La carrera hacia la cartera: altos cargos y asesores en Cultura

Este transcendente relevo me ha urgido a elaborar la información que he estado recogiendo en meses previos para explicarles la estructura de poder en el Ministerio de Cultura y cómo se accede a ella, intentado averiguar cuáles son las relaciones previas que explicarían la “confianza” con la que se justifican los nombramientos en el círculo más cercano a Urtasun.

Les recuerdo que el Jefe de Gabinete, el Secretario de Estado de Cultura y los directores generales son nombrados directamente, sin mediar ningún proceso de selección, por el Consejo de Ministros,a propuesta del Ministro de Cultura.

Los retos de Urtasun en el nuevo curso: de la ley del cine a las artes escénicas

El Jefe de Gabinete de Ernest Urtasun (que le da “apoyo político y técnico”), con nivel orgánico de dirección general, es Álvaro Albacete Perea (Murcia, 1967). Es funcionario de la carrera diplomática pero ha tenido responsabilidades en política, casi siempre junto a altos cargos del PSOE: una cercanía corroborada por su nombramiento como asesor diplomático de Pedro Sánchez en Presidencia del Gobierno (2021-2022). Así, aunque entró en el Ministerio con Ana Pastor (PP), fue director adjunto del gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, o asesor parlamentario para el ministro del mismo ramo Miguel Ángel Moratinos.

Es probable que Urtasun y Albacete no tengan total afinidad ideológica pero su entendimiento se basa en una trayectoria que en diversos momentos ha corrido en paralelo. Ambos ingresaron en la carrera diplomática en 2010, fecha en la que coincidieron en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jiménez, y ambos desarrollaron parte de su trayectoria profesional en la organización Unión por el Mediterráneo.

Carmen Páez, subsecretaria de Cultura. Foto: Ministerio de Cultura

Respecto a otro de los puestos de mayor altura en el ministerio, la Subsecretaría de Cultura, no me consta ningún contacto previo que pueda haber fomentado la confianza de Urtasun en Carmen Páez Soria, a la que encontró ya allí como Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación (nombrada por Iceta en abril de 2023). Forma parte del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2012 y había desempeñado antes diferentes cargos de mediana responsabilidad en Cultura y Deporte y en Interior.

Con Jordi Martí Grau (Barcelona, 1965), Secretario de Estado de Cultura, se empieza a evidenciar la apuesta fuerte del ministro por sus compañeros catalanes en el ámbito político de los comunes. Martí estuvo vinculado al PSC durante muchos años, desde que en 1996 asumió la coordinación del Plan estratégico de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, con Pasqual Maragall y Joan Clos como alcaldes, y después fue Delegado de Cultura (2006-2011) con Jordi Hereu (hoy Ministro de Industria). Cuando Xavier Trías (CiU) ganó la alcaldía en 2011 Martí se mantuvo un tiempo como gerente del ICUB (lo era desde 1999) y luego quedó como concejal raso en el PSC.

En 2014 sus ambiciones políticas subieron de nivel y se presentó a las primarias que abrió su entonces partido para elegir a su candidato a alcalde. Perdió frente a Jaume Collboni (se llevan bastante mal) y dejó el PSC por el Moviment d’Esquerres, que fue en coalición a las elecciones de 2015 con Esquerra Republicana. Ganó Ada Colau, quien quiso incorporarlo a su equipo, como gerente en el Ayuntamiento de Barcelona.

Al final de esa legislatura, Martí se afilió a Barcelona en Comú y enseguida creció su peso en el entorno de la alcaldesa: en 2019 pasó a ser concejal de Presidencia, Economía y Presupuestos, y siguieron varios cargos, entre ellos el de concejal de Cultura, Educación y Ciencia. Cuando los comunes perdieron la alcaldía el conglomerado Sumar le sacó de su triste destino en la Diputación de Barcelona para llevarlo a su actual posición, de gran relieve.

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau en una reciente intervención en el Instituto Cervantes. Foto: Gustavo Valiente / Europa Press

A notar la inflación de secretarías de Estado del actual gobierno, con nada menos que 36. ¿Por qué una Secretaría de Estado de Cultura, cuando el ministerio es “monográfico” y no se desdobla en Deporte o Educación? ¿Quizá porque Urtasun está muy ocupado con la portavocía y las tensiones internas de Sumar?

