[caption id="attachment_481" width="560"] Fachada del Teatro Español en la madrileña plaza de Santa Ana[/caption]
El futuro director artístico del Teatro Español de Madrid, el que sustituirá a Natalio Grueso, se decidirá mediante licitación pública, según las bases que publicará el Ayuntamiento en los próximos días. El gobierno municipal ha decidido aceptar la propuesta de IU de seguir el procedimiento que instauró el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) para la gestión y elección de los directores de sus teatros, el llamado Código de Buenas Prácticas. Es una manera de limitar la extraordinaria facultad que tienen los políticos para nombrar cargos de confianza en las instituciones culturales y aplicar en su lugar un sistema de selección que, al menos, exige al postulante poner por escrito lo que aspira a hacer.
También este Código de Buenas Prácticas va a exigir del empleador que escriba qué perfil de director busca y para qué. Madrid Destino, la empresa de la que depende el Teatro, deberá redactar los estatutos del Español. Por raro que parezca, y desde que el Teatro tiene titularidad municipal, o sea, desde 1849, ninguno de los gobernantes de Madrid se ha preocupado de explicar a sus ciudadanos por qué el Ayuntamiento es propietario de un teatro que emplea a un buen número de artistas y técnicos y para qué. En realidad, la mayor parte de su historia ha estado arrendado a compañías de actores y, tras la guerra civil, pasó a ser gestionado por el Estado, que lo integró en la red de teatros nacionales. Ni siquiera cuando se amplió recientemente -con una sala pequeña (107 butacas) y tres nuevos espacios polivalentes en el complejo Matadero- sus responsables explicaron por qué se crearon y qué espectáculos iban a acoger.
Sin embargo, estos estatutos, a los que supuestamente deberían ahormarse las propuestas de los aspirantes, no estarán redactados a tiempo para la convocatoria pública, explicó a El Cultural Timothy Chapman, director de cultura de Madrid Destino. La empresa del Ayuntamiento sí señalará en la convocatoria unas bases mínimas en consonancia con las líneas generales que debe seguir el Teatro, de forma que el equipo de Madrid Destino pueda desarrollar con calma sus estatutos.
Más vale que se tomen su tiempo en repensar el papel que el Ayuntamiento, -el mayor empresario teatral de la ciudad (gestiona 13.000 butacas) en la actualidad-, asigna al Teatro Español dentro de su política cultural, así como los objetivos que debe cumplir: ¿debe educar o ganar público? ¿Animar la industria teatral o ser centro de investigación de nueva tendencias escénicas? ¿Ser escenario de artistas internacionales o servir a los artistas locales? ¿qué es un teatro de la ciudad? Etc, etc, etc…
Por lo pronto, los candidatos no lo van a tener muy complicado, deberán presentar un proyecto artístico de acuerdo con esas mínimas líneas generales que probablemente estén todavía vírgenes e impermeables de contenido político. Corresponderá a un comité de expertos y profesionales valorar las mejores candidaturas, en base al proyecto que presenten y a sus méritos profesionales. Su decisión no tendrá carácter vinculante.
El seleccionado será director artístico y, por tanto, responsable de la programación de los espacios dependientes del Español, y su labor estará claramente definida y diferenciada de la del gerente del Teatro, cargo que ocupa María Andura (que fue nombrada por Mario Gas, predecesor del actual director, Grueso). Según la convocatoria para la dirección de las unidades de producción del INAEM, que es el modelo a seguir según Chapman, el seleccionado permanecerá en el cargo durante cinco años, prorrogables otros tres. En realidad, el Ayuntamiento ya ha seguido este modelo de licitación pública en otras instituciones, concretamente en la selección de Rafael Sanz para director de la Banda Sinfónica Municipal, puesto para el que se postularon 50 candidatos.
La feliz prensa de que gozan los Códigos de Buenas Prácticas estriba en que son un procedimiento que pretende desvincular las instituciones culturales de índole pública de los gobiernos políticos de las que dependen, y establecer un mayor control de su gestión y de la actividad que desarrollan. Es importante garantizar la continuidad de los gestores culturales con independencia de que el político que lo ha contratado continúe o no al frente del gobierno. En el caso del Teatro Español, parece que estará asegurada, ya que el contrato del seleccionado no coincidirá con la actual legislatura política. También es importante el consenso de los grupos políticos respecto al seleccionado y, en este caso, todos los partidos se han puesto de acuerdo al menos en que el concurso público era el sistema idóneo.
Por otro lado, es lógico que si la administración pública sostiene instituciones culturales, estas se acostumbren a aplicar controles de transparencia y objetividad comunes al sector público, y no que sean administrados como si fuera un botín privado. Ya son cada vez más las instituciones públicas que siguen estos procedimientos y, en algunos teatros, se le exige al director que firme un contrato-programa en el que se establece las actividades que piensa realizar por el tiempo estipulado y el presupuesto asignado. Y en el que también figuran responsabilidades si no se alcanzan esos objetivos. Sí, un Código de Buenas Prácticas tiene muchos elementos positivos, siempre y cuando el procedimiento no acabe siendo letra muerta.