Hace un par de semanas el Gobierno eliminó mediante un Real Decreto el canon digital, una tasa que gravaba la venta de equipos y soportes técnicos que permiten hacer copias de contenidos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. El Instituto Ibercrea, dirigido por Arcadi Espada, considera errónea esta decisión. A su juicio, el canon ha sido "víctima de la demagogia y el populismo internáuticos".
Ibercrea critica que "Todos contra el canon fue una iniciativa sin auténtica relevancia social, promovida más o menos subrepticiamente por determinadas empresas tecnológicas, que contó con el ruidoso apoyo de blogueros y algunas asociaciones de internautas. Pero llenó de fantasmagórico pavor a las direcciones del PSOE y del PP (cuyo conocimiento de las redes sociales está basado en el mito y en la superstición) hasta el punto de que ambos prometieron en su programa electoral que eliminarían el canon digital".
Y así lo ha hecho el Gobierno de Rajoy pocos meses después de llegar al poder. Hay que dejar claro que no se ha eliminado el derecho de los autores a la compensación por copia privada. Lo que se ha suprimido es la tasa que gravaba estos dispositivos. Ahora esa indemnización se realizará con cargo a una partida a los Presupuestos Generales del Estado, fijada para el año 2012 en 5 millones de euros. Una cifra muy inferior a lo recaudado en concepto de canon digital por las entidades de gestión en 2011: 115 millones de euros.
Ibercrea cree que el nuevo sistema "condona 115 millones de euros anuales a las multinacionales del sector tecnológico, principalmente extranjeras y verdaderas beneficiarias de la existencia de la copia privada, pero no reduce el déficit público; no beneficia a los consumidores de aparatos o soportes sujetos al pago de la compensación, pues estos no han bajado de precio; y, además, perjudica a todos los ciudadanos, quienes tendrán que pagar la compensación, y a los miles de creadores que se han visto privados de sus legítimos derechos, que sí son reconocidos en el resto de países europeos".
Además, denuncia que "el Gobierno ha tirado por la borda un beneficio cultural cifrado en 100 millones de euros, que no producía ningún efecto disuasorio en el consumo. La supresión del canon no ha supuesto ni aumento del consumo ni bajadas de precios en los equipos. Pero sí una caída en las rentas de un colectivo como el de creadores y artistas, al que deberíamos estimular para que continúen siendo activadores del mercado cultural".
Y señala que la nueva regulación fijada en España para compensar a los autores "no se van a imponer en los países de nuestro entorno con la misma facilidad y colaboración del Gobierno que han encontrado en España".