Unos meses después de tomar Martí posesión, en febrero de 2024, se produjo el particular nombramiento de Ángeles Albert (Madrid, 1962) como su Directora de Gabinete. Digo “particular” porque Albert había regresado desde Roma solo dos meses antes al ministerio para ocupar otro puesto: el de directora de Tabacalera. Aún bajo mandato de Miquel Iceta se había publicado una convocatoria de libre designación en septiembre de 2023 para cubrir una necesidad que no parecía imperiosa, dado que a este centro de residencias artísticas le quedaban años para empezar a funcionar: en enero de este año se aprobaron las costosísimas obras que hay que acometer para adecentar el gigantesco edificio que, me temo, serán eternas.

Ángeles Albert llegaba al fin de su etapa —limitada a nueve años— como directora la Academia de España en Roma, que había sacado de la inanición con mucha energía y entrega. A la espera de que Exteriores convocara el concurso para sustituirla —ese es otro cantar: aún no se ha resuelto el proceso—, Albert se presentó a esto de Tabacalera y en diciembre de 2023 (ya con Urtasun) se publicó la resolución que le adjudicaba el puesto. Ahora, el ministro la ha promovido a directora general. El Secretario de Estado elegirá otro/a director/a de gabinete pero ¿qué pasa con la dirección de Tabacalera? En la última relación de puestos de trabajo del ministerio (septiembre de 2024), su código de puesto (5640997) aparece vacante.

Se le reconoce a Albert, que forma parte del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, la buena gestión en los quehaceres que le han confiado, como la dirección del Centro Cultural de España en México, la de la Red de Centros Culturales en el Exterior (para la AECID) y este mismo puesto que ahora recupera: fue Directora General de Bellas Artes (2009-2011) con Ángeles González-Sinde, que es hoy presidenta del patronato del Museo Reina Sofía. No se ha significado en el apoyo a ningún partido pero se le entiende una cercanía a los de izquierda, que ahora se apuntala. Y es conocida su sintonía con Manuel Borja-Villel, cuya sombra en este ministerio es alargada.

Deudas y afectos. El gabinete de los ocultistas

Sobre la destitución de Isaac Sastre solo decir que lo raro es que se haya mantenido en el cargo hasta hoy, dada la costumbre de defenestrar de inmediato a los directores generales “respetada” en todos los gobiernos. Fue elegido por Javier García Fernández (Secretario General de Cultura, del PSOE) a finales de 2021 para tener mejor controlada esa dirección general, después de que Lola Jiménez-Blanco pretendiera defender criterios propios en cuestiones patrimoniales.

Está claro que, cuando llegó, el puesto le quedaba grande a Sastre pero hizo, me dicen, muy buen trabajo allí y Urtasun lo consideró en principio apto. El asunto del retraso en las restituciones de bienes confiscados por el franquismo es sensible para Sumar, por su carga política, y sería creíble que hubiese influido en el cese. Pero si la cosa le hubiese parecido tan grave al ministro no le habría confiado al cesado la coordinación del Mondiacult, evento al que concede enorme importancia.

Si miran el organigrama de esta dirección general verán que existe una Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Vacante. En marzo de 2024, ¡hace casi siete meses!, Jordi Martí anunció que el Consejo de Ministros había aprobado la recuperación de esta subdirección como “una de las medidas en que se concreta nuestro compromiso con el sector de las artes visuales de nuestro país”. Se ocuparía del “apoyo a los creadores, la promoción del arte, la organización de exposiciones temporales, las convocatorias y gestión de ayudas o los premios nacionales”, y dependerían de ella Tabacalera y el nuevo Centro Nacional de Fotografía en Soria.

La Mesa del Sector del Arte Contemporáneo lanzó las campanas al vuelo. ¿Por qué no se ha nombrado titular en todo este tiempo? Confieso que pensé que se estaba reservando el puesto para Ángeles Albert y que quizá existía algún impedimento administrativo para que lo ocupase. Ahora será seguramente ella quien elija a su titular. No tardará en hacerlo, imagino.

