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Presas de la precarización cultural, la ineficacia administrativa y la escasa voluntad política de los últimos tiempos, tres de las filmotecas españolas más importantes contemplan con escepticismo y preocupación su futuro. Algunos trabajadores hablan de procesos de tecnocratización y desmantelamiento (los apocalípticos), mientras que otros (los integrados) no son tan catastrofistas, si bien alertan de varios males sistémicos. En el caso de la sede central de Filmoteca Española, un amplio informe elaborado por especialistas y extrabajadores en el centro denuncia y detalla los desarreglos y complicaciones de la situación actual de la filmoteca madrileña, y que se han visto agudizados tras la sucesión de jubilaciones de los titulares de varios puestos de responsabilidad y especialización –entre ellos la propia dirección del centro–, que de momento no se han cubierto o se ha hecho con funcionarios sin especialización. Hemos hablado con unos y otros, integrados y apocalípticos, sobre esta compleja situación.

Además, trabajadores, sindicatos y usuarios de la Filmoteca de Galicia-CGAI (Centro Galego das Artes da Imaxe) denuncian desde hace semanas el abandono que sufre el centro gallego, que ha visto su presupuesto reducido en un 70% desde el año 2010, así como su personal, y atraviesa su mayor crisis en sus 25 años de vida. Las protestas a las puertas del CGAI han llegado hasta el parlamento gallego, y el propio Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta, se ha debido pronunciar al respecto para negar el desmantelamiento de la institución. La situación del IVAC (Filmoteca de Valencia) también ha entrado en alerta roja, y varios de sus empleados manifiestan su preocupación al entender que la institución fílmica ya no puede ofrecer con garantías la función social, cultural y pública para la que fueron creadas: la conservación, investigación y promoción del cine español. En definitiva, en estos tiempos de desgobierno, el patrimonio cinematográfico nacional se enfrenta a un momento decisivo.

En este post me ocupo de Filmoteca Española, mientras que en sucesivas entregas lo haré de otros centros filmográficos regionales.

Filmoteca Española

En toda crisis hay un momento catártico, un punto de inflexión que revela un cuadro general. El de Filmoteca Española ha sido la jubilación anticipada de Chema Prado, el pasado 31 de marzo, tras 26 años al frente de la institución, pero la situación viene de lejos. Durante la dirección de Prado, la institución recuperó el Palacio de Perales como sede administrativa central, logró que el cine Doré se haya convertido en la sala permanente de proyecciones y, en 2012, abrió las puertas del anhelado Centro de Conservación y Restauración (CCR) en la Ciudad de la Imagen. Prado, con quien he hablado en diversas ocasiones antes y después de su marcha, tiene por supuesto sus propias opiniones sobre el estado actual de Filmoteca, si bien de momento prefiere no hacerlas públicas.

Según denuncian trabajadores que prefieren mantener el anonimato, uno de los más incomprensibles de los males que afectan al futuro de Filmoteca Española pasa por una “clara falta de previsión en su necesaria renovación generacional”. Aquellos que pusieron los cimientos de modernización y expansión desde que se incorporaron a la plantilla de Filmoteca en los años setenta se han ido jubilando en los últimos dos años sin que se haya producido un relevo natural de sus puestos. Debido a su antigüedad, lógicamente son todos ellos cargos de alta responsabilidad: la dirección general (Chema Prado), la jefatura de investigación y restauración (Alfonso del Amo), la organización de los fondos fílmicos (Fermín Prado), el archivo gráfico (Alicia Potes), la cooperación con otras filmotecas nacionales e internacionales (María García Barquero), el laboratorio (Cecilio Vega), la gestión del cine Doré (Antonio Santamarina) y en septiembre se jubilará su programadora (Catherine Gautier). De aquella generación seminal, solo quedará en septiembre uno en su puesto, Ramón Rubio Lucía, responsable del Departamento de Recuperación.

