La SGAE recicla su imagen pública

Palacio Longoria, sede de la SGAE. Foto: Sergio Enríquez-Nistal.

La SGAE parece que empieza tomar conciencia de la necesidad de revertir su imagen pública, tan estigmatizada. Su nombre, en general, se asocia a un afán recaudatorio que recurre incluso a medios tan escabrosos como el espionaje para imponer los derechos de los autores. Eso va a cambiar (al menos es lo que pretende). A partir de ahora su actividad estará sujeta a un código de buenas prácticas, nombrará un defensor del cliente y no realizará acción alguna de carácter penal contra usuarios individuales personas físicas en el ámbito digital. "Únicamente se actuará contra estructuras empresariales organizadas y donde el nivel de infracción resulte masivo".

Estos son algunos de los puntos de su programa diseñado para 2011, según ha anunciado este lunes Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la entidad de gestión, en el Foro de la Nueva Cultura. Asimismo, Bautista advierte que la entidad está en un "proceso de cambio total".Bautista ha explicado que el citado código de buenas prácticas estará en línea con las principales recomendaciones de la Comisión Nacional de Competencia en lo que se refiere a las relaciones con empresarios que usan su repertorio.

Por otra parte, propondrá a la Administración del Estado una reforma de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual para reforzar su papel de intermediario y regulador de conflictos con la intención de que se produzca una reducción importante "en la litigiosidad que todavía existe".

Junto a estos asuntos, la SGAE solicitará y propondrá que la Administración Pública, a través de agencia especializada, continúe en el examen de la eficacia de los órganos administrativos, AEVAL y mantenga la línea de Auditorias de su gestión del año. Esta Auditoria se añadirá a la que ya se realiza por auditores independientes anualmente y a la que anualmente realiza AENOR.

En ese decálogo de intenciones, la SGAE pretende intensificar la información (o transparencia) de sus sistemas de reparto con una explicación detallada de las reglas que se aplican para garantizar que el dinero que se cobra por el uso de las obras llegue a sus dueños, los autores.

Junto al resto de entidades de gestión colectiva propondrá constituir "una entidad única que aligere los trámites y trabaje de común acuerdo en los términos de las modificaciones que se lleven a cabo para adaptarnos al nuevo marco legislativo que resulte de la aplicación de la Sentencia del año pasado", apunta Bautista.