En 1993, hace ya más de veinte años, el Estado compró a Heinrich Thyssen o, mejor dicho, a la sociedad Favorite Trustees Ltd. (con sede en Bermuda, paraíso fiscal, a lo que según parece no hicieron ascos los responsables del Ministerio de Cultura) una buena parte de su colección de arte, hoy en el Museo Thyssen-Bornemisza. Pagamos 44.100 millones de pesetas, o 265,05 millones de euros, cuando se calculaba entonces que el precio en el mercado de las 775 obras adquiridas podría rondar los 1.800 millones de euros. Fue un gran esfuerzo pero también un buen negocio. Se trataba de una de las más importantes colecciones privadas del mundo –solo inferior, se decía, a la de la reina de Inglaterra- y complementaba muy bien las colecciones de los museos públicos españoles ya existentes. Es sin duda la más notable operación de compra de una colección particular por parte de una administración pública en España pero ha habido desde entonces otras. Exitosas o frustradas. La semana pasada les hablaba de la oferta que el coleccionista Karlheinz Essl había hecho al estado austríaco, finalmente desestimada. Recordemos ahora algunos casos que sí llegaron a buen puerto en nuestro país.

Por terminar primero con la familia Thyssen, el ex-Ministerio de Cultura aún debe negociar con Carmen Cervera qué va a pasar con su colección si ella se cansa de prorrogar el acuerdo de préstamo gratuito que se firmó en 1999 y que tenía una vigencia de 11 años. Son 484 obras, propiedad de Omicron Collections Ltd., Nautilus Trustees Ltd., Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, valoradas en 357 millones de euros en la garantía del Estado que las asegura. Por el momento, que sepamos, no pretende vendernos la colección; sabe que la rentabilizaría mejor en subasta, como prueban los casi 28 millones que consiguió por La esclusa, de Constable. Pero sí quiso, en tiempos de Ángeles González-Sinde, cobrar un alquiler a largo plazo (25 años), a razón de 4,5 millones anuales. Es la fórmula que se siguió cuando la colección de su marido vino a España, antes de la compra-venta: se firmó un canon de 5 millones de dólares al año. Se ha llegado a hablar también de leasing o alquiler con derecho a compra, también sin acuerdo. Las arcas estatales no están ahora para alegrías y estoy segura de que se va a intentar estirar el préstamo gratuito, que “tan” gratis no es: se han hecho grandes inversiones en la construcción de la ampliación y en la conservación de la colección todos estos años. Pero el gran problema de la colección de Carmen Cervera, como de algunos casos que revisaremos a continuación es que, frente a la de Heinrich Thyssen, la calidad media no justifica una compra o un alquiler en bloque. Cualquiera –con conocimiento- a quien se pregunte dirá lo mismo: hay obras buenas pero demasiadas otras muchísimo menos buenas. En 2002, el Cabildo de Gran Canaria compró para el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) la colección de Antonio Pérez Martín, conocida como Colección APM. Frank González había sido nombrado director solo unos meses antes, en sustitución de Martín Chirino. No he encontrado documentación oficial sobre la adquisición, pero el entonces director afirmaba en una entrevista posterior que el CAAM pagó 1,5 millones de euros por 1.600 obras: arte canario y español de los años 70, 80 y 90 y arte internacional relacionado con Canarias de los 90. La heterogénea colección del museo no pasaba de las 500 obras, así que, con tan voluminosa incorporación, se convirtió en el “museo APM”. En su presentación online, el CAAM describe así este conjunto: “Pintura, dibujo, instalaciones, esculturas, obras sobre soporte fotográfico e infográfico, obra gráfica, arte postal, además de proyectos expositivos y documentos de archivos hemerográficos y catálogos, incorporándose la producción artística en España de los años 80 y 90 donde son especialmente relevantes creadores como Miquel Navarro, Broto, Guillermo Pérez Villalta e históricos del arte conceptual español como Esther Ferrer o Nacho Criado y la presencia de autores centroeuropeos ligados a los grupos de Colonia y Berlín, Walter Dahn y Schmalix, o Scholte y Andreas Schulze”. La compra fue contestada en la prensa. El crítico de arte