¿A qué se debe esta falta de actuación administrativa frente al previsible “vacío” que se iba a producir en la Filmoteca llegados a este punto? El informe “Filmoteca Española. Un proyecto de futuro”, elaborado por el Grupo 28 de Octubre, señala que, por un lado, la tasa de reposición de plazas públicas en el ámbito de la cultura “ha sido nula” desde 2012 (y así es), a lo que se suma el abandono “del personal y los equipos que llevaban realizando tareas estructurales desde principios de los noventa con contratos temporales o subcontrataciones”. Víctimas de estas prácticas laborales, realizadas desde la empresa Indra (que mediante licitación y contrato público con el ICAA gestionaba el personal de documentación de Filmoteca desde principios de los años noventa), los nueve trabajadores que se formaron a lo largo de los años bajo la tutela del jefe de Restauración, hoy ya no están en la plantilla, pues abandonaron o fueron cesados de sus puestos debido a que nunca regularizaron sus contratos de forma estable. Al menos tres de ellos trabajaron 18 años mediante prorrogación de contratos temporales y sin promoción alguna. Sometido este modelo de subcontratación a concurso público, Indra fue reemplazada en julio de 2015 por la empresa Castor Informática, pues “era la oferta económicamente más ventajosa” (por un importe de 270.000 euros), según el BOE (firmado por Lorena González, directora del ICAA), y sigue aplicando los mismos criterios de precarización laboral.

Prácticas laborales

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Valga señalar que se trata de una práctica no exclusiva de la Filmoteca, sino de un mal endémico de la Administración (como también señalaba recientemente Elena Vozmediano, en su post Calidad laboral, respecto el ámbito museístico), y que se ha venido perpetuando en el tiempo desde el estallido de la crisis. Castor Informática, empresa especializada en laboras de catalogación y documentación, es de hecho la misma compañía que en el año 2014 mediante un ERE despidió a 58 personas contratadas en Biblioteca Nacional, algunas con hasta 17 años de experiencia. La directora del CCR, Mercedes de la Fuente, sostiene que en este sentido la Filmoteca se enfrenta a un “momento crítico”, y reconoce que “todavía no se han ocupado la mayoría los puestos y tampoco se ha mantenido una plantilla estable”, si bien añade que “lo que hay que resaltar es que los trabajadores del CCR son muy profesionales y vocacionales y todo sigue funcionando adecuadamente a pesar de la falta de manos, aunque sea con un esfuerzo añadido”.

A lo largo del tiempo, como denuncia el informe citado, Filmoteca Española ha convertido por tanto una solución eventual –la externalización de servicios esenciales– en una práctica sostenida, pero debido a los recortes de gasto público de los últimos años la situación se ha agravado. La directora del ICAA, Lorena González, acusa a los autores del informe (algunos de ellos se vieron afectados por la salida de Indra) de tener una visión “muy sesgada y subjetiva” y, respecto a la externalización de los servicios, argumenta que “se ha realizado de forma legal” y que en todo caso “es un tema judicializado, que deben decidir los Juzgados de lo Social, pues en el ICAA entendemos que todos esos trabajadores no cubrían puestos estructurales”. La duda es, cuanto menos, fundada: ¿se puede trabajar durante 18 años en una empresa, haciendo lo mismo, sin cubrir un puesto estructural? “Ningún director general, ningún político, ningún dirigente, nadie se ha preocupado de solventar esta situación –sostiene Ramón Rubio, responsable del Departamento de Recuperación y el trabajador más antiguo en el centro–. La contrata se ha ido renovando y el problema fundamental es que no se ha pensado en ello. ¿Qué va a ocurrir con mi puesto cuando yo me jubile? Sinceramente, no lo sé”, explica.

A ello hay que añadir que el trabajo de preservación fílmica pasa en los últimos años por una fuerte reconversión digital que demanda sin duda alta investigación. Este proceso de inmersión digital obliga a los archivos cinematográficos a reconfigurar sus procedimientos de trabajo en consonancia con un nuevo paradigma que atañe a la conservación, la catalogación y el acceso al patrimonio. La ausencia de un laboratorio propio en el CCR, y de la formación técnica necesaria, obliga a externalizar los trabajos de restauración a un laboratorio portugués y hacer contratos específicos con investigadores y expertos, como es el caso de Luciano Berriatúa. En definitiva: el número de trabajadores es hoy escaso, su cualificación no es todo lo especializada que debería y, por tanto, se produce “un gran desequilibrio entre labores y competencias”, según señala un trabajador anónimo.