El hecho de que no hubiese nadie al frente de esa subdirección ha obligado a hacer algunas “trampas” en las convocatorias publicadas en estos meses. Así, los jurados de los premios nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales debían tener como presidente al Director General de Bellas Artes y como vicepresidente a “la persona titular de la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea o persona en quien delegue” (BOE). En los dos primeros actuó como vicepresidenta Mercedes Roldán, S.G. de Museos Estatales, y en el tercero Susana Alcalde, del IPCE. ¿Pero quién delegó en ellas? Y ¿existe ya un equipo de funcionarios adscritos a esa subdirección? Porque en la convocatoria de “Subvenciones a entidades relacionadas con el patrimonio y las bellas artes” se dice que la S.G. de Artes Visuales y Creación Contemporánea “actuará como órgano instructor del procedimiento” en las materias que le corresponden (BOE).

La directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Gobierno, María José Gálvez. Foto: Gustavo Valiente / Europa Press

Hay en el Ministerio tres direcciones generales. La segunda es la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura. Su titular es María José Gálvez (Valencia, 1975), experta en Derecho Constitucional, que tiene experiencia en materia libresca por haber sido desde 2012 directora de edición y de formación en la editorial jurídica Tirant lo Blanch. Pero su presencia en el ministerio no se explica tanto por esa faceta sino por su acompañamiento previo a dirigentes del PSOE. Aparece en la esfera política en febrero de 2003, cuando es nombrada personal eventual (es decir, asesora: ¿ven hasta dónde se puede llegar desde esa posición?) en el cargo de ”asistente para la atención de los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista”, y mantiene ese menester hasta abril de 2004.

En mayo de ese año se produce su nombramiento como subdirectora del Gabinete de Manuel Marín (PSOE), presidente del Congreso de los Diputados, y está allí hasta 2008. Desde entonces y hasta 2011 es asesora de dos vicepresidentes del Gobierno: María Teresa Fernández de la Vega, Ministra de la Presidencia, y Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior. Tras un breve período como asistente en el Parlamento Europeo, se integra en el equipo de Tirant lo Blanch. Hasta que en 2020, José Manuel Rodríguez Uribes (de nuevo PSOE) valenciano como ella y profesor como ella en la facultad de Derecho de la Universidad Carlos III, la ficha como Directora General.

El hecho de haberse centrado en el estudio de los derechos lingüísticos le da seguramente puntos a ojos del ministro Urtasun pero no sé si será suficiente, vista la caída de Isaac Sastre, para mantenerla en el puesto hasta el final de la legislatura.

La tercera es la Dirección General de Derechos Culturales, que es producto de la remodelación de la antigua Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, tras trasladar las competencias sobre industrias culturales a la Subsecretaría de Cultura. Su titular es Jazmín Beirak (Madrid, 1978) que había sido desde 2015 y hasta su nombramiento en abril de este año diputada por Podemos y luego por Más Madrid en la Asamblea de Madrid, y portavoz de Cultura de ambos grupos. La normativa dice que los directores generales han de ser funcionarios de carrera, del subgrupo A1, y para el nombramiento tanto de María José Gálvez como de Jazmín Beirak hubo que hacer reales decretos de modificación de la estructura del ministerio para “justificar” sendas excepciones.

La directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, durante la presentación de la hoja de ruta del Plan de Derechos Culturales. Foto: Jesús Hellín / Europa Press

Beirak está al frente de uno de los proyectos que más importan a Urtasun, el Plan de Derechos Culturales, que ha empezado a gestionarse con una consulta ciudadana, y que pretende, además de garantizar la diversidad cultural, territorial, de género, lingüística, étnico racial…, hacer frente a la censura y al “retorno de políticas identitarias y xenófobas de la mano de la extrema derecha” (en palabras del ministro). 

Es el departamento más programático para Sumar y se entiende que quisiera ponerlo en manos de alguien del partido, aunque los argumentos utilizados para abrir paso a Beirak fuesen “la falta de especialización en dinamización cultural de los Cuerpos y Escalas de funcionarios públicos” y la necesidad de “conocimientos complementarios derivados de la experiencia en el tercer sector, en el sector privado y en el ámbito internacional” (BOE). Si miran el currículo de Beirak, por otra parte persona válida y bienintencionada, verán que su única empleo anterior reseñable es haber comisariado exposiciones en el Museo del Libro y coordinado talleres y visitas en la Biblioteca Nacional y que, por tanto, no responde al perfil que el real decreto establecía.