Mariano de Santa Ana recuerda que hubo motivaciones ideológicas detrás: no era una gran colección, opina, pero tenía arte canario, en un momento en que la Consejería de Cultura tenía como titular a un nacionalista, Gonzalo Angulo, interesado en hacer del CAAM un museo “estático” en lugar de un dinámico centro de arte. En la colección había casi de todo, desde lo pequeño y local a lo internacional, y eso agudizó, según Santa Ana, la irregularidad de los fondos del museo. Muchos artistas canarios se sintieron decepcionados con esta compra, pues quedaban representados en el CAAM con obras menores, adecuadas para una colección particular pero no para una institucional. La compra se hizo demasiado rápido y sin diferenciar lo valioso de lo prescindible. Después, Antonio Pérez Martín ha mostrado en diversas salas canarias otras obras de su colección (ha seguido comprando, sobre todo fotografía). En 2003, en el propio CAAM, organizó Las tentaciones de San Antonio; en 2005 mostró su colección de fotografía en el marco de la VIII Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre; en 2009, en el Centro de Arte La Regenta –con Frank González como comisario; en octubre de 2013, en el CICCA. Como nota al margen: aquel mismo año, 2002, el CAAM compró la colección “Memoria de papel” a la Galería Leyendecker: 48 obras en ese soporte. No se hizo público el precio pagado.

Esta historia es mucho más conocida: el Ministerio de Cultura, con Carmen Calvo a la cabeza, compró en 2006 para el Museo del Prado, dirigido por Miguel Zugaza, una parte de la colección Naseiro. El lote estaba compuesto por 40 bodegones de los siglos XVII a XIX, de 19 autores; de ellos, nueve no habían estado hasta entonces representados en el museo: Pedro Camprobín, Ignacio Arias, Pedro de Medina, Miguel March, Felipe Gabriel Ochoa, José Ferrer, Juan Bautista Romero, Santiago Alabert y José Romá. Había además cuatro obras de Juan Fernández el Labrador, pintor de escuetísimo catálogo al que el Prado dedicó hace poco una extraordinaria muestra “de cámara”, y otras de maestros del género como Meléndez o Van der Hamen. Los expertos del museo habían hecho previamente una selección de lo que más convenía adquirir entre el centenar de obras que había reunido Rosendo Naseiro desde los años 80. El conjunto se valoró en 26 millones de euros, que pagó en BBVA en concepto de dación de impuestos. El precio no fue ninguna ganga pero lo comprado habría costado bastante más en el mercado y la colección del Prado se vio enriquecida en un capítulo importante para el arte español en el que tenía carencias. La posible problemática de esta operación se ha planteado mucho después, cuando se ha sabido que Naseiro, ex-tesorero del PP que había sido acusado de inducir sobornos políticos y compra de votos pero fue absuelto por la desestimación de unas grabaciones incriminatorias, compró al también tesorero Luis Bárcenas cuatro bodegones, integrados en el lote del Prado. Las inversiones en arte de Bárcenas huelen mal y ¿qué sabemos de las de Naseiro? Ayer mismo, Bárcenas confirmó ante el juez que heredó de él la caja B del PP. Seguramente saldrá más información, y no me extrañaría nada que la colección de Naseiro –aún atesora unas cien obras y prepara la publicación de su catálogo- volviera a la palestra. Más. En 2009, el Ministerio de Cultura, con Ángeles González-Sinde como titular, adquirió por 700.000 euros el archivo fotográfico de Agustí Centelles, a sus herederos. No le doy más importancia, por la cuantía y por no tratarse de una colección artística. Damos un gran salto hasta 2013, cuando Pilar Citoler vende al Gobierno de Aragón la colección Circa XX, que había estado a punto de quedarse en Córdoba. Ella dona el 85% de la colección –integrada por más de 1.300 obras- y la Comunidad Autónoma pagará el 15% restante en cinco años. Las obras, que van a instalarse en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC), antes Museo Pablo Serrano de Zaragoza, habían sido tasadas en 2011 por la casa de subastas Fernando Durán en 10 millones de euros, y se ha aceptado esa cifra: se pagarán, por tanto, 1,5 millones. Antes, Citoler pasó años negociando con la Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía –nunca muy convencida- para