Voluntad política

El discurso desde el ICAA es que están “refundando” y “profesionalizando” la Filmoteca, si bien el impasse actual de desgobierno político no es el mejor de los escenarios posible. “Es cierto que se ha jubilado gente muy importante –sostiene la directora del ICAA–, pero lo que hay que hacer es trabajar con lo que se tiene y con los recursos con los que se cuenta, buscando soluciones creativas. Es algo que está pasando en todos los sectores de la Administración. No se puede contar con plantillas enormes como antes, hay que modernizar, tecnologizar, gestionar…”. Para De la Fuente, directora del CCR, “lo fundamental ahora mismo es trabajar con imaginación, y aunque es cierto que nos falta gente, estamos trabajando para el futuro: se sigue investigando, se sigue programando, se sigue prestando material, etc. La situación no es tan dramática aunque tengamos mucho pendiente por hacer. A lo que no podemos llegar por falta de recursos económicos, se hace con colaboraciones, que han aumentando últimamente”.

Sin duda, un primer paso para esa “refundación” de la institución fílmica pasa por cubrir la dirección vacante desde hace casi cuatro meses. ¿Quién ocupará el puesto de Chema Prado? ¿Qué perfil debe tener su sucesor? Preguntada al respecto, la dirección del ICAA argumenta que “se trata de una decisión que no concierne a un gobierno en funciones y (que) cuando haya un gobierno tomará las decisiones que deba tomar”. Y añade Lorena González: “Mi punto de vista es que requiere alguien con conocimientos de gestión directiva de alto nivel, porque hay que hacer frente a muchos problemas de gestión, con tres edificios, que van más allá de la programación del Doré o de los fondos del CCR. Hay que gestionar un organismo que ha sufrido un cierto deterioro y debe tener un perfil de estabilidad gerencial, aunque también debe tener el perfil institucional, de representación exterior”. Un trabajador de Filmoteca con un cargo relevante, que prefiere no revelar su identidad, me comenta que “es fundamental que el director del centro tenga un discurso y un criterio, que sepa discernir unas líneas claras de actuación, y para eso debe conocer los propios fondos y jerarquizar su importancia, debe ser, en definitiva, un experto, no un mero gestor”.

Santamarina, que se jubiló de su puesto de gerente del cine Doré hace apenas dos semanas, sostiene que hasta que no entre un nuevo gobierno con la “voluntad política” necesaria, los efectos de erosión en el centro no harán sino agravarse, si bien cree que “la situación está lejos de ser tan catastrofista como pinta el informe del Grupo 28 de Octubre”. Uno de los grandes inconvenientes es que la Filmoteca no cuenta de hecho con un presupuesto específico, pues su naturaleza dependiente del ICAA no permite desligar su partida presupuestaria del resto de actividades del Instituto de Cine, es decir, la concesión de ayudas a la producción. Hoy por hoy Filmoteca ni siquiera tiene un presupuesto o una relación de puestos de trabajo diferenciada dentro del organismo, lo que obstaculiza el análisis de su eficacia desde instancias ciudadanas. Solo a través de los informes que Filmoteca Española envía anualmente a la FIAF (Federación Internacional de Archivos Fílmicos) se puede colegir que la partida presupuestaria de Filmoteca (sin contar sueldos de trabajadores) rondó los 3’5 millones de euros en 2015, en comparación con los más de 6 millones de 2010, y que cuenta actualmente con 65 empleados fijos, tres menos que en 2014. Esto significa que a día de hoy la salvaguarda del patrimonio nacional cuenta con la mitad del presupuesto de, pongamos, el Festival de San Sebastián, y apenas una octava parte del que dispone la Cinemateca Francesa (24 millones), que debería ser una referencia, como acaso lo debería ser para casi toda la política audiovisual española.