La asesoría como vía de aceleración

Ya otras veces he escrito en este blog sobre los asesores que han pasado por este ministerio —en 2020, con José Manuel Rodríguez Uribes como titular, en 2022, con Miquel Iceta y, aún antes, en 2012, con José María Lasalle como Secretario de Estado de Cultura— , criticando la falta de transparencia en la contratación del “personal eventual” en los ministerios y, sobre todo, los caprichosos y/o interesados criterios que la rigen. Respecto a aquellos análisis, la situación ha cambiado poco, pero detecto en el plantel de nuevos asesores fichados por Ernest Urtasun ciertos rasgos que merece la pena comentar para entender mejor los mecanismos que determinan el acceso a los puestos más cercanos al poder político. Ya verán que lo de la “asesoría” es casi una carrera, una vía de aceleración para progresar en política, tanto para funcionarios como para personas en principio ajenas a la Administración.

Siempre se ha usado el contrato de personal de confianza en este ministerio como recompensa a los servicios prestados, sea por el propio asesor o por alguien de su familia, y en estos momentos se consolida esa práctica, aplicada a la esfera de los comunes y de Sumar.

La ley pone pocas condiciones a la contratación de asesores —no se requiere ninguna cualificación y no está sujeta al procedimiento ni a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública— pero precisa que desempeñarán funciones “expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. En Cultura, más bien lo primero. Los ministros quieren fieles a su alrededor, que les acompañen no tanto en sus competencias de gestión como en su acción partidista o personalista. 

Tienen poca o ninguna relación con las direcciones generales y, con alguna excepción —el jefe de prensa del Ministerio suele ser un eventual (y mujer)—, casi nadie sabe quiénes son o, mucho menos, a qué se dedican o cuánto cobran. Hay que revisar el material gráfico que difunde el Ministerio en sus comunicaciones sobre reuniones con asociaciones u organismos del sector para ver aparecer alguno, casi siempre sin identificación en los pies de foto.

¿Hay alguien ahí?

Tengan en cuenta que tales asesores se incorporan, temporalmente —pues cesan cuando la autoridad que los eligió cesa—, a la Administración Pública, y que están sometidos, sin ningún género de dudas, a la Ley de Transparencia. Pero desde 2015, cuando se hizo público por primera y última vez el listado de todos los asesores del Gobierno, esa obligación ha sido siempre desobedecida. No entiendo cómo un gobierno que se propone liderar la “regeneración democrática” y la transparencia puede mantener este secretismo que no hace más que fomentar la desconfianza en los ciudadanos.

La cuestión es que, una vez más, me he visto obligada a recurrir al Portal de Transparencia para reclamar la información. Que, como en consultas anteriores, se me ha facilitado con muchas limitaciones. Solicité “Los nombres, los currículos y la descripción de las funciones que desempeñan en el Ministerio” todos los asesores de Ernest Urtasun —hasta cinco— y de Jordi Martí Grau —hasta tres—. Lo único que obtuve son los nombres. Las funciones no deben de estar definidas en ninguna parte y los currículos no se les requieren “porque desempeñan funciones que se basan no tanto en el perfil profesional como en el puesto de confianza para el que son nombrados”. Advierto que la solicitud es de abril y, aunque no tengo indicios de que haya habido cambios, quedo dispuesta a hacer correcciones.

Ariadna Cortés (Terrassa, 1986) es la única, entre los asesores, cuyo nombre aparece en la web del ministerio, como Jefa de Prensa. Se licenció en Periodismo en 2009 y trabajó como colaboradora durante unos pocos años en medios locales —como el semanario ATerrassa o El Diari del Vallès— o en la revista Mon Empresarial. En 2017 se puso al servicio de Cataluña en Comú-Podem, sumándose al equipo con el que Xavier Domènech preparaba las elecciones de diciembre de ese año, al Parlamento de Cataluña. Un año después era nombrada, en el Congreso, asistente para la atención de los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En 2019 seguía allí, a la vez que actuaba como responsable de prensa de Catalunya en Comú con vistas a las elecciones municipales. Esto de preparar elecciones es lo suyo, parece, porque vuelve a figurar como responsable de comunicación de Jéssica Albiach en vísperas de las que se celebraron en Cataluña en 2021. Y, bueno, en cuanto Urtasun recogió la cartera, hizo asesora y jefa de prensa a esta mujer tan experimentada en cuidar la imagen de los líderes comunes catalanes.

