El interés económico y la protección del patrimonio histórico no siempre son compatibles. La Junta de Andalucía quiere que para iniciar una “intervención mínima” sobre un bien inmueble incluido en el Inventario del Patrimonio Histórico Andaluz no sea necesario su visto bueno previo; con una “declaración responsable” sería suficiente. El Gobierno andaluz ha modificado la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía para introducir este cambio, con la intención de agilizar los trámites de obras y rehabilitaciones y, así, estimular la economía en el contexto de la crisis provocada por el coronavirus.

El Ministerio de Cultura, que ve peligrar la conservación de numerosos monumentos andaluces al eliminar el control previo de la administración autonómica, ha impugnado ante el Tribunal Constitucional esta medida del ejecutivo andaluz, incluida en el decreto-ley 2/2020 del 9 de marzo, aprobado justo antes del estado de alarma, pero cuando ya se preveían las consecuencias económicas que traería consigo la pandemia de Covid-19. Hasta que el TC se pronuncie en un sentido o en otro, la modificación ha quedado en suspenso.

La supresión del control previo por parte del Gobierno andaluz solo afectaría a “intervenciones mínimas”, es decir, “obras interiores que no afecten al subsuelo, a la estructura y configuración arquitectónica ni a elementos decorativos del patrimonio histórico”. No obstante, el Gobierno de España considera que “esta regulación vulnera la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la exportación y expoliación prevista en el artículo 149.1.28 de la Constitución española” y que los perjuicios que puedan producirse por la aplicación de esta reforma “pueden ser de difícil o imposible reparación”.

También ha criticado la reforma andaluza Hispania Nostra, la principal asociación que vela por la conservación del patrimonio histórico español. Lo ha hecho con un manifiesto en el que expresa una “gran inquietud” y en el que señala la posibilidad de que Madrid también intente aplicar una reforma similar a la andaluza. “Las ‘declaraciones responsables’ suponen un riesgo inaceptable de pérdida irreparable de bienes de nuestro patrimonio cultural y natural, con el consiguiente perjuicio al conjunto de la sociedad”, continúa el manifiesto, al que se han adherido con su firma más de 700 particulares y 82 entidades.

Víctor Antona, director del comité científico de Hispania Nostra, lo expresa de manera más directa: “Una vez hecha una intervención en un edificio histórico, hay poco margen de maniobra para dar marcha atrás”. Especialmente si se trata de demoliciones: “A veces en edificios en mal estado de conservación, es más sencillo tirar las estructuras que están mal y construir unas nuevas”. En opinión de Antona, no suele tratarse de actos de mala fe, sino de restauraciones mal hechas “por simple desconocimiento” o “falta de sensibilidad” de los responsables de la intervención.

Hispania Nostra entiende la necesidad de agilizar los trámites para no entorpecer la marcha de la economía, pero en su manifiesto recuerda que “la mejor manera para agilizar la tramitación de cualquier expediente son las administraciones eficaces, dotadas de los recursos materiales y humanos necesarios”. “Estos atajos no conducen a ningún sitio y ponen en peligro un patrimonio que es de todos”, añade Antona.

Los hombres de rojo (y negro)

A pesar de todo, Víctor Antona considera que el cuidado del patrimonio histórico español ha mejorado mucho en los últimos años. "El patrimonio histórico importa cada vez más a la sociedad y a los poderes públicos", señala Antona. "Tenemos un país con un patrimonio inmenso, es una de nuestras grandes riquezas, y debemos intentar que no se pierda nada. El objetivo de Hispania Nostra es implicar a toda la sociedad en su defensa".

Para ello, la asociación utiliza la vieja e infalible táctica de la zanahoria y el palo. Por una parte concede, en colaboración con la Fundación Banco Santander, los Premios Hispania Nostra para destacar las mejores actuaciones en materia de conservación y recuperación del patrimonio histórico. Por otra, el comité científico de Hispania Nostra que coordina Antona elabora desde 2007 la Lista Roja, donde se señalan aquellos monumentos en grave peligro de desaparición si no se actúa de inmediato para impedirlo. Ahora mismo forman parte de ella algo más de 800 monumentos. Otros 168, ya fuera de peligro, han salido de ella para engrosar la Lista Verde. Lamentablemente, otros 8 monumentos forman la Lista Negra, donde acaban los ya desaparecidos o aquellos en los que se han "alterado sus valores esenciales de manera irreversible". La última incorporación a esta lista fue, en 2019, la del palacete de los condes de Benahavís, edificio del Centro Histórico de Málaga (considerado en su conjunto Bien de Interés Cultural), construido en 1894 por Eduardo Strachan, autor de la calle Larios. Según Hispania Nostra, el emblemático edificio, conocido popularmente como "La Mundial" por el nombre de la pensión ubicada en él durante las últimas décadas, figuraba en el catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Málaga, pero se le retiró la protección para proceder a su demolición y construcción de un hotel de 10 plantas proyectado por el arquitecto Rafael Moneo, lo que la asociación tilda de "operación urbanística y especulativa".