La anhelada autonomía

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Es en esta circunstancia de dependencia respecto al ICAA, a su vez dependiente del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, donde reside la “madre del cordero”, en palabras de Santamarina: la necesidad de dotar a Filmoteca Española de una autonomía jurídica y de actuación equivalentes a la de la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado o el Reina Sofía. Pero esto no acaba aquí: cuando Chema Prado se jubiló, el ICAA anunció, para poco después retractarse, que convocaría un concurso público para la plaza de la nueva dirección del centro. Por iniciativa propia, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, me citó en su despacho el 15 de abril para contarme sus planes para Filmoteca Española frente el actual “vacío directivo”. Además de ratificar la convocatoria de un concurso público en aplicación del código de buenas prácticas para cubrir la plaza del director de la Filmoteca, “con el fin de evitar un nombramiento político para una institución que debe estar desligada de lo político” –concurso que no se ha producido ni tiene visos de producirse, al menos mientras no haya nuevo Gobierno–, propuso el diseño de un ambicioso proyecto que supondría el cambio de modelo deseado para Filmoteca Española, esto es, “dotarla de una ley propia y convertirla en organismo autónomo para buscar patrocinios e inversiones externas”.

Con una financiación de naturaleza mixta, el nuevo modelo que propone Lassalle “implicaría la creación de un Patronato”, con la elección de un presidente por plazo de cinco años, como en el Reina Sofía. “La idea es convertir la Filmoteca en el eje de gravedad alrededor del que desarrollar un relato del cine español –argumentaba Lassalle–. Creo que la Filmoteca no debería tener solamente las funciones que tiene ahora, alrededor de una constelación de restauración y conservación fílmica, y las actividades del Cine Doré, sino ir desarrollando una actividad pedagógica y de investigación”. En ese ramillete de actividades, Lassalle va más lejos, y propone la creación de dos cátedras: “La cátedra Luis Buñuel articularía la proyección internacional, sobre todo iberoamericana, del patrimonio español, mientras que la cátedra Luis García Berlanga articularía todo un proyecto de estudio de la historia de nuestro cine, con cursos de doctorados, seminarios especializados, etc.”. Propone también la creación desde la cátedra de un Diccionario del Cine Español, “con todas las entradas que identifican al cine, personales y conceptuales”, si bien una obra de naturaleza similar ya se editó en 2011, el Diccionario del Cine Iberoamericano, que era la culminación de un trabajo de más de ocho años en colaboración con 22 países y auspiciada por la SGAE.

Especialmente desde la inauguración del CCR, un proyecto extraordinariamente necesario y ambicioso para la preservación del patrimonio fílmico, la propia estructura de Filmoteca Española está pidiendo a gritos liberarse de las ataduras burocráticas y obtener mayor libertad y recursos para su gestión. “Ese es sin duda uno de los retos que tiene la Filmoteca en este nuevo período que se abre, pero es una decisión política”, sostiene Lorena González. “La autonomía es importante, pero más aún es la dotación de recursos y presupuestos acordes con la gestión que requiere el centro”, señala De la Fuente. Lassalle confía en que un modelo de patrocinios “por parte de grandes empresas interesadas en garantizar el patrimonio de nuestro cine” equilibraría las necesidades financieras. Pero si una de las líneas programáticas de la política cultural del Gobierno, como anunció hace cuatro años, era la aprobación de una Ley de Mecenazgo que nunca se produjo, ¿con qué mecanismos fiscales cuentan ahora esos posibles (aunque dudosamente existentes) inversores altruistas interesados en garantizar la supervivencia del patrimonio fílmico?. “Es un proyecto muy ambicioso pero tampoco necesita tanto dinero y apenas un año de tramitación –añadía el secretario de Estado de Cultura–. Todo dependerá de la voluntad de los que estén al frente del Ministerio. El diseño conceptual está realizado, el plan de articulación también, falta la voluntad política”. La pregunta es inevitable, ¿por qué se va a hacer ahora lo que no se ha hecho en cuatro años de mayoría absoluta? Verba volant, scripta manent.