Cortés acompaña a menudo al ministro y ejerce control real sobre la comunicación de los diferentes departamentos. Se inmiscuye, incluso, en alguna decisión que no le correspondería: formó parte del jurado del Premio Nacional de Cinematografía, a propuesta del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (o sea, de Ignasi Camós).  

En aquel mismo equipo de Xavier Domènech para las elecciones de 2017 estaba María Corrales (Tàrrega, 1992). Licenciada también en Periodismo, venía de posiciones más radicales. Es paradójico que varios de los asesores en el Ministerio de Cultura de España sean —o se hayan declarado anteriormente— independentistas. Corrales había formado parte del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans y había sido portavoz de Poble Lliure, “partido revolucionario” que lucha por “la construcción del socialismo, la independencia de los Países Catalanes y la superación del patriarcado”. Lean aquí o aquí cómo defendía ella en 2015 que “la ruptura independentista es el único escenario capaz de superar la fase actual de la lucha de clases”. Poble Lliure estaba asociado a la CUP, que Corrales dejó atrás, según ella ha explicado, por flojear en el combate por la república catalana.

A finales de 2016 se unió a Catalunya en Comú, figurando como ideóloga desde el arranque de ese proyecto político, y convirtiéndose en su “responsable de discurso” tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Congreso de los Diputados, donde estuvo contratada desde 2016 como “personal eventual”. Sus ambiciones no se limitan a estar entre bambalinas. En las elecciones de 2019 fue número dos en la candidatura de En Comú-Podem por Lleida. Pero se decepcionó. En octubre de 2023 anunciaba en sus redes que dejaba la política. Se hizo “directora de comunicación en el sector cultural”, escribió columnas en Público y Sentido Crítico, y se unió al Institut Sobiranies, un espacio “al servicio del catalanismo soberanista de izquierdas” en cuya web se identifica a Corrales como presidenta. También está vinculada a la Fundació Sentit Comú, de la que algo más diré luego.

Acudió, sin embargo, al llamado de sus antiguos compañeros de partido Ernest Urtasun y Jordi Martí. Conociendo su trayectoria, dudo que se trate de una asesoría-florero y estoy convencida de que Corrales seguirá actuando allí como “responsable de discurso”. Bueno, y también hace de jurado en los premios nacionales, como su amiga Ariadna. En su caso, en el de Televisión.

Misterio en el Ministerio

Los otros tres asesores de Urtasun no son comunes catalanes pero sí proceden de espacios políticos afines. Tenemos en primer lugar a Fran P. Lorenzo (Vigo, 1973), posible recomendación de Yolanda Díaz. Periodista y novelista —en 2014 ganó el Premio Blanco Amor con la novela Caballos y lobos—, ha escrito para Galicia Hoxe y O Correo Galego, y fue uno de los fundadores del digital Dioivo. 

Desde septiembre de 2016 trabajaba en el equipo de prensa de Unidos Podemos —para Carolina Bescansa— en el Congreso, donde fue contratado como “personal eventual”. Cuando Bescansa dejó la política en 2019 se empleó brevemente como director de Rivas al día, revista de esa localidad madrileña, con alcalde de IU-Equo-Más Madrid, Pedro del Cura. En 2020 era asesor de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, con la tarea de escribir sus discursos. Y de ahí a Cultura.

Es otro de los asesores independentistas de Ernest Urtasun. En 2015 escribía en su blog personal: “No amo mi tierra porque sea mía. Lo que amo es su soberanía y su independencia. No quiero este Estado español, no quiero esta Constitución ni esta monarquía”. “Mi sueño es la independencia”.

Getsemaní San Marcos (Las Palmas de Gran Canaria, 1975) es seguramente la asesora más conocida en el sector cultural. Licenciada en Derecho, actriz y bailarina, De San Marcos —ella se ha quitado el “de”, no sé si por no parecer aristocrática, así que se lo respetaremos— fue gerente de la Red Estatal de Teatros Alternativos, programadora del Teatro El Canto de la Cabra, coordinadora del Festival Escena Contemporánea y rescatadora del Teatro Pradillo. En la gestión política, fue directora de Programación Cultural del ICAS en Sevilla (2019-2021) y directora de Programas y Actividades Culturales en el Ayuntamiento de Madrid (2016-2019) con Manuela Carmena. Vía Íñigo Errejón, se vinculó a Sumar, y fue en 2023 candidata de esa formación por Las Palmas.

