Hacia un patrocinio ético

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La Museums Association del Reino Unido, fundada en 1889, es la asociación museística más antigua del mundo y está integrada por 550 miembros institucionales, 250 corporativos y 6.500 individuales. La semana pasada (5 y 6 de noviembre) celebró en Birmingham su conferencia anual, la cual ha tenido menos repercusión mediática que la reunión del CIMAM en Tokyo, inaugurada al día siguiente, por la dimisión en el curso de ésta de tres de los miembros de su junta directiva en protesta por la confirmación de Bartomeu Marí como presidente. Pero los asuntos tratados por la MA son seguramente más trascendentales. Entre sus resultados destaca la aprobación de un Código deontológico que actualiza el anterior, de 2007, tras un prolongado período de consultas. Los tres principios básicos en los que se basa son: compromiso público y beneficio público; administración de las colecciones; e integridad individual e institucional. Este último apartado incluye la novedad más destacable: se insta a los museos a que extiendan sus estándares éticos a sus patrocinadores. Entre otras cosas, exige:

A todos quienes trabajan en los museos (pero especialmente dirigidos a patronos, se sobreentiende):

• evitar cualquier actividad o persecución de un interés personal que pueda entrar en conflicto (o ser percibido así) con el interés público. Considerar el efecto de las actividades privadas sobre la reputación del museo o, en general, de los museos.
• evitar comportamientos que puedan ser interpretados como reafirmación de la propiedad personal de colecciones.
• evitar toda actividad privada que pueda ser interpretada como comercio o adquisición especulativa sobre la propiedad cultural a no ser que esté autorizada por el órgano de gobierno.

A los órganos de gobierno:

• evaluar cuidadosamente las ofertas de financiación de organizaciones comerciales y otras fuentes en el Reino Unido o en el mundo y buscar soporte en organizaciones cuyos valores éticos sean coherentes con los del propio museo. Ejercer la debida diligencia (que incluye el conocimiento del historial y el trasfondo de los patrocinadores, prestadores o fuentes de financiación) para comprender los estándares éticos de los socios comerciales con vistas a mantener la confianza pública y la integridad en todas las actividades del museo.

Las advertencias sobre los conflictos de intereses entre el museo y el coleccionismo o el mercado del arte no son nuevas en Gran Bretaña pero se subrayan. Sí son novedosas las precauciones hacia los patrocinadores, que responden probablemente a algunas situaciones que han tenido considerable eco público. Conocerán ustedes la polémica sobre el patrocinio de la petrolera BP a la Tate, que ya mencioné en este blog (Las alianzas problemáticas). En enero, la Tate publicó finalmente y a la fuerza, después de tres años de batalla legal, la cantidad que recibe al año de la empresa: 224.000 libras. Los impulsores de la campaña contra este patrocinio, Platform, manifestaron su sorpresa y su indignación; ese dinero supone solo un 0’5% de los ingresos de la Tate y, sin embargo, el logo de BP acompaña siempre la imagen pública de los museos de la marca. Es un cobranding muy desigual en el que, a final de cuentas (y nunca mejor dicho), la mayor beneficiada es la imagen de la compañía.

La sociedad británica está muy concienciada respecto a los problemas medioambientales pero no ha sido BP sino Shell la petrolera que ha hecho crecer más en el medio cultural las preocupaciones respecto al patrocinio. En mayo de este año, The Guardian tuvo acceso a unos correos electrónicos que demostraban que Shell había intentado influir sobre una exposición sobre el cambio climático que patrocinaba en el Science Museum de Londres. Pretendía censurar ciertos contenidos y evitar el debate abierto, que pudieran poner en cuestión algunas de sus prácticas y operaciones. El periódico consiguió los documentos a través de la Freedom of Information Act (ley de acceso a la información pública), que es infinitamente más eficaz que la española Ley de Transparencia.

Sally Yerkovich, directora del Institute of Museum Ethics de Estados Unidos, hizo en la conferencia de Birmingham algunas reflexiones de gran interés. Dado que la filantropía ha decrecido en los museos, es más plausible que los donantes o los patrocinadores presionen para tener un mayor control sobre el dinero que aportan. En la financiación por parte de las empresas, lo que antes eran contribuciones filantrópicas relativamente claras y directas han evolucionado hacia acuerdos más complicados que se dejan en manos de los departamentos de publicidad y marketing. “Cada vez más museos –dijo- se enfrentarán a situaciones que pondrán a prueba su integridad como instituciones independientes y educativas al servicio del público. Tendrán que permanecer vigilantes para asegurarse de salvaguardar su reputación como entidades fiables y responsables”.

La Museums Association pretende con su nuevo Código deontológico afianzar la confianza del público en las instituciones culturales. Y para eso no basta con que se propongan tener partners éticos; cualidad cuya otorgación, por otra parte, dejan a criterio de cada museo. Hace falta que se publiquen los acuerdos de patrocinio, con cláusulas y cifras. En España, incluso antes de aspirar a eso (que sería muy exigible ahora mismo), deberíamos empezar por pedir que se aplique uno de los puntos del Código deontológico del ICOM, que supuestamente suscriben todos los museos asociados a él:

“El órgano rector debe dotarse de una norma escrita relativa a los ingresos que puede generar con sus actividades o que puede aceptar de fuentes externas. Cualquiera que sea la fuente de financiación, los museos deben conservar el control del contenido y la integridad de sus programas, exposiciones y actividades. Las actividades generadoras de ingresos no deben ir en detrimento de las normas de la institución, ni perjudicar a su público”.

¿Dónde están esas normas escritas?