Algunas conclusiones

El primer paso, como en casi todo, es la conciencia política. O mejor, la necesidad de prescindir de ella. El patrimonio cinematográfico español es un bien histórico y cultural que define nuestra identidad como nación, y por lo tanto debería mantenerse al margen de disputas políticas y afiliaciones ideológicas. De ahí que, como prácticamente todas las personas e instituciones consultadas convienen, debe poder desarrollar plenamente su función de manera autónoma, sin depender de direcciones y subdirecciones con criterios cambiantes. El nuevo equipo de Gobierno que salga del actual mercadeo de sillones debería por tanto tener la determinación de equiparar el patrimonio cinematográfico al mismo estatus jurídico que el resto de las artes y otras instituciones patrimoniales de referencia como son la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado. Hasta que esta situación no se resuelva, la Filmoteca Española seguirá sin capacidad de maniobra para “refundar” su situación, a expensas de intereses y criterios de actuación de naturaleza laxa, es decir, política.

La falta de previsión y la dejadez administrativa en la gestión de Filmoteca Española –y en esto la responsabilidad ha sido, primero, de los Ministerios de Cultura y Hacienda, después del ICAA y, por último, de la dirección de Filmoteca– ha sido realmente flagrante. Las prácticas de subcontratación a empresas de gestión privadas han carecido de la necesaria conciencia para asumir la gestión de un organismo que, no se puede olvidar, es un servicio público, que se debe por tanto al ciudadano y al patrimonio colectivo. Sin duda, la institución siempre debe estar por encima de las personas (y su personal laboral), pero el argumento oficial para la contratación de estos servicios, como queda claro en el BOE, ha sido exclusivamente financiero –“ser la oferta económica más ventajosa”–, lo que no ha permitido consolidar a las personas que han sido formadas durante años en el centro filmográfico, y que no deja de representar un evidente despilfarro de dinero público en años de formación. El patrimonio filmográfico es muy frágil, mucho más que el de otras artes, y requiere para su preservación de personal altamente cualificado que sepa cómo interpretarlo y ponerlo en valor.

Más grave aún que la ausencia de previsión y las dudosas prácticas laborales ejercidas desde el ICAA –pues en ello, la dirección de Filmoteca no tenía ni tiene capacidad de maniobra jurídica–, y que afectan en todo caso al conjunto de la Administración, es la evidente carencia de recursos en Filmoteca. Debería invertirse en los centros de conservación filmográfica como se invierte en otras áreas de recuperación y preservación del patrimonio, y eso está muy lejos de producirse, pues no en vano el Centro de Arte Reina Sofía, por ejemplo, y a pesar de los recortes, gasta anualmente en adquisición de obras de arte, según los Presupuestos Generales del Estado, más dinero que el presupuesto total con el que cuenta Filmoteca Española. Esto responde al ninguneo tradicional al que políticamente se ha sometido al arte cinematográfico –ni siquiera considerado un arte, sino una actividad de ocio– frente a otras expresiones artísticas y creativas. Se olvidan de que el cine ha construido por sí solo el imaginario cultural del siglo XX, y que a día de hoy es el arte que mejor representa la sociedad en la que vivimos. Su legado es una ventana a nuestra historia, a nuestra identidad y, para quien sepa interpretarlo, a nuestro futuro.

A pesar de los pesares, la situación de limbo actual –el desgobierno de España y una Filmoteca sin cabeza directiva– coloca en todo caso a la institución filmográfica en una posición hasta ventajosa. Ahora se presenta la coyuntura adecuada para replantear seriamente su futuro, construir sobre los cimientos y el terreno abonado (a pesar de algunas pérdidas irreversibles), y dotar a la institución del estatuto que merece. Si los nuevos gobernantes son capaces de ver y escuchar los gestos de auxilio, y de emitir un diagnóstico certero, se habrá logrado algo importante para revertir la erosión institucional de varios años de ineficacia administrativa. Que así sea.