En 2023 coordinó la elaboración del programa de Cultura de Sumar y en abril de 2024 Yolanda Díaz la incluyó en la ejecutiva de la formación. Es de las pocas que no tienen inconveniente en “revelar” su condición de asesora y es de las que acompaña al ministro a alguna reunión, como esta con la asociación de escritores. ¿Van imaginando cómo de complicado ha de ser el gabinete de Urtasun? ¿Cómo casan María Corrales y Getsemaní San Marcos?

La quinta y última asesora del ministro es Elena Gallego (Valdepeñas de Jaén, ¿?), arqueóloga y promotora turística, que viene también de los comunes pero en esta ocasión de Andalucía. Formó parte de las listas de Jaén en Común a la alcaldía de esa ciudad, desde Podemos, pero se retiró antes de las elecciones por discrepancias con otros confluyentes. En 2017 se puso del lado de Íñigo Errejón en Vistalegre II. Como muchos de sus compañeros, fue asesora en el Congreso de los Diputados antes de llegar aquí, entre 2017 y 2019, para Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión de Cultura. En los últimos años se ganaba la vida haciendo desarrollo web para una empresa de comercio digital. En el gabinete del ministro, parece ser la persona de apoyo en cuestiones patrimoniales; la vimos, por ejemplo, en la reunión de Urtasun con la Plataforma Mezquita.

Pasamos a los tres asesores del Secretario de Cultura, dos de los cuales se ha traído de Barcelona. Eudald Espluga (Girona, 1990), filósofo y periodista cultural (El Salto, El País y RAC1), era asesor en el Ayuntamiento de Barcelona, nombrado en 2021 por Janet Sanz Cid, Segunda Teniente de Alcalde (Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad) en el equipo de Ada Colau del que formaba parte también Jordi Martí. En junio de 2023 se publicó que el nuevo alcalde, Jaume Collboni, había negociado con los comunes el mantenimiento de decenas de cargos de confianza, entre los que se mencionaba a Espluga, con un sueldo de 61.000 euros.

Dio apoyo explícito a Colau en aquel “Manifiesto para una Barcelona que abre camino” pero Espluga, que tiene cierta visibilidad en la escena cultural y ha publicado libros y artículos en los que analiza la escena social y política, jamás ha hecho alusión a su trabajo “a la sombra” para el partido. ¿Se avergüenzan los asesores de serlo? Está vinculado, al igual que María Corrales, a la Fundació Sentit Comú, que es algo así como el think tank de los comunes catalanes y está presidida por Joan Subirats, excomisionado de Cultura con Colau y exministro de Universidades. Se le ha visto en reuniones sobre el Estatuto del Artista y sobre cooperación internacional. ¿Independentista? Diría que simpatizante crítico, como se desprende de alguno de los artículos que publicó en el medio soberanista El Matí.

Lucía Morale (Rawson, Argentina, 1986), por el contrario, no tiene problemas para identificarse como asesora ministerial. Abogada penalista, experta en políticas de seguridad y militante de Barcelona en Comú desde sus inicios, ha hecho carrera política en el Ayuntamiento de Barcelona y formó parte de la candidatura de Ada Colau, junto a Jordi Martí, en las elecciones de 2023. Fue asesora y jefa de gabinete del Área de Seguridad, coordinando la creación de la Policía de Barrio, y después jefa de gabinete en el área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismo y LGTBI. Antes de unirse a Colau, fue directora del polémico Centro Irídia que, entre otros cometidos, tuvo el de prestar asesoramiento legal a los manifestantes independentistas que se enfrentaban a la “violencia institucional”; eso fue hace años pero ha debido de mantener el vínculo porque entre 2021 y 2022 formó parte de la junta directiva de la entidad. Tendría más sentido que trabajara en el Ministerio de Interior o en el de Derechos Sociales pero era en Cultura donde había “plazas” para los compañeros comunes. ¿A qué se dedicará aquí?

