Performance callejera contra el canon digital. Foto: Sergio González.

Lea el escrito de denuncia contra las entidades de gestión

Tres de las asociaciones fundadoras de la plataforma Todos contra el canon han denunciado ante la fiscalía anticorrupción a las entidades de gestión de derechos de autor españolas y al Ministerio de Cultura. En el escrito presentado les imputan a las primeras los delitos de fraude contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos y apropiación indebida de las cantidades que recaudan para repartir posteriormente entre sus asociados, legítimos titulares de esos fondos. Y al segundo, en concreto a la Subdirección General de Propiedad Intelectual, le acusan de encubrimiento de las conductas anteriores.

Las asociaciones que han promovido la denuncia son la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías. El presidente de esta última, el abogado Josep Jové, ha sido la personada encargada de presentar el documento ante la fiscalía anticorrupción. Jové es un viejo conocido de las entidades de gestión, porque ya les ganó una partida trascendental ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Él interpuso un recurso contra el cobro del canon digital a una pequeña tienda de productos informáticos. La sentencia que puso fin a este procedimiento judicial estableció que en España se aplicaba la tasa en contradicción con la normativa europea, ya que ésta última no contempla su exigencia a personas jurídicas y administración públicas.

Ahora es la cabeza más visible de una nueva batalla, en la que pretende demostrar que no cuadran los ingresos de las entidades de gestión (en concepto de canon) con la cantidades que deben repartir entre sus representados. Son alrededor de 50 millones a los que asciende el desfase. Los datos esgrimidos por los denunciantes proceden de los de la propia Subdirección General de Propiedad Intelectual, de las tablas que reflejan las cifras recaudadas a través de la compensación por copia privada (nombre técnico-jurídico del canon), que grava los soportes vírgenes usados para tal fin. Además se aportan las memorias internas de la SGAE, Cedro, EGEDA, AIE y AGEDI.

Las entidades de gestión no han tardado en reaccionar. Frente a la denuncia de Jové y los suyos han interpuesto una querella por calumnias contra los firmantes del documento. Consideran que "la denuncia es enteramente falsa y calumniosa, sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión". Abierta queda pues una nueva batalla de esta encarnizada guerra.