollo de España. En el caso de Ciudadanos, el partido naranja ha acusado al Gobierno de inflar las estimaciones de ingresos de este impuesto y todo parece indicar que lo rechazarán.

De esta manera, solo PSOE y Podemos parecen haber comprometido su voto tras sus pactos en los Presupuestos Generales de 2019, lo que les obligaría a buscar apoyo en los partidos nacionalistas y minoritarios si es que quieren sacar adelante el nuevo impuesto. Una baza a la que se agarran las empresas tecnológicas que confían en que el Congreso de los Diputados termine tumbando finalmente una tasa que “solo penalizará a la industria digital”.

Escaso apoyo al PSOE en el Congreso

En el sector reconocen que todo está en el aire, pero que la actual aritmética parlamentaria y los delgados equilibrios del PSOE en el Congreso juegan a su favor. "Podemos tumbó el decreto de vivienda sobre alquileres hace solo unos días en las Cortes", indica un directivo del sector en conversación con este periódico, lo que demuestra que no hay que dar nada por descontado.

Es por ello que, a través de sus patronales Ametic, Adigital y DigitalES, seguirán con su labor de denuncia y -en el caso de las dos primeras- han confirmado este martes que se reunirán con todos los grupos parlamentarios en las próximas semanas para advertirles del daño que esta tasa causará a la industria.

Las patronales del sector tecnológico ya se han reunido con el Ejecutivo y los ministerios implicados en varias ocasiones durante las últimas semanas aunque de momento sin éxito, ya que el proyecto prácticamente no se ha modificado desde su anuncio hace seis meses. 

¿Se podría recurrir a Bruselas?

Con todo, en esta segunda etapa el lobby de las tecnológicas quiere transmitir a los grupos parlamentarios el coste que tendrá este impuesto para la industria. Según un estudio encargado a PwC por Ametic y Adigital, la tasa digital tendría un coste de hasta 665 millones de euros para el consumidor español. Del mismo modo, las empresas verán reducidos sus beneficios en hasta 562 millones y el PIB se recortará en 662 millones de euros, según estas mismas estimaciones.

En cualquier caso, y si no se logra frenar el proyecto en el Congreso, alguna tecnológica no descarta recurrir a instancias europeas para intentar bloquear su aplicación. España es el único país de la Unión Europea que está tramitando un proyecto de tasa digital en estos momentos y sin esperar que haya acuerdo en Bruselas. El tratamiento fiscal es particularmente delicado en el contexto de la unión comercial, por lo que estas compañías creen que las autoridades comunitarias podrían pronunciarse al respecto.

En cualquier caso, estamos hablando de iniciativas aisladas y, de momento, sin base jurídica que están al margen de las principales patronales del sector. Pese a ello, las fuentes consultadas indican que el proyecto primero debería recurrirse a instancias españolas y a sus tribunales y que luego podría pasar a la justicia comunitaria, un proceso que en cualquier caso alargaría la discusión en varios años.

Solo medio año de tasa digital

¿Cuándo podría tardar la tramitación? En el caso de que se lograse aprobar el proyecto, su aplicación quedaría desfasada respecto a los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE). El impuesto que se tramita separado a los PGE estaría en el supuesto más optimista aprobado en junio, incluso si consideramos que Moncloa lo tramitará con la mayor celeridad posible y suponiendo que no encuentre mayor rechazo en el Congreso.

Esto dejaría su aplicación como pronto para el segundo semestre del año, lo que se traduciría automáticamente en reducir los ingresos previstos a la mitad. Como máximo se recaudarían 600 millones en el supuesto más optimista -que equivale a la recaudación de medio año-, una cifra que todo el sector considera sobre-estimada.

Pese a ello, el PGE de 2019 está construido en base a una recaudación de 1.200 millones en el caso de la tasa digital, lo que se traduce en un déficit de 600 millones para este año, solo por esta estimación. Una de las razones por la que todos los expertos consideran que los presupuestos de Pedro Sánchez no son realistas.