que la colección ocupara el aún por inaugurar Espacio Andaluz de Creación Contemporánea, lo que contó con la oposición de buena parte de la comunidad artística. Esta compra en lote presenta el problema habitual y lógico: las obras son de calidad desigual y no todas son dignas de un museo. En estos días se debate en Aragón si la incorporación de la colección en el IAACC va en contra de la voluntad de los herederos de Pablo Serrano y, sobre todo, se reprocha al gobierno que haya actuado por su cuenta y riesgo, sin haber constituido el Consejo Rector que se establece en el decreto de creación del museo ni haber consultado a la Comisión Asesora del mismo. Con un recorte acumulado en cultura de un 70% desde 2011 y una precariedad terrible en el sector, diversas personas del mundo del arte han expresado su rechazo. En el Pablo Serrano, como contaba el galerista Mariano Santander a El Periódico de Aragón, "la última convocatoria para exponer (….) era para ocupar el pasillo lateral y el artista o el galerista que opte a ello debe pagarse todo, desde el transporte hasta el montaje, pagar el seguro... Con el destino de este dinero a la colección Citoler se han cargado el espíritu del Serrano, lo han convertido en un almacén”. Y termino con la última gran compra institucional, de este mismo año. Nada menos que 3,9 millones de euros –en siete años- pagará el Ayuntamiento de Girona a los herederos de Rafael Santos Torroella por su colección. Yo poco sé de ella; se ha publicado que son 1.200 obras, entre ellas algunas de Miró, Dalí, Tàpies, Picasso, Nonell, Tharrats, Joan Ponç, Barradas o Frida Kahlo. Imagino que hay muchos dibujos, grabados, lienzos pequeños… pero también algunas obras muy importantes, considerado el importe. Un millón por debajo del precio de tasación es lo que el alcalde Carles Puigdemont (CiU) ofreció a la viuda del crítico de arte, fallecida hace un par de meses. La biblioteca y el archivo serían donados. Que se sepa, el alcalde no ha contado con asesoramiento de expertos para valorar la colección pero sí ha encargado, según La Vanguardia, un informe sobre “el impacto sobre el mercado turístico” del futuro museo. Otros cuatro millones le costará al Ayuntamiento la rehabilitación de la Casa Pastors, donde se alojará la colección. El debate se ha circunscrito al contexto político y la compra se ha aprobado por los pelos, con el voto de calidad del alcalde y la mitad de los concejales en contra. ¿Qué podemos concluir? Con excepción de las colecciones de los Thyssen y de Naseiro, las administraciones han comprado colecciones de arte contemporáneo. Significa que muchas de ellas no han tenido y no tienen una política de adquisiciones de patrimonio artístico contemporáneo, con un diseño de colección y unos expertos que la asesoren para que crezca con coherencia, sea la inversión, según las posibilidades económicas, mayor o menor en cada momento. Se trata, además, de colecciones de mediana categoría, por muchas obras que acumulen, hechas de acuerdo con el gusto personal del comprador y para el entorno doméstico, no con vistas a integrarse en los fondos de un museo. En general, y con excepciones, estas adquisiciones tienen dos inconvenientes, aparte de que privilegian golpe de efecto mediático/social frente a la planificación y el compromiso continuado con el arte. El primero es la falta de transparencia con la que se llevan a cabo. Las decisiones, que son puramente políticas, deberían tomarse de acuerdo con la opinión de expertos en cada materia, haciendo público el catálogo de todo lo comprado y argumentando la necesidad y oportunidad de la operación. El segundo es que, debido al deseo del vendedor de que se perpetúe su visión personal y su colección se mantenga unida, se negocian compras en bloque de un número excesivo de piezas. Se puede pensar que, al fin y al cabo, los ventajosos precios que así se obtienen hacen que merezca la pena quedarse con mil obras cuando las que interesan para la colección pública son doscientas. Pero ¿se tienen en cuenta los costes eternos –porque en España, por ahora, los museos no pueden vender sus obras- de almacenamiento y conservación? Quizá conozcan ustedes alguna otra venta. Compartan aquí la información, por favor.