Si el reglamento de la denominada Ley Sinde es una patata caliente que sacarse de encima, tal y cómo parece que la ha definido el flamante Ministro de Educación, Cultura y Deportes José Ignacio Wert, hay otras en lo musical que arden como el flamígero sol. Y aunque tras leer artículos como el firmado hace dos años por el recién nombrado Secretario de Estado de Cultura José María Lassalle, parece complicadillo que el nuevo gobierno preste atención a la raíz de las críticas hacia el legado de la anterior responsable de Cultura, desde La columna de aire queremos saludarlos enumerando algunos posibles remedios para tal calentura patatil, cambiando de chips, claro. Y es que por aquí pensamos que no se trata de enfriar las patatas musicales de cualquier forma sino, al contrario, de prestar atención a su temperatura, ya que es asunto del que depende su vida o muerte.

Todo el mundo sabe que Internet es un territorio donde el asunto de la propiedad de los bienes musicales se vuelve bastante complejo. Pero es que, además (y al margen de la resbaladiza superficie jurídica), la cuestión de fondo es hasta qué punto a los que crean música puede interesarles que se penalice el libre uso de los bienes intangibles. Castigar a los usuarios de tales bienes, a quienes se interesan y aman la música aunque fuera compartiéndola o escuchándola sin pagar, no parece la forma adecuada de fomentar el enriquecimiento cultural de una sociedad ni el rendimiento de los creadores.

Los problemas de la industria tradicional no provienen en gran medida de un uso picaresco de la red. Provienen de sus propios errores y abusos (precios exagerados, cambios injustificados de soporte, escaso cuidado de contenidos y de continentes, apuesta por valores efímeros, raros cánones...) La red simplemente los ha puesto de manifiesto. Y ahora su oferta ya no interesa como antes. Los movimientos desesperados y contradictorios de los anticuados lobbies de la industria (que a la vez que critican y tratan de paralizar lo nuevo, lo fomentan: véase por ejemplo cómo "colaboran" con las grandes plataformas de streaming) hacen todavía más evidente el hundimiento del viejo modelo, irrecuperable por más que se impongan políticas reaccionarias.

En todo caso los problemas de la industria ya no son lo mismos que los de los músicos. Lo realmente importante para los músicos hoy es cómo generar ingresos en este novedoso panorama de la red en que la música en soporte físico apenas lo hace. Y es a ellos a los que un Ministerio de Educación y Cultura debería ayudar sobre todo. ¿Cómo? Al contrario de lo que promovía la criogenizada Ley Sinde, fomentando el conocimiento y el debate ciudadano, promoviendo nuevos modelos de tasas sobre los bienes de Internet e invirtiendo (bien, claro está) un poco del dinero de todos.

Algo que proponía José María Lassalle cuando ejercía la Oposición era fomentar el debate y el encuentro transparente entre "industrias de contenidos, operadores tecnológicos y usuarios". Tal cosa no estaría del todo mal si se incluyera a los que crean los contenidos culturales y si se observara que los usuarios también generan contenidos y crean en infinidad de maneras. Pero sí, el gran debate cultural es éste que circula en el fondo de proposiciones legales escuálidas como la de Sinde.

Por otro lado, en el aspecto educativo, parece más necesario que nunca instruir sobre Internet y el acceso a contenidos. Podría incluirse en los planes de estudio desde la misma escuela el conocimiento y pensamiento en torno a la propiedad intelectual y sus límites. Y divulgar los procesos y la inversión de trabajo, dinero y esfuerzo individual y colectivo que hay detrás de, por ejemplo, una canción pop. No estaría de más estimular la experiencia musical no compulsiva y el sentido crítico sobre lo que se oye.

El Canon por copia privada o digital es algo que ha generado gran hostilidad del público hacia los músicos y vuelto complicado el encuentro. La gente corriente entendemos que ya pagamos más que de sobra por poder hacer copias y por intercambiarlas. Convendría estudiar y modificar sustancialmente esta ley, incluyendo a otra clase de contribuyentes: los que de verdad se lucran con la producción creativa, el uso y el intercambio, o sea, las compañías telefónicas. Parece sensato, justo y eficaz establecer un impuesto a éstas por volumen de contenidos digitales manejados que revirtiera directamente en parte en los autores y en la inversión pública en el terreno cultural. En menor medida, algo parecido podría meditarse aplicar a redes de contenidos como Youtube, Google, etc.

De la misma manera, sería deseable que el Ministerio de Educación y Cultura diera asesoramiento y facilidades legales a quienes prefirieran compartir sus obras con licencias distintas a las del copyright, como las de Creative Commons.

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Por el contrario, podría experimentarse con modelos como el llamado de Licencia Colectiva del que hablan intelectuales como Michel Bauwens (aquí, puede leerse una entrevista de lo más interesante sobre estos y otros asuntos) por el que se legaliza el intercambio de archivos entre usuarios a cambio de que éstos paguen una pequeña tasa en forma de impuesto, cuyo monto global se comparte según el uso efectivo del material creativo, bien medido.

Se me ocurren diversas maneras de llevarlo a la práctica y seguro que a ustedes se les ocurren muchas otras y mejores:

Por ejemplo, crear una gran red nacional de mediatecas donde, de desearlo el músico, lleguen sus discos antes incluso que a las tiendas y a la red para su uso gratuito con el desembolso correspondiente por parte de las administraciones correspondientes. Paralelamente, una web pública de streaming musical de la que autores (mayoritariamente) y sellos o productores (en menor cuantía) recibieran retribución económica en función de los valores de las escuchas mensuales. Aquí podrían ayudar con su ecuanimidad las operadoras de Internet.

Evidentemente, seguirá existiendo cierta demanda de control de la utilización de la propia música con Copyright. ¿De verdad es tan complicado establecer un control automático en Internet de la subida o uso de contenidos protegidos que no vulnere los derechos ciudadanos?

Tampoco estaría mal revisar (y revelar públicamente) la concesión de ayudas públicas a giras, producciones musicales varias (grandes festivales, por ejemplo), sociedades de gestión, etc., para direccionarlas hacia los músicos de a pie en su día a día. Bienes imprescindibles que se nos pueden facilitar son lugares para el ensayo e intercambio musical, estudios de grabación y edición, salas de concierto para auditorios reducidos con alquileres bajos, etc. Todo ello fomentaría la música sin abusar del público.

En fin. Acabo que me dan las uvas. Son unas cuantas ideas, por si quieren pensar alguna. Todo menos resolver los problemas mediante la persecución de un fantasma llamado piratería.