Txema Urkijko en un acto de campaña de Más País. Foto: Europa Press

El tercer asesor de Jordi Martí es heredado de Iceta que lo heredó de Rodríguez Uribes, quien lo incluyó en su gabinete en 2020: Txema Urkijo (Llodio, 1961), un resistente que debe de ser muy útil al ministerio. Tras asesorar a los titulares del PSOE, estará ahora más cómodo con sus socios de Sumar, pues fue cabeza de lista de Más País en las elecciones de 2019, por Vizcaya, y está hoy integrado en la organización de Más Madrid. 

Ejerció la abogacía hasta 2002, cuando empezó a desempeñar diversas responsabilidades en el área de Paz, Convivencia, Derechos Humanos y Víctimas del Gobierno Vasco entre los años 2002 y 2014. En esa etapa tuvo trato frecuente con Rodríguez Uribes, siendo este Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Fue consultor independiente entre 2014 y 2016, cuando Manuela Carmena —a quien conoció cuando ella trabajaba para el Gobierno vasco— lo fichó como responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria. Igual que ocurre con Morale, su perfil encajaría mejor en otros ministerios, pero aquí se le llamó. El terrorismo y sus ecos siguen siendo el tema al que dedica su atención pero aquí se ocupa de otros muy diferentes: sabemos que ha sido coordinador para el desarrollo del Estatuto del Artista. En cuestiones territoriales, se declara federalista y cree que cualquier solución debe partir de una reforma de la Constitución.

La libre designación

Conocidos los asesores ministeriales, denme un momento más para unas observaciones sobre los “puestos de libre designación” ya que, por debajo de los directores generales, todos los subdirectores generales son elegidos mediante esta fórmula. Dentro de la Administración, es una vía “excepcional” de provisión de puestos de trabajo que están, como dichas subdirecciones, reservados a funcionarios. Aunque en teoría hay limitaciones para la arbitrariedad en el nombramiento, pues se deben especificar en las convocatorias los requisitos —por lo general poco detallados— exigidos para cada puesto, son los ministros o secretarios de Estado quienes deciden a quiénes poner o quitar. Y es muy poco frecuente que candidatos que consideren injusta alguna de esas decisiones interpongan demandas.

Las resoluciones, según diversas sentencias, se deberían motivar, explicando qué méritos y capacidades hacen que la persona elegida sea la más indicada para desempeñar el trabajo en cuestión. Ignoro si existen documentos internos en los ministerios en los que se cumpla ese mandato pero al ciudadano no se le da cuenta de ello.

Las subdirecciones —y las direcciones en los museos estatales, y las secretarías de altos cargos— son “puestos de confianza”. La jurisprudencia aclara que esa confianza es la que se pone en la “capacidad técnica” de los elegidos pero a nadie se le escapa que la afinidad personal o ideológica pesa no pocas veces en tales nombramientos. El cese es igualmente discrecional, aunque también existe obligación de motivar tal resolución. Y no se hace.

Ha habido mucho movimiento en las subdirecciones generales del Ministerio de Cultura en los últimos meses. Estando ya en funciones, en septiembre de 2023 —tras el cese del Gobierno en julio de 2023 por convocatoria de elecciones—, Miquel Iceta abrió varios procesos, para la S.G. de Relaciones Internacionales y Unión Europea, la S.G. del Instituto del Patrimonio Cultural de España y la S.G. de los Archivos Estatales; y en otra tacada, para subdirectores en el IPCE y en Archivos Estatales, un director para Museos Estatales (Tabacalera, que ganó como hemos visto Ángeles Albert) y un director para el Centro Documental de la Memoria Histórica. Todos se resolvieron en diciembre, por lo que Urtasun supervisaría los nombramientos.