A pesar de actuaciones como esta y el intento de reforma de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, Víctor Antona considera que el cuidado del patrimonio histórico español ha mejorado mucho en los últimos años y que no es motivo de alarma el aluvión de incorporaciones que se han producido desde el mes de junio a la Lista Roja. Este repunte se debe simplemente, aclara el experto, a la reanudación de la actividad del comité encargado de estudiar los casos, tras el parón de la pandemia. Estos son algunos de los edificios recién incorporados:

El templo románico de Santa Quiteria de Sibirana (Uncastillo, Zaragoza)

Esta ermita del siglo XII, que se encuentra en un valle prácticamente virgen de la comarca zaragozana de las Cinco Villas, ha resistido en pie durante nueve siglos pero puede que no le quede mucho más. En estado de abandono, se encuentra afectada por el derrumbe total de su techumbre, parte de una fachada, el expolio de algunos de sus elementos y la presencia de grafitis en su interior.

El acueducto de Zarzadilla de Totana (Lorca, Murcia)

Con una longitud de 23 km, se trata de una ambiciosa obra de ingeniería del siglo XVIII que está muy ligada a Lorca y al regadío de toda la región de Murcia. En 2006 se aprobó su restauración pero esta no se ha llevado a cabo y el acueducto sigue en estado de abandono. Pese a su importancia patrimonial e histórica, no goza de ninguna protección legal, y a lo largo de dos kilómetros desde su inicio en Zarzadilla necesita ser intervenido, especialmente los arcos, que se encuentran en mal estado o muy malo, según el tramo.

Ermita románica de San Pelayo y Soto Mazuelas (Valderrábano, Palencia)

Las ruinas de este pequeño templo, que Hispania Nostra considera “una joya” del románico, se encuentran el caserío de Mazuelas, finca agrícola actual. La portada de la ermita muestra restos de un románico primitivo y rural, fechado a finales del siglo XII. No tiene ninguna protección legal específica. La cubierta prácticamente ha cedido por completo en la parte de la nave, conservándose todavía parte en la zona del presbiterio. De la portada destacan las decoraciones del arranque del arco en forma de cabezas, así como los cimacios (elementos que rematan las columnas) del resto de arcos con roeles y aspas.

Yesería de Tòfol (Vilaverd, Tarragona) 

Este extraordinario ejemplo de yesería industrial del siglo XX recientemente se ha declarado BCIL (Bien Cultural de Interés Local), pero eso no ha comportado ninguna acción concreta para conseguir su salvación. Hace un par de años se vino abajo parte del tejado, cayendo justo encima de una parte de la maquinaria que se conserva. Últimamente, además, la puerta de acceso que la protegía de entradas indeseadas ha sido derribada, pudiendo acceder cualquiera al interior. Presenta, por tanto, un serio peligro de desaparición por ruina.

Castillo de la Encomienda del Víboras (Martos, Jaén)

Situado en los territorios de la antigua ciudad romana de Bora, este castillo se levantó en el siglo IX para la defensa de la población rural musulmana que se encontraba en los alrededores. Fue conquistado en 1226 por Fernando III y entregado en 1228 a la Orden de Calatrava, que lo reforzó y le dio el aspecto actual. Se encuentra abandonado desde el siglo XVI. Desde entonces ha sufrido un incesable expolio; ha estado expuesto a actos de vandalismo y también a la erosión, que han destruido varios paños de murallas que hoy prácticamente ya no existen, al igual que están destruyendo los aljibes y el silo de grano, cuyos muros cada día tienen más grietas, menor grosor en las paredes y presentan más derrumbes, conduciendo irremediablemente a la ruina del histórico castillo.

Castillo de Carpio-Bernardo (Villagonzalo de Tormes, Salamanca)

Este castillo del siglo XII fue en su momento una plaza fuerte disputada entre castellanos y leoneses. Hoy en día, los continuos usos como pista de motocross y de quads, aprovechando el montículo de los restos como pista y plataforma de saltos, han provocado desprendimientos de sillarejo y su amenaza de ruina total.

Colegio de gramáticos (Toledo)

En sus aulas se impartían desde 1623 clases de gramática y canto, orientadas hacia la carrera sacerdotal. Después fue Escuela Nacional y cuartel de la Guardia Civil. Hoy se encuentra abandonado a su suerte y en estado de ruina progresiva. Los tejados semiderruidos, por los que entra la lluvia, y la inexistencia de ventanales en las aperturas están contribuyendo a la degradación del espacio interior en este inmueble de titularidad pública. Además de este, otros seis monumentos de la provincia de Toledo han entrado este año en la lista roja de Hispania Nostra.