En febrero de 2024, hubo renovación de todos o muchos (diez) de los/las secretarios/as de los gabinetes. En mayo se cubrió el puesto de S.G. de Derechos Culturales y la de Promoción y Acceso a la Cultura. En julio, la S.G. del Protectorado de Fundaciones. El mes pasado se publicaron cinco convocatorias con varios puestos cada una. La primera renovaba, muy pocos meses después de que se adjudicaran los mismos destinos, la S.G. de Relaciones Internacionales y Unión Europea, la S.G. del Instituto del Patrimonio Cultural de España y la S.G. de los Archivos Estatales. Las otra sumaban un vocal asesor para la D.G. de Derechos Culturales —los “vocales asesores” forman parte del equipo más técnico de cada departamento, pero son también designados libremente, lo que puede dar vía a los enchufes—, la S.G. de Asuntos Generales, la S.G. de la Oficina Presupuestaria, varios puestos de gestión económica y servicios generales, la S. G. de Cooperación Cultural con las CC.AA y la dirección del Centro de Coordinación de Industrias Culturales (BOE 1, 2, 3, 4, 5).

En octubre se ha abierto el concurso para “libredesignar” al director del nuevo Centro Nacional de Fotografía en Soria. Frente a lo que es común en este tipo de convocatorias —pero no siempre se hace así; lo explique en Príncipes de la burocracia en los museos— no se menciona la obligación o siquiera la posibilidad de contar con un comité de expertos para elegir el mejor proyecto. ¿Qué fue de las buenas prácticas?  

Coda

En septiembre, Ernest Urtasun —y no la vicepresidenta Yolanda Díaz, como habría sido de esperar— participó en la presentación del “Plan de acción por la democracia” con el que el Gobierno de Sánchez quiere “reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información”. Para ello, se anunció una “nueva estrategia y el quinto Plan de Gobierno Abierto y se remitirá a las Cortes un proyecto de Ley de Administración Abierta”. Bien, el Gobierno tendrá que empezar por publicar los nombres, funciones y honorarios de sus 936 asesores (según el último recuento), que nos cuestan 72 millones de euros al año. Este ocultismo no es compatible con la “regeneración democrática” que nos prometen.

Pero no se trata solo de que nos deban dar esa información, y justificar por qué son necesarios cada uno de esos asesores en la gestión ministerial, en beneficio de los ciudadanos, más allá de sus servicios —escribirles discursos y ¿qué más?— a los altos cargos en sus designios personales y partidistas. Se trata de rendir cuentas.

A excepción de algunas cuestiones que son de especial significación ideológica o vistosidad, y de las que por ello se da noticia, apenas sabemos qué proyectos o qué actuaciones está desarrollando el ministerio, qué presupuestos se les adjudican, quiénes son sus responsables, sus agendas, qué resultados obtienen. Dependemos de la Plataforma de Contratación del Sector Público y de los Presupuestos Generales del Estado para ir buscando licitaciones e intentar averiguar el grado de cumplimiento de los programas.

Los enchufes están a la orden del día en los ministerios y los funcionarios de carrera no son ajenos a esa dinámica. En el caso concreto del Ministerio de Cultura, el conjunto de asesores pone de manifiesto que los nombramientos, acompañados de muy buenos sueldos —varían, pero están en torno a los 60.000-70.000 euros—, premian la fidelidad en los partidos y propulsan las carreras en la política de los más ambiciosos.

El peso de Barcelona en Comú en Cultura tiene consecuencias en los presupuestos. Sabemos que se trata de acuerdos del Gobierno con los partidos catalanes que permiten que Sánchez mantenga el poder pero seguro que todo este equipo con trayectoria política en el Ayuntamiento de Barcelona no tiene ningún inconveniente en barrer para casa.

Así, desde las Siete Chimeneas ha fluido un buen dinero, nada menos que 60 millones de euros, hacia las Tres Chimeneas (Tres Xemeneies) de Sant Adrià de Besòs —una de las sedes de Manifesta, con subvención estatal de 500.000 euros— para convertirlo en el hub audiovisual Catalunya Media City. Hace solo unos días, se ha repetido —Iceta ya entregó varias remesas de 20 millones de euros— la subvención nominativa al Ayuntamiento de Barcelona para su capitalidad cultural. En 2025, la misma ciudad será la sede de Mondiacult, el foro internacional de ministros de Cultura en el que Urtasun tiene el máximo interés: acaba de subvencionar con 4,5 millones de euros a la Fira de Barcelona para su organización.

Confío en que ese proyecto de Administración Abierta ayude a poner en contexto estas y otras actuaciones, a limar los agravios comparativos con otras ciudades y comunidades autónomas y, subrayo de nuevo, a que los ministerios rindan cuentas sobre sus proyectos, su personal y sus gastos.